Puigdemont exigirá a Junqueras firmar a medias las acciones de ruptura con España

El contador para la hipotética secesión de Cataluña corre inexorablemente hacia atrás. Los independentistas tienen la vista puesta en el referéndum, que teóricamente ha de celebrarse antes de finales de septiembre, pero lo que está por encima de la mesa es un calendario virtual. “Nadie puede afirmar taxativamente cuándo será el referéndum, porque no lo sabemos ni nosotros mismos. Depende de muchas circunstancias. Se habla de septiembre, pero dependiendo de determinadas variables, puede avanzarse incluso tres meses”, admite a El Confidencial uno de los dirigentes de Junts Pel Sí (JxS), la plataforma que agrupa a la antigua Convergència y a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

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Lo importante, aseguran, es tener a punto “las leyes rupturistas” a principios de junio. Un diputado que ha tenido importantes responsabilidades en los últimos gobiernos señala a El Confidencial: “Cuando se aprueben las leyes de desconexión, estaremos ante una situación histórica. Por primera vez, habrá dos legalidades vigentes. Y entonces asistiremos a un choque de legalidades”. La legalidad catalana permitirá a Puigdemont convocar el referéndum. La legalidad española, se lo prohibirá.

Lo importante es la evolución del concepto: hasta hace poco, los independentistas anteponían a la legalidad española “la legitimidad catalana”. Pero con las leyes de desconexión, esperan confrontar la legalidad catalana a la española, simple y llanamente. En esa coyuntura, asegura un dirigente de la CUP: “Convergència y Esquerra habrán de venir a nuestro terreno. Habrá una legalidad paralela que previsiblemente será anulada por el Gobierno español, por lo que no queda más remedio que asumir la desobediencia, lo que hemos venido pregonando nosotros. Otra cosa es que el Govern acepte la desobediencia. Ahí está el juego político sobre la secesión”.

“Nadie puede afirmar taxativamente cuándo será el referéndum, puede avanzarse incluso tres meses”, admite uno de los dirigentes de Junts Pel Sí

En ese momento, afirman desde la CUP, se pondrá a prueba la “lealtad de Puigdemont a Cataluña”. Lo que está claro es que el ‘president’ no quiere ser mártir ni héroe. “Hemos tenido reuniones donde se ha hablado del tema y la conclusión que hemos sacado es que Puigdemont ha exigido que todas las iniciativas del Gobierno catalán a partir de la aprobación de las leyes de desconexión sean firmadas también por Oriol Junqueras”.

La jugada es doble: en primer lugar, las fuentes consultadas señalan que “los convergentes están hartos de que todos los procesados hasta ahora sean del PDeCAT". "De hecho, solo está pedida la imputación de Carme Forcadell, pero de ningún otro alto cargo de ERC. Los altos cargos comprometidos en procesos judiciales son todos de Convergència. Por tanto, ya es hora de que los republicanos se mojen también”, añaden.

Por otro lado, con la firma del vicepresidente (y presidente de ERC), se trata de implicar a los dos mayores partidos políticos catalanes en el ‘procés’. Y eso, aseguran, le dará mayor fuerza a la hora de enfrentarse a la maquinaria del Gobierno español, tanto a nivel judicial como a nivel de la imagen que se quiere vender en el exterior.

La estrategia de Rajoy

Desde algunos círculos independentistas, se admite que hay posibilidades de que el temido choque de trenes no se llegue a producir. Pero también es cierto que el Gobierno español ha de estar preparado por si acontece. En este sentido, varias fuentes consultadas por este diario apuntan a que la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy “es evitar que se aprueben las leyes de desconexión para que no puedan acogerse a una hipotética doble legalidad”. En esa estrategia, el punto crucial será el momento en que el Parlamento catalán ponga a votación la Ley de Transitoriedad Jurídica, que dará a Puigdemont los poderes para convocar el referéndum independentista. Y ahí es donde el Gobierno español quiere cortar por lo sano, evitando el posicionamiento del Parlament.

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Desde las filas soberanistas, se afirma que aunque el Gobierno central interponga recurso ante el Tribunal Constitucional, habrá un lapso de tiempo durante el cual se puede convocar el referéndum. Y en ese momento se pondría en marcha toda la operativa. Pero en el caso de que el TC prohibiese la consulta, como hizo el 9-N, nadie sabe qué pasará. “Nuestra determinación es celebrar el referéndum, pase lo que pase, porque es un mandato democrático que tenemos. Su convocatoria iba en nuestro programa electoral y la gente nos votó para eso, por lo que ningún tribunal puede prohibirlo”, insisten desde las filas de JxS.

Desde la CUP, simplemente se llama a la desobediencia. “La estrategia del Gobierno central anulando la legalidad aprobada en Cataluña es normal. Pero también debe ser normal el desobedecerla desde las instituciones catalanas”, subrayan. Lo que estudian ahora es el momento idóneo para llevar a cabo su plan: ha de ser casi con nocturnidad y alevosía. “Cuando peor le vaya al Estado”, decía en una charla ante ciudadanos el diputado republicano Gabriel Rufián.

“Hay que superar la idea de la legalidad porque hasta que no estemos en una república no dispondremos de nuestra legalidad y tendremos una legalidad en contra. Hemos de ser muy claros y firmes, pero hemos de hacer las cosas al margen de la legalidad”, reconocía hace pocos días el diputado ‘cupero’ Benet Salellas, en un coloquio celebrado en Sabadell con la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. Y zanjaba: “Hemos de estar preparados para asumir contextos donde haya un cierto vacío de legalidad, es decir, con una legalidad española en contra y sin disponer de una legalidad catalana que nos ampare”. Y abogaba por la desobediencia masiva para colapsar los juzgados.

Porque, avisaba, “si solo estamos dispuestos a llevar adelante el referéndum bajo la condición de que no tenga consecuencias para nadie, apuesto por que dejemos estar el tema del proceso independentista y dediquémonos a otra cosa. Hemos de asumir necesariamente que habrá consecuencias jurídicas y castigos por la vía penal o administrativa, porque, si no, será engañarnos y hacernos trampas”.