Amenazas, insultos, tuits... La oposición, contra la TV y la radio de Puigdemont

Tanto TV3 como Catalunya Ràdio no ganan para polémicas. En plena campaña electoral, los medios públicos catalanes retuitearon un mensaje ofensivo con los socialistas: el símbolo del PSOE, pero cambiando el puño y la rosa por un puño y un pene. Esta semana, mientras entrevistaban al líder de Unió Democràtica (UDC), Ramon Espadaler, apareció sobreimpresionado en la pantalla un tuit que decía textualmente: “El pueblo catalán habló muy claro respecto a UDC. Es preciso apuntar a la cabeza, si no estos políticos zombies no dejan de moverse”. El mismo tuitero apostaba por que ganase Donald Trump las elecciones de EEUU porque es quien más probablemente pueda “reconocer a Cataluña como nuevo Estado independiente”.

Espadaler puso una denuncia por amenazas de muerte ante los Mossos d’Esquadra. También dirigió una carta a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, pidiéndole explicaciones “por los motivos por los cuales una amenaza tan explícita haya podido aparecer en la pantalla”. Paralelamente, dirigió otra queja al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).

La oposición pedirá hoy contundentes explicaciones al Gobierno catalán por todas las supuestas manipulaciones informativas de las últimas semanas. Lo hará en la sesión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) del Parlamento catalán.

La justificación injustificable

La última polémica vino de la mano de una entrevista al diputado socialista Manuel Cruz, segundo en la lista del PSC en las últimas elecciones generales. El entrevistador equiparaba la desobediencia del PSC al PSOE en la votación de investidura de Mariano Rajoy a la desobediencia de los cargos públicos catalanes a las leyes españolas y a las sentencias del Constitucional.

“¿Irán ustedes a dar apoyo a cargos institucionales que tienen querellas por haber obedecido el mandato democrático?”, le decía el entrevistador. Cruz puso los puntos sobre las íes: “En Cataluña, desde hace dos años, se está buscando sistemáticamente el conflicto entre lo que es la ley y la voluntad democrática. Yo creo que este argumento retuerce los argumentos de una manera que no es deseable. En este momento, hay un 70% de diputados en el Parlamento británico en contra de la aplicación del Brexit. Ellos podrían decir que tienen un mandato democrático para no aplicar el Brexit. ¿Qué haríamos en este caso? Lo que no se puede hacer es negar la legitimidad de una de las dos partes. Otra cosa es que haya conflictos que se hayan de resolver de manera política y no sólo en el plano judicial. Pero también es claro que muchas veces se hace política buscando un conflicto con la legalidad”.

Ante estos dos nuevos episodios de parcialidad, el Grupo de Periodistas Pi i Margall dirigió una carta de protesta a la CCMA en la que señala que “no existe justificación alguna para permitir este tipo de mala praxis periodística, ni tan siquiera la que podría argumentarse en defensa de una utilización política, partidista y sectaria.

Un día antes, esta entidad había denunciado por enésima vez a la periodista Empar Moliner (que en abril pasado había quemado una Constitución en directo) por faltar a la verdad en su programa de Catalunya Ràdio, al asegurar que “la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós (CUP), había sido detenida por razones políticas y por colgar una bandera legal en la fachada del consistorio”. Para la entidad periodística, Moliner faltó a la verdad, al tiempo que menospreciaba a los políticos de PP y de En Comú Podem “por no coincidir con sus ideas”. Le achacan, así, alimentar el “discurso del odio en relación a los símbolos de la España plural y democrática y en sus distintas versiones ideológicas”.

Que la radio sirve como herramienta de ‘agit-prop’ parece claro también por un mensaje vía Twitter de ‘El matí de Catalunya Ràdio’, que dirige Mònica Terribas, exdirectora de TV3. El texto, junto a una imagen de la periodista, decía: “Es tiempo de luchas en la calle y en las instituciones. La desobediencia civil será protagonista”. Y ponían también en su boca otra afirmación contundente: “La tranquilidad es transitoria: la confrontación entre legalidad y legitimidad en este país avanza”.

Preguntas nada capciosas

En la radio, la labor de la confrontación es permanente y se lleva más allá de los límites normales. En el programa Catalunya Vespre, por ejemplo, se realizó una encuesta entre los oyentes tras conocerse que la Fiscalía solicitaba 10 años de inhabilitación para los altos cargos de la Generalitat que montaron el 9N. Sorpresivamente, la pregunta lanzada era poco menos que una animalada: “¿Estáis dispuestos a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?”, preguntaban los responsables del programa. La pregunta cosechó críticas acerbas de los partidos de la oposición y de las asociaciones profesionales de jueces. No contentos con ello, la pasada semana, tras la citación de concejales y alcaldes por diversos delitos, el programa volvía a la carga: “¿Cree que cuando el juez te cita siempre se ha de ir, sea por lo que sea?”. De hecho, si de algo no puede calificarse a estas preguntas es de ser capciosas, ya que su mensaje es nítidamente muy directo.

“Hemos de tener en cuenta que TV3 es la televisión del régimen. Es la herramienta de comunicación política. Y los medios de comunicación públicos están absolutamente entregados a esa estrategia gubernamental”, señalan fuentes parlamentarias de la oposición a El Confidencial.

Precisamente hoy se reúne la comisión de control de la CCMA y ahí llevarán estros espinosos temas. La popular Andrea Levy planteará una protesta formal y denunciará en la comisión tres de las manipulaciones de los medios públicos catalanes: la primera es la que hace referencia a Empar Moliner; la segunda tiene como protagonista a Helena García Melero, “que dijo públicamente que los Mossos podrían haber desobedecido al juez”, según fuentes populares. García Melero, que presenta el programa ‘Divendres’ en TV3 fue una de las asistentes a la famosa paella en casa de Pilar Rahola que reunió, entre otros, a Carles Puigdemont, a Joan Laporta y al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero; y la tercera hace referencia al ‘Telenotícies Vespre’ (es decir, las noticias de la noche), en las que se insiste siempre en que la detención de la alcaldesa de Berga fue por colgar una bandera estelada, cuando en realidad fue por no presentarse en dos ocasiones ante el juez.

Pero esta afirmación también es sostenida por la propia portavoz del Gobierno, Neus Munté, que este martes, tras la reunión del Ejecutivo de Puigdemont insistió con esos falsos argumentos subrayando que “como cargo electo, tiene derechos que la amparan”. Como si desobedecer a un juez fuese sólo obligatorio para los ciudadanos normales y corrientes y los cargos políticos estuviesen exentos de ello. Munté también señaló que su detención fue un atentado “contra la libertad de expresión, por haber colgado una bandera”. Ante las preguntas de los periodistas de si los cargos públicos tienen privilegios a la hora de desobedecer a los jueces, su respuesta fue de nota: “Aquí no hay privilegios, sino judicialización continuada de la política”. Un capote en toda regla a la desobediencia. Los medios públicos catalanes, pues, están hechos a imagen y semejanza de los políticos que los controlan.