Puigdemont celebra la 'cumbre' del referéndum entre críticas de sus socios

El ‘procés’ entra hoy en una nueva fase: el presidente catalán, Carles Puigdemont ha convocado una cumbre de partidos, entidades y agentes sociales para definir la estrategia de los próximos meses, en lo que considera la última fase del camino antes de la independencia de Cataluña. Pero la sensación existente es que será una reunión muy similar a las que el anterior ‘president’, Artur Mas, convocó tras las elecciones de 2012. En otras palabras: los independentistas no las tienen todas consigo, puesto que algunos de los ‘invitados’ no están por la labor de apoyar ciegamente un referéndum unilateral.

En cambio, contará con dos invitados de excepción, sumados en los últimos momentos: el ‘expresident’ Artur Mas, que pidió a Puigdemont estar presente por su “experiencia y papel relevante” en consultas, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El 'president' se ha visto obligado a ajustar esta convocatoria a las necesidades de algunos actores, fijando la cumbre para por la tarde y garantizarse así la presencia de Colau.

Puigdemont planteó la cumbre como el reinicio de las actividades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, una plataforma impulsada por el Gobierno catalán que se creó oficialmente el 26 de junio de 2013. De ella forman parte los principales partidos soberanistas, los principales sindicatos y las principales organizaciones cívicas independentistas, así como algunas patronales, como Pimec, Femcat o Foeg, y las cámaras de Comercio. En esta ocasión, sin embargo, quedó fuera de la convocatoria Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que en el momento de su constitución acudió al Auditori.

Esa exclusión provocó la enérgica protesta del líder democristiano, Ramon Espadaler, antiguo socio de Convergència. Espadaler le ha recordado a Puigdemont en una carta que se dirigió varias veces a la presidencia de la Generalitat para estar presente en la cumbre de hoy, aunque sus postulados chocan frontalmente con la vía unilateral del ‘president’. Entre otras cosas, porque UDC le recuerda que “no hay camino al margen de la legalidad” y que apuesta por encontrar la solución al problema catalán en “la secuencia diálogo, acuerdo y consulta. Diálogo y acuerdo entre los gobiernos catalán y español, el resultado del cual habrá de ser necesariamente validado en una consulta que, a nuestro parecer, solo es concebible al amparo de la legalidad”.

Con prisas y como convidados de piedra

Por otro parte, los partidos políticos defensores del derecho a decidir también han manifestado su malestar al verse implicados en un proyecto al que han sido invitados en el último momento y, en algunos casos, como convidados de piedra, ya que no han recibido la información necesaria para evaluar la conveniencia de su participación.

Podemos es uno de los que no ven clara la estrategia de Puigdemont. Fuentes de las confluencias señalan a El Confidencial que llegarán a la cumbre pidiendo “un referéndum pactado con el Estado”. A pesar de que Íñigo Errejón aseguró esta semana que su partido admitiría un referéndum unilateral, la cosa no está tan clara entre sus huestes en Barcelona. “Nos mantenemos en nuestro posicionamiento inicial, que se negocie con el Estado”, subrayan las fuentes. Esa es también la propuesta formalizada por el grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), que engloba a ICV, Podemos y Guanyem. Arrufat lanzó ayer un mensaje a los ‘comunes’ para que dejen de “poner condicionantes al referéndum y trabajemos ya para hacerlo real”.

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De hecho, CSQEP se alineó ayer con JxS y la CUP para aprobar una moción que pedía al Gobierno de la Generalitat incrementar su presencia en todos los organismos de la ONU. Y el martes por la tarde aprobó una resolución junto a JxS y la CUP por la que denunciaba que la imputación penal de Carme Forcadell “constituye una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria”.

Un referéndum “vinculante”

Puigdemont ha puesto la proa hacia la Ítaca de Artur Mas y quiere rebautizar la plataforma sustituyendo el término ‘derecho a decidir’ por ‘referéndum’, con lo que pone la consulta del próximo mes de septiembre en el centro de la discusión política. Desde la oposición, se critica que el referéndum pueda acabar en una consulta como la del 9 de noviembre de 2014, en la que solo fueron a votar los partidarios de la independencia. En JxS, en cambio, rechazan que Cataluña vaya hacia otro 9-N. “La principal diferencia es que será un referéndum vinculante. Además, tendrá una base legal y efectos jurídicos, por lo que no será una mera consulta como la del 9 de noviembre”, dice a El Confidencial Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts Pel Sí.

El líder de la CUP, el exdiputado Quim Arrufat, por su parte, hizo ayer un llamamiento a empezar ya la campaña por el referéndum y lanzó un capote al Gobierno catalán, pidiendo que no se devalúe vinculándolo a otras cuestiones, como los Presupuestos. Y advirtió de que hagan campaña tanto los del sí como los del no, porque “lo que queremos hacer no es una consulta, sino un referéndum que irá ligado a una nueva ley de transitoriedad jurídica y será vinculante”.

Una cumbre instrumentalizada

A pesar de que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales independentistas están de acuerdo con la cumbre de hoy, hay cierto malestar de fondo que se ha dejado notar en los últimos días. Es el caso de Òmnium Cultural, que acusa privadamente a Puigdemont de usurpación de un espacio que debería corresponder al sector social, ya que desde un principio esta cumbre se había identificado como una convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Además, según OC, la elección de la fecha, en plena tramitación de los Presupuestos, responde a las presiones de la CUP.

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Por su lado, los agentes convocados discrepan de la unilateralidad del ‘procés'. El secretario de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, rechazó ayer que lo que se intente es un nuevo 9-N. “No estamos ahora por organizar otro 9-N porque no aporta ningún plus”, señaló Gallego. El sindicato hará hincapié en lanzar un mensaje claro al Estado español de que existe la voluntad de negociar el conflicto político. “Lo que no puede ser es decir que haremos el referéndum aunque sea sin negociar”, resaltó. Por ello, criticó la forma de la convocatoria, porque “da la sensación de que está muy instrumentalizada por los intereses políticos solo de unos”.

Puigdemont, pues, estará arropado por los de siempre, es decir, por su grupo parlamentario de JxS y por las entidades cívicas que utilizan los independentistas para mover la calle, o sea, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), así como por la CUP y otros grupos que, en su mayor parte, están integrados en el grupo parlamentario de JxS, como Demòcrates de Catalunya (el grupo escindido de UDC, que enviará a su líder, Antoni Castellà, juntamente con los expresidentes del Parlamento Joan Rigol y Núria de Gispert) o Moviment d’Esquerres Socialista (MES, escindido del PSC).