La CUP aprieta al Gobierno catalán para acelerar en la ‘desconexión’ con España
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FISCALIZA TODOS SUS PASOS Y DOCUMENTOS

La CUP aprieta al Gobierno catalán para acelerar en la ‘desconexión’ con España

Quiere introducir en el primer artículo de la Ley de Transitoriedad Jurídica la condición de que Cataluña es una República independiente

Foto: Manifestación dela diada en Barcelona. (Reuters)
Manifestación dela diada en Barcelona. (Reuters)

Los independentistas quieren dar un acelerón para preparar las estructuras de Estado que servirán a Cataluña para ser independiente. Y, además, blindar el ‘proceso constituyente’ y hacer vinculantes para el Gobierno catalán y el Parlamento, todos los acuerdos a que lleguen la CUP y Junts pel Sí. En tres meses, con el asesoramiento del Consejo Asesor del Proceso Constituyente, debe estar listo “el programa y el calendario del despliegue del Proceso Constituyente y hacerlo efectivo en el primer trimestre del 2017. Por esto, se incorporarán en los presupuestos de 2017 los recursos financieros necesarios para su realización, teniendo en cuenta que ha de ser de base social, transversal, plural, democrático y abierto”.

Foto: Anna Gabriel, diputada de la CUP, en el Parlament (Efe).

Todos los plazos y acuerdos “de las fases deliberativa y decisoria del Proceso Constituyente serán vinculantes”, dicen los documentos con que la CUP fiscaliza la larga marcha hacia la independencia. El Ejecutivo de Carles Puigdemont ha entregado a los ‘cuperos’ documentos sobre el ‘procés’ que éstos han supervisado y devuelto con las anotaciones pertinentes para adecuar la ritmo al programa de la CUP. La Generalitat, en este sentido, tiene las manos atadas, ante la amenaza de perder la mayoría parlamentaria que le garantizan los anticapitalistas.

Para empezar la CUP quiere que el enfoque de los Presupuestos, parta de un planteamiento “donde se entrelazan la aplicación de la Declaración del 9N [acuerdo de CUP y JxS para la desconexión con España, que preveía la creación de estructuras de Estado, la aprobación de tres leyes básicas de desconexión y la desobediencia a las leyes españolas y a las sentencias del TC], la garantía de poner en marcha un Proceso Constituyente popular y soberano y unos presupuestos que desborden el autonomismo”. Son, aseguran, “una herramienta estratégica para acabar con el autonomismo, pero han de ir acompañados de otras acciones de desconexión”. Aseguran que “en un mandato corto como éste, se interpreta que los presupuestos han de estar al servicio de la lógica de la legislatura excepcional y de confrontación con el Estado y han de servir para acelerar la ruptura”. Apuesta, por tanto, por unos presupuestos “sociales y soberanos, libres de Montoro o presupuestos postautonómicos. El mensaje central ha de ser la denuncia de la intervención total del Gobierno autonómico, ya que no tenemos ni siquiera autonomía para decidir qué cuentas queremos”. De ahí que la CUP insista en que “el único camino para la independencia es la desobediencia”.

Los ‘cuperos’ señalan que los presupuestos “han de ser un instrumento de redistribución de la riqueza”, pero también “un instrumento para consolidar una mayoría social que identifique el proyecto independentista con un proyecto que va más allá de un cambio de banderas y de gobernantes”. Por tanto, aboga por “tocar privilegios”, ya que han de visualizar “que el independentismo también está preocupado por las desigualdades y dispuesto a combatirlas”. Por tanto, “es preciso subir los impuestos a los que más ganan”, o sea, a los que cobran más de 60.000 euros anuales, así como crear un Impuesto de las Grandes Fortunas y recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones alo nivel de 2008. Para realizar esta reclamación, se escudan en que subir los impuestos así “es compartido por tres de cada cuatro catalanes, según datos del CEO”.

Roces por el ritmo

Advierten, no obstante, que “queda pendiente una auditoría de la deuda, que ha de servir para definir futuras políticas d endeudamiento y gestión pública”.

