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Mas clama que su juicio es una venganza y alimenta la teoría de la conspiración
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el caso queda visto para sentencia

Mas clama que su juicio es una venganza y alimenta la teoría de la conspiración

El expresidente catalán ha mostrado su "discrepancia" con el relato expuesto por la Fiscalía y ha asegurado: "Estamos aquí no por haber desobedecido al TC. Estamos aquí por el éxito el 9-N de 2014

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su llegada al TSCJ en la última jornada del juicio del 9N. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas, a su llegada al TSCJ en la última jornada del juicio del 9N. (EFE)

Frente a argumentos técnicos, argumentos políticos. Las pruebas que el fiscal Emilio Sánchez Ulled puso encima de la mesa que apuntan directamente a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau como reos de los delitos de desobediencia y prevaricación por haber organizado la consulta del 9 de noviembre de 2014 (cuando el Tribunal Constitucional lo había prohibido mediante una resolución del 4 de noviembre) son ignoradas por las defensas, cuyas principales argumentaciones es que Artur Mas tenía un mandato popular encima de la mesa y además que el Constitucional no se había dirigido personalmente a los acusados. Y, cómo no, volvieron a airear la teoría de la conspiración. “El Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados. Sólo así se puede entender la petición de pena por prevaricación”, llegó a clamar Jordi Pina, defensor de Rigau. No es baladí: la desobediencia está castigada con penas de seis meses a dos años de inhabilitación y la prevaricación oscila entre los 6 y los 10 años de inhabilitación.

Sin embargo, quien mejor dibuja el posicionamiento de los acusados son ellos mismos. El tribunal ofreció la palabra a los tres altos cargos de la Generalitat juzgados para que dijesen la suya. Y el ‘expresident’ Artur Mas no desaprovechó la oportunidad para pasar cuentas, alimentando la teoría de la conspiración. “Estamos aquí no por haber desobedecido al TC, sino por el éxito del 9N. Este éxito no agradó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno español. Y como no agradó, lo consideraron un desafío y que ahora lo paguemos algunos”. O sea, algo así como una auténtica venganza servida en plato frío.

El fiscal del 9N acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío abierto" al TC

Mas se autoinculpó de “haber escuchado a los ciudadanos, de haber dado la voz a la gente, de haber impulsado una pregunta en la que por primera vez la gente podía decir si quería un Estado independiente, de haber impulsado el proceso participativo, de haber convocado las elecciones plebiscitarias de 2015 y de haber llevado esta trayectoria hasta las últimas consecuencias”. Pero también aseguró que “no soy culpable de haber cometido algún delito”.

En un determinado momento, excusó que no paralizase el 9N “porque el diseño comportaba que la organización ya no estaba en nuestra mano, sino que había 42.000 voluntarios. Yo quería que el TC me dijese cómo dar órdenes a los voluntarios. Porque no se les puede dar órdenes, sino sólo trasladar recomendaciones que pueden obedecer o no”. Tanto fue así que Mas aseguró que había “mucha gente que ya no aceptaba órdenes”. Y desveló la auténtica razón de su proceder: “En nuestro ánimo no estaba desobedecer al TC, sino plantar cara al Gobierno español, que quería impedir que la gente participase de manera cívica en un proceso sin consecuencias legales. El Gobierno español practicaba abuso de poder y presionaba para que no consultásemos a la gente. Y que un Gobierno se enfrente a otro no es ningún tipo de delito”.

Más tarde, el expresident ha dado una rueda de prensa junto a Carles Puigdemont, quien ha afirmado que "el Gobierno español está a tiempo de rectificar. Para rectificar se tiene que dialogar a través de una mesa política. Espero que rectifique".

Puigdemont también ha defendido el papel de los tres juzgados hasta este viernes por el 9N: "Todo lo que hicieron nace de la legalidad y la legitimidad democrática", y ha asegurado que sus palabras en el juicio representan al conjunto del pueblo de Cataluña.

‘Matrix’ se instala en Cataluña

Que Cataluña es cada día más ‘Matrix’, se puede deducir de las argumentaciones de las defensas. Xavier Melero, letrado defensor del ‘expresident’ incluso llegó a argumentar que “es indiferente que Artur Mas desobedeciera a o no. No varía la comprensión jurídica de los hechos”. Su compañero de estrado, Rafael Entrena, defensor de Joana Ortega, sostuvo que el juicio tiene “un evidente aire político. Es un error, cuando no hay indicios de ninguna clase de delito”. Y reiteró luego que “los tribunales no pueden llevar por la vía penal una actuación política que se hace de manera pacífica y democrática”. Asimismo, criticó que el juicio produce “sorpresa, indignación, polémica e incluso manifestaciones de ciudadanos. Nunca se debió haber llegado a esto. Es un error del Gobierno español la querella contra una manifestación pacífica”. También afirmó, creando una realidad paralela, que “si no es delictivo convocar un referéndum (sic), mucho menos es convocar un proceso participativo”.

Foto: El 'exconseller' de la Presidencia Francesc Homs, llegando a la sede del TSJC. (EFE)

“Ha habido posibles ingerencias del Gobierno del Estado sobre este procedimiento injusto”, acusó, por su parte, Jordi Pina, letrado de Irene Rigau. Acusó a los profesores e inspectores que pasaron como testigos del Ministerio Público “de pretender tener papeles de la Generalitat con órdenes de la Generalitat y entregárselos a la Fiscalía, cosa que no obtuvieron [exigían que les diesen por escrito las órdenes de dejar los institutos para votar]”. Y los acusó de ”inventarse interpretaciones de determinada normativa”. Pero el colmo de la argumentación fue cuando aseguró que “las declaraciones del TC, per se, son declarativas, no ejecutivas”, ya que la ley del 2014 (modificada luego en el 2015) así lo preveía, obviando que el texto daba una orden concreta y no era una simple declaración de principios. A continuación, aseguró que sólo son obligatorias las sentencias, no las interlocutorias. “Las resoluciones no eran vinculantes para la señora Rigau”. E insistió, como sus colegas, en que no fue requerida personalmente por el Constitucional. Pero acabó pidiendo la absolución de su patrocinada “aunque no sea en base a mis argumentos, sino en base a cualquier otra cosa. Lo que quiero es ganar aunque sea de penalti injusto en el último minuto”.

