La Generalitat anima a manifestarse para colapsar la llegada de Mas al juicio

¿Qué pasaría si Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau no se presentan al juicio que comienza este lunes por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)? ¿Y si no se presentan porque “el pueblo de Cataluña” lo impide? Esa es la posibilidad que durante las últimas semanas se han manejado tanto en medios gubernamentales de Cataluña como en círculos independentistas. Hay una cosa cierta: el ‘procés’ necesita mártires o se muere. Y en eso están.

El lunes, fecha del inicio del juicio a los 3 ‘mártires’ del 9N por desobediencia al Constitucional, habrá paseíllo de la cúpula política, llegada a pie de Mas, pero bien acompañado de la larga lista de políticos a favor del procés: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell… Quieren llegar a pie hasta el Palacio de Justicia, si la muchedumbre no impide el paso. Quieren mucha visualización. El viernes, los tres acusados fueron entrevistados en el programa estrella de la radio pública catalana. Este domingo, ofrecen una rueda de prensa coral para seguir proclamando que están sometidos a un juicio político. Y, mientras, la CUP también pone su grano de arena (el lunes asistirá al paseíllo la diputada Anna Gabriel), convocando a los suyos y criticando (de los pocos partidos que lo han hecho) las últimas detenciones por corrupción, obviando al mismo tiempos que no son políticas, sino ordenadas por un juez que nada tiene que ver con la política.

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Pero aunque oficialmente desde instancias gubernamentales se ha querido poner tierra de por medio respecto a la convocatoria de rodear el Palacio de Justicia este lunes, lo cierto es que diversas fuentes empresariales señalaron a El Confidencial que en las últimas semanas, algunos empresarios han recibido llamadas para sondearles sobre el juicio. Algunas de estas llamadas provenían del propio Gobierno catalán y, concretamente, del Departamento de Empresa. El mensaje que dejaban caer era que desde el Ejecutivo se vería con buenos ojos que diesen fiesta a los empleados para que pudiesen a asistir a la concentración convocada para la mañana de este lunes y mostrar así su apoyo a los procesados “y a la democracia”.

Una persona que asistió a reuniones sobre el tema explica a El Confidencial que “el interés del Gobierno es visualizar una gran movilización y han puesto todo su empeño en ello. Además, han sido prohibidos los tuits y los correos electrónicos sobre este tema para evitar que se puedan utilizar contra el ‘procés’ o contra el Gobierno por incitar a la movilización”.

Las ‘excusas’ del Gobierno

Pero la idea de movilizar a la gente a favor de Mas no le desagrada al Gobierno. Ni es un secreto interés. De hecho, la propia consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, señalaba en una entrevista con el diario ‘Ara’ que es “normal y muy necesario” que los funcionarios pidiesen fiesta para ir a apoyar a Mas, Ortega y Rigau frente al TSJC, un posicionamiento inquietante por las reminiscencias a otras épocas y regímenes. “Y si a usted le escandaliza, pues me sabe mal”, espetaba al entrevistador. Los socialistas interpusieron inmediatamente un reguero de preguntas parlamentarias para que la consejera explique la arenga y saber si se han dado instrucciones a los funcionarios para asistir a la concentración. “Es grave que la superior jerárquica de los funcionarios haga una invitación de estas características a asistir a una manifestación de determinado carácter político. En otros momentos de la historia, esto se habría considerado una coerción tácita sobre lo que los funcionarios deben o no deben hacer”, clamó Ferran Pedret, portavoz adjunto del PSC en el ‘Parlament’.

