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El Gobierno dice que su "principal plan" con Cataluña es que impere la ley
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LA VICEPRESIDENTA INSISTE EN EL DIÁLOGO DENTRO DE LA LEY

El Gobierno dice que su "principal plan" con Cataluña es que impere la ley

La vicepresidenta se refiere así a la operación que ha puesto en marcha hoy la Guardia Civil contra varios dirigentes y exdirigentes de la antigua Convergència y cercanos a Artur Mas

Foto: La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría. (Efe)
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría. (Efe)

La vicepresidenta del Gobierno, y 'delegada' de Mariano Rajoy para hacer frente al desafío independentista en Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso dejar claro que el Ejecutivo mantiene su oferta de diálogo a Carles Puigdemont "dentro de la ley". Pero sobre las medidas que puede tomar su gabinete para impedir el referéndum que anuncia la Generalitat, advirtió que "cuando se vulnera la legalidad, se repone".

Ante la pretensión del grupo parlamentario de la antigua CiU en el parlamento catalán de que Sáenz de Santamaría comparezca en esa Cámara para explicar las medidas que tiene previstas para evitar que se celebre la consulta, la vicepresidenta ha ironizado: "Que empiecen por sus propias comparecencias". Se refería a la negativa de Puigdemont a informar sobre la apropiación de datos fiscales y la elaboración de informes sobre jueces, policías y funcionarios reveladas por el exsenador de ERC Santiago Vidal.

Santamaría insistió en que la oferta de diálogo al Gobierno de la Generalitat no es una operación de imagen, sino una convicción del Ejecutivo de Rajoy y una necesidad para la estabilidad política. También volvió a apelar al sentido común y al respeto a la ley, "que eso es la democracia".

La vicepresidenta instó a Puigdemont a incorporarse al "diálogo territorial" con Rajoy y los demás presidentes autonómicos para trabajar en el nuevo sistema de financiación de las Comunidades, las administraciones que tienen a su vez la obligación de prestar los servicios básicos del Estado a los ciudadanos como la sanidad o la educación.

Sáenz de Santamaría se refirió a las revelaciones de Vidal para advertir que en Cataluña el independentismo pretender establecer un modelo social muy radical que amenaza los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no quiso concretar qué medidas tomará el Gobierno para frenar las ilegalidades cometidas o por cometer por los responsables de la Generalitat. Preguntada si es la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución o la ley de seguridad nacional, se limitó a contestar: "Si cada uno cumple, la ley será mejor para todos".

Zoido desconoce que haya "ningún plan"

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo desconocer si el Gobierno tiene un "plan" que implicaría a su departamento para evitar la celebración de un referéndum soberanista en Cataluña incluso con medidas de carácter coercitivo. "No conozco que haya ningún plan ahora mismo previsto para nada", ha afirmado el titular de Interior en los pasillos del Congreso, donde sin embargo sí ha remarcado que "el marco de la ley, la legalidad vigente y la división de poderes es la que tiene que actuar" para hacer frente al desafío independentista.

De momento, explicó igualmente, "lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad vigente, y por tanto no hay que contemplar hoy por hoy ningún otro escenario". Eso sí, el ministro manifestó que, dado que el referéndum en Cataluña sería ilegal, "la propia Generalitat reconsidere la postura y sigamos en la senda de lo que tiene que ser el marco constitucional". "Hoy por hoy no veo ninguna otra posibilidad", concluyó.

La vicepresidenta del Gobierno, y 'delegada' de Mariano Rajoy para hacer frente al desafío independentista en Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso dejar claro que el Ejecutivo mantiene su oferta de diálogo a Carles Puigdemont "dentro de la ley". Pero sobre las medidas que puede tomar su gabinete para impedir el referéndum que anuncia la Generalitat, advirtió que "cuando se vulnera la legalidad, se repone".

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