La ‘orden difusa’ del TC

Los defensores también insistieron en otra línea de defensa: no entendían muy bien qué era lo que anulaba el TC porque no especificaba las actuaciones prohibidas. “No se puede desobedecer lo que no es requerido”, llegó a afirmar Melero. Para este letrado, el alto tribunal “no utilizó ninguno de los mecanismos para dar eficacia a su resolución”. Y desveló que Artur Mas le dijo que “la resolución no implicaba un deber impositivo de impedir la consulta. Y si se equivocó, también lo hizo mucha gente, las más altas instancias jurídicas del país. Mas se encontraba en un conflicto situacional donde determinados elementos lo llevaron a tener que elegir entre la conveniencia de paralizar un proceso popular donde había implicada muchas personas y recursos y que además era un mandato parlamentario, o una orden difusa de alcance no concretado. Y él no dudó de lo que tenía que hacer. Esto no es un caso de ‘indubio pro reo’, sino de ‘indubio pro libertate’”. Más politización, imposible.

Entrena (que incluso llegó a presentar a su representada, Joana Ortega, como licenciada en Derecho, lo que es incierto), abundó en que la exvicepresidenta “en todo momento quiso respetar la legalidad y eso le acarreó muchas críticas porque mucha gente decía que había una legalidad española y otra legalidad catalana”. Este letrado admitió que había habido actuaciones después del 9N pero minimizó sus repercusiones y negó otras actuaciones a pesar de los registros digitales que fueron aportados como pruebas, negándolos o, directamente, obviándolos.

Las lecciones del fiscal

Sánchez Ulled les había advertido poco antes que “aquí no se juzga una participación popular, no se juzga la democracia. No es eso. Es otra cosa distinta: si hay o no hay desacato o desobediencia a un mandato constitucional de suspensión de los preparativos de la consulta”. E hizo de profesor: “Bastantes años de oscuridad nos tuvimos que chupar. Y no se puede coger sólo un elemento, decir que lo democrático es decidir o votar y todo lo demás es atrezzo. No. Es un conjunto de mecanismos, procedimientos, contrapesos, balanzas y equilibrios que hace que vivamos con mínimas garantías. Ni es un concepto metonímico, porque cojo sólo una parte. (…) Lo dramático de este asunto es que es un torpedo a la flotación del sistema democrático. No se puede contraponer la democracia a la legalidad, porque se vuelve quebradiza y veleidosa. Tengan en cuenta que si entramos en lo de que no respeto lo que no me gusta, otro no respetará lo que no me gusta a mí y eso es tremendamente peligroso”. Y tras exponer todas las pruebas tangibles que se presentaron los pasados días (documentos, correos, facturas, albaranes, registros digitales, declaraciones de testigos… ) conforme el Gobierno catalán no paralizó los preparativos pese a la decisión del TC, avisó: “Lo que hubo fue una ruptura de las reglas del juego democrático y de la convivencia”. Y zanjó que, pese a la resolución del 4 de noviembre, “decidieron seguir adelante aún sabiendo de la ilicitud de su conducta” mientras mantenían “el clima de sigilo y opacidad, contrario a lo que en democracia deben ser los poderes públicos, que es transparentes”.

Foto: El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en una imagen de archivo. (Efe)

De transparencia, sin embargo, presumieron los acusados en sus alegatos finales. Y el propio Artur Mas se puso trascendental en los minutos finales de su alocución: “El 9N fue una jornada de la cual nos tendríamos que sentir orgullosos. Coinciden muchas de aquellas virtudes por las que un país se puede sentir orgulloso. Que mucha gente de forma desinteresada participe en el mundo de la política no es normal. Que se autoorganice de la manera que lo hizo, todavía menos, que haya civismo, espíritu democrático… todo eso son virtudes y en vez de sentirnos orgullos de esto lo queremos convertir en un delito. ¡Qué pena, señor presidente!. Y no sólo qué pena, ¡qué gran error, qué inmenso error!”. Y Rigau llegó a hablar de “involución democrática” mientras recitaba a Antonio Machado advirtiendo que “seguiremos caminando”.

Frente a argumentos técnicos, argumentos políticos. Las pruebas que el fiscal Emilio Sánchez Ulled puso encima de la mesa que apuntan directamente a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau como reos de los delitos de desobediencia y prevaricación por haber organizado la consulta del 9 de noviembre de 2014 (cuando el Tribunal Constitucional lo había prohibido mediante una resolución del 4 de noviembre) son ignoradas por las defensas, cuyas principales argumentaciones es que Artur Mas tenía un mandato popular encima de la mesa y además que el Constitucional no se había dirigido personalmente a los acusados. Y, cómo no, volvieron a airear la teoría de la conspiración. “El Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados. Sólo así se puede entender la petición de pena por prevaricación”, llegó a clamar Jordi Pina, defensor de Rigau. No es baladí: la desobediencia está castigada con penas de seis meses a dos años de inhabilitación y la prevaricación oscila entre los 6 y los 10 años de inhabilitación.

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