Los ‘observadores internacionales’ le fallan a Artur Mas

Un total de 40.000 personas, entre ellas 500 concejales, diputados y alcaldes. Esas son las huestes de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que desde hoy son juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusados de desobedecer al Constitucional el 9 de noviembre de 2014. Pero al ‘expresident’ le ha fallado su gran baza: la conexión internacional. Quería internacionalizar el ‘procés’ con una nutrida representación internacional de ‘observadores’ que vigilasen la ‘limpieza’ del juicio. Y ahí se quedó solo. O casi: a día 5 de febrero, solo había recibido la confirmación de la presencia de un profesor de la Universidad de París y Sol Zanetti, dirigente del partido Option Nationale, de Quebec. Claro que en las últimas elecciones generales de 2014 quedó como quinta fuerza en esa demarcación, con solo 782 votos (el ganador, el Partido Liberal, obtuvo 11.645 votos, y el segundo, la Coalición Avenir Québec, 7.431).

Desde el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la nueva formación de Mas, se ha querido dar un aire épico al juicio. En un comunicado, desgranó los principales ejes de la rueda de prensa coral de los tres acusados ofrecida ayer a mediodía, pero destacando que el proceso judicial no es otra cosa que un ataque por “defender el derecho universal de la democracia”.

TE PUEDE INTERESAR

Directo juicio 9-N: Artur Mas da las gracias a los asistentes al grito de '¡Visca Catalunya!'

Sara de Diego

Ya lo dijeron ayer ante la prensa: “Nos la jugamos en nombre de mucha gente”. Y amenazó con acudir a la justicia europea si es inhabilitado, porque considera que su juicio es por “poner las urnas”, aun cuando en diferentes comunicados las instancias judiciales acusaron durante los pasados meses a las defensas y a los políticos catalanes de manipular y de mentir en relación con las acusaciones; el juicio es por desobedecer órdenes de los jueces y por prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas), no por poner urnas. Y Mas adelantó también una pincelada de su estrategia: “Si quieren cargarse a alguien, que sea a mí”, clamó junto a las otras dos acusadas. Y por ahí irán las cosas: en el juicio se declarará el 'único responsable político' del 9-N, eludiendo las cuestiones que puedan estar relacionadas con las acusaciones concretas y trasladando la vista al campo puramente político.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, por su parte, criticó el “estilo poco democrático de Artur Mas” por llamar a la gente “a que haga demostraciones de fuerza o de presión ante los jueces”, lo que considera “un estilo poco democrático”. Y la portavoz del partido, Inés Arrimadas, tampoco desaprovechó la ocasión de meter baza: “Parece que Artur Mas está mucho más cómodo hablando del juicio del 6-F que del 3% y del caso Palau”. Y criticó también al Gobierno catalán porque “prefiere grandes escenificaciones y fotos de días históricos a solucionar los problemas de los ciudadanos: el paro, la corrupción y la pobreza no pueden continuar sin respuesta por más tiempo”. Arrimadas también abogó por que los políticos “no exijan privilegios y no se crean por encima de la justicia, sino que den explicaciones ante los jueces como cualquier otro ciudadano. Tanto si te llamas Mas u Homs como si te llamas García o Pérez, hay que cumplir con las leyes”.

También el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, acusó a los independentistas de “coaccionar a los jueces”, hecho que considera inadmisible en un país democrático. “No se juzgará a nadie por sus ideas. Se juzgará a unos políticos que actúan de una forma más propia de un Estado totalitario que de una democracia”.

Críticas por la presión a los jueces

La entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), por su parte, denunció la “campaña de presiones dirigida a los magistrados” que han de juzgar a los encausados. “Una justicia independiente, sometida tan solo la imperio de la ley y al servicio del Estado de derecho, es un elemento fundamental de cualquier sistema democrático. Tanto los ciudadanos como, especialmente, las instituciones han de acatar y respetar la actuación y decisiones de los tribunales. Esto no está reñido con la sana crítica, también imprescindible en democracia. Ahora bien, las concentraciones convocadas para mañana [hoy para el lector] desbordan el uso racional de la libertad de expresión y tienen como finalidad coaccionar a los miembros del TSJC”.

SCC lamenta que el propio Gobierno catalán participe activamente “en la organización de la manifestación y estimule la implicación en la concentración de protesta ante el TSJC de empleados públicos”. La entidad antiindependentista lamenta especialmente que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “haya animado a los ciudadanos a ‘hacer sentir su aliento a los jueces’ y que desde los medios públicos de comunicación se realicen indicaciones sobre la forma en que podría obstaculizarse el funcionamiento normal de la justicia”.

La entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) denunció la “campaña de presiones dirigida a los magistrados” que han de juzgar a los encausados

Ante ello, la entidad recuerda que todos debemos ser iguales ante la ley, solicita a los acusados que “asuman las consecuencias de sus actos y aborden el proceso penal como cualquier otro ciudadano”, rechaza el “plan urdido para deslegitimar la justicia desde el separatismo” y pide a los convocantes de la concentración ante el TSJC que “respeten la legítima separación de poderes inherente al Estado democrático de derecho y que eviten cualquier tipo de coacción o medida que impida el normal funcionamiento de la Administración de Justicia”.

También la entidad Empresaris de Catalunya, que preside Josep Bou, emitió un comunicado en el que dice que “es inaudito que un Gobierno autonómico dentro de un país democrático convoque una manifestación contra el poder judicial con el fin de imponer tesis políticas a la magistratura”. Y afirma que el Gobierno catalán “está destruyendo premeditadamente todos los puentes” con el Gobierno español.