Artur Mas reclama ahora un referéndum unilateral si el Estado español no se doblega

La petición de nueve años y medio de inhabilitación para Artur Mas en el caso 9-N ya ha actuado como munición para el 'procés'. Lo dijo el diputado Lluís Llach esta tarde en rueda de prensa: la petición de la Fiscalía “todavía nos da más fuerza para materializar el mandato democrático del 27-S”. En otras palabras: más gasolina para el ‘procés’. Llach compareció arropado por la plana mayor de Junts Pel Sí (JxS). Allí estaban Jordi Turull, Lluís Corominas, Roger Torrent, Sergi Sabrià, Germà Bel, David Bonvehí y Anna Simó, entre otros. “No están solos. El 9-N somos todos”, dijo el también cantautor.

Y subrayó que “en una democracia no se pueden inhabilitar las urnas; hacerlo es una vergüenza democrática”. Subrayó, asimismo, que “es indignante pertenecer a un Estado que considera que poner las urnas y consultar a los ciudadanos es delito”. Para los soberanistas, el proceso del 9-N es “una persecución judicial en toda regla” y califican a España de “Estado alérgico a la democracia”. En definitiva, acusó de poco democrático al Estado, advirtiendo de que “esta injusticia sin precedentes, amenazas y judicialización no servirá de nada. Seguiremos adelante”.

La defensa de los imputados por cuestiones relacionadas con la independencia será el nuevo tótem del independentismo los meses venideros. A la campaña en defensa de Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau (los cuatro procesados por el 9-N) se sumarán otras campañas en defensa de alcaldes y concejales procesados por no hacer caso a los requerimientos judiciales de la Audiencia Nacional, ya sea para aportar documentación sobre plenos donde se votaron mociones separatistas o por no respetar la Ley de Banderas.

Los primeros en iniciar la cadena de campañas serán los cuatro miembros de la Generalitat citados. Esta tarde, Artur Mas sacó pecho. De hecho, ya lo había sacado tras el 9-N: “Si han de mirar a alquien, mírenme a mí. Yo soy el culpable”, retó entonces a los tribunales. Ahora, se acerca la hora de sentarse en el banquillo y no se arrepiente. “Es un honor ser procesado por dar la voz a la gente, haber dado la cara y traducir en hechos el clamor popular”, aseguró este lunes, flanqueado por Ortega y Rigau.

Mas insiste en que convocó la consulta “respetando la legalidad, con transparencia y responsabilidad. No fue un delito. Fue un acto de democracia”. Claro que en las jornadas previas a la convocatoria del 9-N, la Generalitat camufló como pudo sus pasos para evitar que el Tribunal Constitucional supiese realmente quién organizaba el evento y cómo lo hacía. Aun así, el ‘expresident’ afirma que volvería a hacer lo mismo, al tiempo que critica la “cadena de despropósitos” del proceso (“quieren convertir lo que fue una fiesta de la democracia en un gran aquelarre judicial”, clamó) y la “salvajada judicial” en que se ha convertido este caso.

Lo curioso del caso es que, a renglón seguido, apoya que el actual presidente, Carles Puigdemont, convoque un referéndum unilateral si el Estado no deja hacer uno legal. “No nos quedaremos quietos. Queremos que la gente del país decida definitivamente su futuro. No nos tumbarán pese a las amenazas y las querellas. Quieren asustarnos, pero no lo conseguirán”. Una de cal y otra de arena.

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Pero su mensaje es claro: el Estado tiene “tics antidemocráticos” y él es una víctima del Estado español por ser “soberanista y demócrata”. De ahí que sacase la artillería contra la vicepresidenta española, Soraya Sánez de Santamaría, a la que comparó con “un ministro de Franco” por haber dicho que “la ley se aplica a todos: cCuando uno incumple la ley en un Estado de derecho, tiene consecuencias”. También se apoya en que los fiscales de Cataluña votaron no acusarle y que fue el fiscal general del Estado, a instancias del Gobierno del PP, el que obligó a poner la querella.

Tanto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como varios consejeros de la Generalitat, los parlamentarios de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), ERC o el Partit Demòcrata Europeu i Català (PDEC), el último nombre que ha adoptado Convergència, salieron también a la palestra para condenar la petición de Fiscalía.