Foto: Manifestación en Barcelona a favor de la independencia el pasado 11 de septiembre. (EFE)

La CUP acusa al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de ser “un mecanismo de control político”, pero admite que los intereses que Cataluña paga al FLA son inferiores a los que pagaba antes a los bancos, cuando eran éstos los que le prestaban dinero. Pero abominan de que “actualmente, el 75% de la deuda de Cataluña es con el Estado”.

Los ‘cuperos’ admiten desacuerdos entre la CUP y el Gobierno catalán en los ‘tempos’ de algunas leyes. En uno de los documentos la organización anticapitalista recalca que “en líneas generales, se va lento en la tramitación de la práctica totalidad de las leyes. Especialmente preocupante es el ritmo al que avanza la Ley de Régimen Jurídico”. Reconoce, no obstante, que tanto en la Ley de la Agencia Tributaria y en la de la Seguridad Social “se avanza en aquellos apartados de las leyes que prevén estructuras ya propias de un estado autonómico, pero prácticamente apenas se ha comenzado a tramitar nada de las que no lo son. De ahí , de hecho, que se dividiese la Ley de Administración Tributaria en cuatro leyes y la de la Protección Social Catalana, en dos. Se está avanzando a marchas forzadas en aspectos que no se habían desarrollado”.

Su principal preocupación es la Ley de Transitoriedad Jurídica, que ha de servir para anular las leyes españolas. No avanza al ritmo que sería deseable

Su principal preocupación es la Ley de Transitoriedad Jurídica, que ha de servir para anular las leyes españolas y dictar para Cataluña un marco jurídico propio. “La ley no avanza al ritmo que sería deseable”, subraya. La CUP insiste constantemente en reactivar la ponencia para avanzar, ya que es la “principal ley de ruptura”. Esta propuesta de ley depende de los “tres máximos responsables del ‘procés’ del Gobierno”: Carles Viver Pi i Sunyer, director del Instituto Catalán del Autogobierno; Víctor Cullell, responsable de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno; y Josep Maria Reniu, director de la Oficina para la Mejora del Autogobierno. Los tres presentaron ya un borrador a los anticapitalistas, que se lo devolvieron para que lo actualizasen con puntos de ruptura contenidos en la declaración rupturista del 9N. Se necesita más contundencia y más velocidad para el choque de trenes.

Hacia el choque de trenes

La CUP quiere introducir en el primer artículo de la Ley de Transitoriedad Jurídica la condición de que Cataluña es una República independiente. “En el momento en que se admita a trámite tiene puntos para ser impugnada y suspendida por los tribunales españoles. Mientas que el Gobierno quiere esperar, la CUP es partidaria de agilizar los trámites para generar contenido y propuesta y, así, avanzar en la medida de lo posible, la tramitación parlamentaria”.

La Ley de la Hacienda propia catalana es otra en las que hay problemas y que avanza a “dos ritmos diferentes”. De hecho, es un conjunto de leyes que se irán aprobando en materia de fiscalidad. En estos momentos, se está tramitando “un Código Tributario con cuatro leyes”. La primera de las leyes, de la Administración Tributaria Catalana, “es la única ponencia que ha acabado. Aún se encuentra en trámite, pero pendiente de las comparecencias y del debate a la totalidad. Se trata de una ley que sólo establece el marco de todas las herramientas de que se dotará la República para regular la Hacienda propia. No entra, sin embargo, en regular los impuestos”.

Los independentistas son conscientes, sin embargo, de los puntos de fricción con la legislación, ya que habrá puntos a desarrollar que son claramente inconstitucionales. Las disposiciones preliminares recogen la creación de diversos organismos “ya previstos por la legislación autonómico y, por tanto, difícilmente impugnables por parte del TC, a diferencia de la Autoridad Catalana de la Propiedad Inmobiliaria, las Aduanas de Cataluña o los impuestos propiamente dichos que van más allá del actual tramo autonómico”. La prioridad, pues, es fomentar la confrontación con el Estado.


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