referendum independentista catalán

Hacia dónde va Cataluña: el inevitable choque de trenes será en junio del 2017

La aprobación de la Ley de Transitoriedad marcará el proceso independentista, al regular los elementos estructurales del nuevo Estado y absorber el ordenamiento jurídico español

Foto: Manifestación en Barcelona a favor de la independencia el pasado 11 de septiembre. (EFE)
Manifestación en Barcelona a favor de la independencia el pasado 11 de septiembre. (EFE)

La situación española se ha envenenado por el conflicto de Cataluña. Sin el problema que supone el ‘procés’, el 'impasse' de la política española sería otra cosa. Pero cualquier decisión adquiere dimensiones impresionantes esperando al 2017 y a los importantes acontecimientos que se han de desarrollar en el extremo noreste de España y que pueden poner en riesgo su integridad territorial.

El ‘procés’ no es una broma. Así lo ha entendido ya el Gobierno central, que hasta ahora había respondido a los desafíos independentistas con el silencio. La actitud –calificada de ‘indolente’ por sus críticos– del presidente español, Mariano Rajoy, fue aprovechada por los soberanistas para ir subiendo peldaños en una escalada secesionista que ahora parece imparable.

Todas las fuentes consultadas por El Confidencial admiten, en estos momentos, que “Cataluña se dirige directamente hacia el choque de trenes”. Lo que empezó siendo la estrategia de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es ahora admitida y aplicada por los otros dos grandes grupos independentistas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partit Demòcrata Europeu Català (PDEC), el heredero de Convergència. Los anticapitalistas siempre habían apostado por la confrontación con el Estado y cuando más virulenta, mejor. Y hacia ahí se encaminan ahora las instituciones catalanas.

Prueba de ello es la aprobación en la Cámara catalana de varias resoluciones, una de ellas proponiendo la fecha de septiembre de 2017 para el referéndum y elecciones ‘constituyentes’ seis meses después. Fue la respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de enviar a la Fiscalía el tanto de que se investigue a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, por haber permitido que se votaran resoluciones anticonstitucionales el pasado 27 de junio. El mismo día que se daba luz verde a la investigación contra Forcadell, el Supremo solicitaba el suplicatorio de Francesc Homs por el ‘caso 9N’ y días antes, la Fiscalía pedía nueve años y medio de inhabilitación para Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Sin posibilidad de entendimiento

Todo ello ha provocado la confrontación permanente de las instituciones autonómicas con el Gobierno central. “En estos momentos, no hay posibilidad de entendimiento. Hemos estado durante años hablando con un muro. Hemos pedido, por activa y por pasiva, desde el pacto fiscal hasta la consulta y solo hemos recibido silencio y desprecio por parte del Estado. Nos han ahogado económicamente, han incumplido sistemáticamente las leyes y los pactos de inversiones, han invadido competencias, han judicializado la política llevando al Tribunal Constitucional reiteradamente todas las normas que se aprobaban en el Parlament y ahora intentan frenar el proceso amenazando judicialmente a Artur Mas y a miembros de su Gobierno”, explica a El Confidencial un alto cargo del PDEC. “Pero no tenemos miedo y es solo cuestión de meses que los catalanes decidan su propio futuro en las urnas. Ya lo dejó bien claro Carles Puigdemont en el Parlament: o referéndum o referéndum”, concluye.

Forcadell, Puigdemont y Junqueras, en el Parlament. (EFE)
Forcadell, Puigdemont y Junqueras, en el Parlament. (EFE)

Algunas fuentes hablan sin disimulo de choque de trenes, pero ese choque de trenes no se producirá por el referéndum. Será antes, en el mes de junio, cuando previsiblemente se aprueben las leyes de desconexión, especialmente la Ley de Transitoriedad Jurídica. En ese momento es cuando se producirá el verdadero choque de legitimidades y los organismos catalanes ‘liquidan’ a los españoles, porque se lleva a la práctica “la desconexión respecto del ordenamiento jurídico español”.

Esa nueva Ley será un compendio de normas destinadas a “regular de manera provisional los elementos estructurales del nuevo Estado y las cláusulas generales que garanticen la continuidad y sucesión ordenada de Administraciones”. Esa ley declarará la continuidad, salvo contadas excepciones, de las normas actuales, pero derogaría la Constitución excepto el artículo 10 del título I y los capítulos II (derechos y libertades) y III (principios rectores de la política social y económica). El capítulo IV habría de adaptarse, ya que desaparece de la normativa el Tribunal Constitucional, y el capítulo V también se tendría que modificar.

En resumen, será un compendio de normas que deberán abolir las leyes españolas actualmente en vigor y crear un nuevo marco jurídico transitorio

Paralelamente, se dictarán las nuevas normas sobre fiscalidad, suministro energético, protección social, infraestructuras, centros de investigación, seguros, Administración de Justicia, tratamiento de residuos nucleares o gestión integral de la pesca marítima, carreteras o ríos, entre otras, con especial cuidado en los protocolos de actuaciones en ámbitos sensibles.

Asimismo, prevé la continuidad, mediante subrogación, de los contratos del Estado y de la Generalitat y la posibilidad de que los funcionarios y el personal laboral que prestan sus servicios a la Administración del Estado en Cataluña puedan integrarse en la del nuevo Estado. En resumen, serán un compendio de normas que deberán abolir las leyes españolas actualmente en vigor y crear un nuevo marco jurídico transitorio que durará hasta que se apruebe la nueva Constitución catalana. Es precisamente para evitar el desamparo jurídico por lo que algunos artículos de la Constitución española y normativas como el derecho civil catalán seguirán siendo válidas en el periodo transitorio.

El momento crucial

El momento crucial del proceso, pues, será el que cree esa nueva legalidad, imprescindible para que el Gobierno catalán pueda convocar un referéndum. Sin la Ley de Transitoriedad no podría hacerlo, ya que no tiene competencias. “Será entonces cuando se produzca el verdadero choque de trenes, aunque no sabemos cómo puede reaccionar el Gobierno central”, admiten todas las fuentes consultadas.

Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts pel Sí (JxS) en el Parlamento catalán, explica a este diario: “Nosotros no hablamos de choque de trenes, sino que vamos avanzando y tenemos muy claro hacia dónde vamos. Hicimos una oferta de referéndum pactado al Estado español. Es una oferta que no tiene caducidad. Pero si no es tenida en cuenta, haremos igualmente el referéndum con una propia legalidad”. Si eso provoca un conflicto sin precedentes con el Gobierno español, la culpa es de ese Gobierno que no ha sabido dar una respuesta.

Torrent subraya, sin embargo, que “el momento culminante", para ellos, "es la celebración del referéndum, porque es la herramienta definitiva que valida todos los pasos" que den. "Y hasta entonces, esos pasos son muy importantes y abarcan desde las estructuras de estado hasta las leyes de desconexión”.

Los independentistas no saben qué puede pasar en junio, cuando queden abolidas las leyes españolas. “Es muy difícil ponernos en la situación del Gobierno del Estado, pero nosotros actuaremos en función de nuestra agenda política y nuestra hoja de ruta, que tienen el momento álgido en el referéndum, aunque ha de haber muchos condicionantes”, reconoce Torrent.

Pero ¿hay miedo a que se aplique el artículo 155 de la Constitución? “Ninguno. Estamos determinados a llevar hasta el final la hoja de ruta y a seguir nuestro camino. No sabemos cuál puede ser la reacción del Estado y no nos preocupa. Solo vamos a lo nuestro”.

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