Munté intentó dar la vuelta a la tortilla y señaló que el juicio es “político, por haber puesto las urnas” y que “el ‘Govern’ no pide a la ciudadanía que vaya"

Tras ese posicionamiento de la consejera de Gobernación, llegó la hora de las disculpas, a las que tuvo que hacer frente la consejera de Presidencia, Neus Munté. Pero tenía un problema: ¿Desautorizaba a Borràs si negaba que el Gobierno alienta la manifestación?. “Evidentemente, todos los ciudadanos y funcionarios pueden decidir lo que hacen en sus días de fiesta. En ningún caso se ha presionado a los funcionarios”, dijo para salirse por la tangente. O sea, una verdad de Perogrullo. Pero también que podría ser una callada por respuesta. Munté intentó dar la vuelta a la tortilla y señaló que el juicio es “político, por haber puesto las urnas” y que “el ‘Govern’ no pide a la ciudadanía que vaya a una manifestación. Son las entidades soberanistas. Todo el mundo es libre de participar”. Más de lo mismo.

El beneficio oculto

Sin embargo, hay otro beneficio colateral que el Govern y los independentistas esperan cosechar: además de transmitir la imagen de movilización de la ciudadanía catalana “a favor de sus dirigentes”, con una gran muchedumbre se puede provocar un bloqueo tal que ninguno de los acusados pueda llegar a las puertas del Palacio de Justicia, edificio donde se celebrará el juicio. “Lo que se quiere es decir al mundo que es el pueblo de Cataluña el que no permite un ‘juicio político’, pero que parezca que ni el Gobierno ni los partidos tienen nada que ver en ello”, añade otra fuente. Ambos informadores participaron en reuniones donde estuvieron letrados vinculados a las defensas y donde se comentó la posibilidad de que ocurriese una situación de esas características. Fuentes policiales, por su parte, señalan que aunque haya una gran movilización, “siempre se puede establecer un pasillo para que se pueda acceder al edificio”.

Desde las entidades civiles que han cargado con el trabajo de reunir a voluntarios que quieran asistir, se niega la intención de bloquear el tribunal. “No vamos a hacer nada ilegal. Queremos movilizar a la gente y tenemos todos los permisos. Lo que queremos es demostrar que hay una masa de gente comprometida y dispuesta a movilizarse”, aseguran fuentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a El Confidencial. Reconocen que ha habido algunos tuits y mensajes animando a bloquear el edificio judicial, pero afirman que “eso es ilegal. Además, si lo hubiese convocado la ANC ya estaría en boca de todos”.

De hecho, desde algunas instancias –incluso cercanas al PDeCAT- se han tuiteado consignas a favor de “precintar” el Palacio de Justicia, aludiendo al ‘precinto’ que el Gobierno español quiere poner, supuestamente, en las urnas del referéndum. Y el propio Puigdemont arengó al consejo nacional del PDeCAT diciendo que “el 6 de febrero se juzga la dignidad de los catalanes”.

La intención es “aprovechar la movilización para tensionar la calle, en una especie de ejercicio de cara a movilizaciones más potentes”

La idea no es descabellada. Los independentistas movilizarán a 28.000 personas el próximo lunes, que ‘sitiarán’ la sede del TSJC. También tienen contratados ya 106 autocares, aunque esperan que, finalmente, sean unos 140. “Pero una cosa es la gente que se inscribe y otra, la que asiste. Normalmente, en las grandes movilizaciones, acude un número de personas dos o tres veces superior a los apuntados, pero en esta ocasión es diferente, al tratarse de un acto muy concreto, en día laborable y a las 8 de la mañana”, explican fuentes de la ANC.

La concentración también apadrinada por Òmnium Cultural, por la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) y por la Asociación Catalana de Municipios (ACM), además de por el Gobierno catalán, aunque indirectamente. La ANC también organiza concentraciones en Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Bruselas y Dublín, bajo el lema ‘El 6F nos juzgan a todos’. Paralelamente, habrá autocares provenientes del País Vasco y de Galicia, pero que llevarán activistas vinculados a la CUP. Según algunas fuentes consultadas por este diario, la intención es “aprovechar la movilización para tensionar la calle, en una especie de ejercicio de cara a movilizaciones más potentes que se organizarán los próximos meses”.