La CUP exige a Puigdemont nacionalizar las eléctricas contra la pobreza energética

Al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la legislatura se le está convirtiendo en una montaña rusa. Su socio parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) quiere nacionalizar ahora las compañías eléctricas para controlar el precio de la energía. Esta propuesta se puso encima de la mesa esta semana por el grupo Endavant, que forma el núcleo duro de la CUP. “La muerte de una mujer en Reus el pasado 15 de noviembre debido a un incendio provocado por la falta de electricidad es solo la punta del iceberg de una realidad que afecta a partes importantes de nuestra sociedad”, dice un texto de esta organización.

Para que no vuelva a ocurrir una cosa así, dice el texto, “la única solución es la nacionalización de los servicios básicos y su gestión desde una orientación socialista. Solo así podremos garantizar que la dignidad de las personas pasa por delante del afán de lucro y que el patrimonio colectivo se ponga al servicio de las personas y no al servicio de una multinacional que tiene como único objetivo la obtención del máximo beneficio”. Los datos que maneja la CUP son los de que uno de cada 10 hogares pasa frío en invierno por no poder tener calefacción y, mientras que el poder adquisitivo de la clase trabajadora cayó un 20% en los últimos ocho años, la luz se ha encarecido un 73% y, el gas, un 67%. “No son una anécdota [los datos], es un empobrecimiento generalizado de gran parte de las clases populares. Ante esta realidad, las compañías eléctricas han ganado 4.1454 millones de euros entre enero y septiembre de este año”.

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Pero conscientes de que abordar una nacionalización de los servicios en estos momentos es una tarea poco menos que imposible, exigen en contrapartida que, hasta que llegue esta nacionalización, se apruebe “una legislación que impida por ley que ninguna persona de nuestro país se quede sin suministros básicos porque no puede pagarlos y que el coste que ello genere vaya a cuenta de los beneficios que obtienen estas empresas”. También reclama “potenciar los proyectos alternativos en la gestión de la energía, tanto para desvincularnos de las grandes multinacionales como para ir poniendo en práctica un modelo energético basado en las energías renovables”.

El texto enumera a todos los integrantes del consejo de administración de Gas Natural señalando que “estos son los responsables de la muerte de la mujer de Reus y, por extensión, de la pobreza energética del país”. Los acusa, asimismo, de ser también “las clases altas que actúan como una verdadera mafia”. Los anticapitalistas hacen un llamamiento “a participar en las movilizaciones que estos días se están llevando a cabo contra la pobreza energética”.

"Activación popular"

De hecho, en otro informe de la CUP que ha colgado esta semana el Observatorio del Proceso (la web especial para vigilar la marcha hacia la independencia), se señala que “todo el proceso se ha de orientar a la activación popular, la motivación por la participación, y la divulgación de las características y procedimientos de todas las fases del proceso y del papel de la ciudadanía en cada una de ellas, aportando elementos de juicio que faciliten la participación”. La intención de los soberanistas es que “hay que huir de la idea de que el camino hacia la República Catalana es un proceso solo para la gente independentista. Se trata de animar al mayor número de personas para abordar un debate sobre los necesarios cambios en la justicia social, económica y política”.

En estos momentos, no solo la CUP, sino también sus compañeros de viaje de JxS, tienen como prioridad la movilización popular, ya que el independentismo va perdiendo fuelle a pasos agigantados. Por tanto, los soberanistas son conscientes de que necesitan ahora remarcar cada paso que dan y magnificar cualquier iniciativa relacionada con el ‘procés’.

En el documento referido, la CUP se queja de que JxS ha cometido ya el primer incumplimiento desde los acuerdos a que ambas fuerzas llegaron en el debate de política general celebrado a primeros de octubre: a estas alturas se tendría que haber constituido ya una comisión de seguimiento del proceso constituyente “para amparar las diversas fases y velar por la definición y el despliegue del programa, el calendario y los presupuestos”. Pero esa comisión aún no se ha constituido.

Las plataformas que vienen

Para después de Navidad, la CUP prevé también la creación de la Plataforma del Proceso Constituyente, “a partir de un grupo promotor formado por JxS, la CUP y las tres grandes entidades soberanistas”. Se refiere a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). A ese núcleo, afirman los anticapitalistas, se le han de ir añadiendo “organizaciones, sindicatos, partidos, entidades, plataformas cívicas, mareas, etcétera”. Este nuevo organismo que preparan “tendrá un recorrido propio, independiente del de las instituciones”.

Pero no es el único instrumento. También quiere crear el Foro Social Constituyente, de “base ciudadana”, que ha de permitir “debatir y formular un conjunto de preguntas sobre contenidos concretos de la futura Constitución que serán puestos a consulta de la población. El resultado de esta consulta será un mandato vinculante para la Asamblea Constituyente que los habrá de incorporar al texto del proyecto de Constitución”. El Foro Social, dice la CUP, será “un organismo deliberativo y, muy importante, descentralizado, con debates territorializados. Solo tendrá un único momento final propositivo, en forma de gran encuentro, donde se decidirán las diferentes preguntas que se someterán a consulta, al parecer de CUP, a través de una multiconsulta o multirreferéndum”.

Esta multiconsulta servirá para dar la opinión sobre siete grandes ámbitos, con dos preguntas en cada uno de los ámbitos, con cuestiones fundamentales “como si la República Catalana ha de tener Ejército o no o si la aprobación de los tratados internacionales que impliquen la cesión de competencias constitucionales a órganos supranacionales por parte del Gobierno catalán han de ser sometidos siempre a referéndum o no”. Entre esas cuestiones fundamentales figuran cuestiones relacionadas con los derechos sociales, los servicios públicos o sectores estratégicos, como la energía.