corrige a un juez condecorado por los mossos

La Audiencia ordena seguir investigando los pinchazos de correos en la Generalitat

Una vez más, el juez que investiga uno de los casos de espionaje en el Gobierno catalán ha sido desautorizado: su señoría tendrá que seguir ampliando sus diligencias

Foto: El exconsejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig. (EFE)
El exconsejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig. (EFE)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que practique más diligencias para determinar cómo desde el Gobierno catalán se han intervenido correos sin orden judicial. El juez lleva investigando el tema más de tres años y ha intentado su archivo en varias ocasiones, pero la Audiencia le ha tumbado siempre sus autos. Hace unas semanas, había cerrado la investigación y dictado auto de apertura de juicio oral, pero sus superiores le han vuelto a ordenar que interrogue no solo al exdirector del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat), Tomàs Roy, sino a su exgerente, Josep Verdura, y al enlace que tenían los Mossos d’Esquadra en este organismo cibernético (que intentaron convertir en el núcleo del CNI catalán).

El caso no pasaría de ser uno más si no fuese porque el magistrado ya intentó archivar el caso en varias ocasiones y la Audiencia le ha enmendado la plana otras tantas veces. Y es que el tema tiene miga, pues se trata de investigar la interceptación indiscriminada de correos electrónicos de trabajadores de la Generalitat de Cataluña por parte del Cesicat.

La denuncia original fue interpuesta por Albert Gabàs, un trabajador contratado por el Cesicat en el 2012. Unos correos enviados en 2013 por Gabàs al entonces consejero de Empresa, Felip Puig, y al de Interior, Ramon Espadaler, acabaron en manos de los directivos del Cesicat, ya que habían instalado filtros para controlar los correos del trabajador. Las sospechas de que había una interceptación de las comunicaciones se desató cuando el director general de Telecomunicaciones, Carles Flamerich, respondió a uno de esos correos, en vez de hacerlo su verdadero destinatario, a pesar de que se encontraba en los Estados Unidos.

Antonio Fernández. BarcelonaAntonio Fernández. Barcelona

El juez (que recientemente ha sido condecorado por los Mossos d’Esquadra) ya intentó archivar la denuncia en noviembre del 2013. Decía entonces que era normal el desvío de correos dentro de la Generalitat, al tiempo que daba por bueno un informe de los Mossos d’Esquadra que, en un solo párrafo, decían que no había delito en la interceptación de correos. Era una sola frase sin ninguna justificación documental. La Audiencia le enmendó la plana y le obligó a investigar más. Pero tras abrir de nuevo el tema, volvió a decretar el archivo un mes más tarde, por lo que la Audiencia le ordenó de nuevo seguir tramitando las diligencias en enero de 2014.

En diciembre de 2015, nuevamente la Audiencia le tuvo que obligar a tomar declaración a Felip Puig y a Ramon Espadaler, así como a los responsables del Cesicat, lo que no tuvo más remedio que hacer en mayo pasado. En su declaración ante el magistrado en mayo pasado, Felip Puig, de quien dependía el Cesicat, admitió que Gabàs le alertó de que había 3.000 credenciales robadas a la Generalitat. Eran los nombres de usuarios y las respectivas contraseñas de 3.000 funcionarios con acceso a información confidencial de los Mossos, nóminas o historiales clínicos, por poner algunos ejemplos. Pero el consejero dijo al juez que desconocía “los motivos por lo que ante una amenaza a la seguridad no se denunciaron los hechos ante la Policía, Fiscalía o juzgado de guardia, sino que se creara un filtro”. Puig, sin embargo, argumentó que “competía al Cesicat la adopción de medidas que entendiera necesarias para subsanar la amenaza detectada”.

Nuevo varapalo de la Audiencia

En realidad, Gabàs le había enviado correos no solo con esa alerta, sino denunciando determinadas actuaciones poco claras dentro del Cesicat y en uno de ellos hacía referencia también a Noureddine Ziani, un marroquí fichado por Convergència que fue expulsado de España al descubrirse que estaba a sueldo de los servicios secretos marroquíes.

Edificio de Reus que alberga oficinas de Cesicat. (cesicat.cat)
Edificio de Reus que alberga oficinas de Cesicat. (cesicat.cat)

Desde entonces, el juez no ha aceptado las diligencias propuestas por la acusación y dictó auto de apertura de juicio oral, lo que fue nuevamente recurrido. La Audiencia, en un auto fechado el 31 de octubre pasado, da otro varapalo al magistrado, revoca su último auto y le ordena realizar las diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas tomar declaración a Tomàs Roy, exdirector del Cesicat, Josep Verdura, exgerente, y Rubén Mora, enlace de los Mossos d’Esquadra en ese organismo. Para la Audiencia, “todas estas diligencias se estiman proporcionadas y necesarias para la determinación de los hechos, cuales son (…) los emails que enviaba desde su correo profesional el señor Gabàs a destinatarios concretos eran recibidos por terceros, llegando a contestar éstos a tales mensajes”. La Sección Segunda de este organismo estima que las diligencias que faltan “no son reiterativas ni improcedentes, ya que, por un lado, resulta necesario determinar la titularidad de las cuentas desde las cuales no siendo el destinatario, se respondía a sus mensajes”.

Cataluña

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