Convergència contrató a Método 3 porque sospechaba que grababan sus reuniones

Convergència sospechaba que algunas reuniones de sus dirigentes que supuestamente ‘conspiraban’ contra el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, a mediados del año 2009 eran grabadas por alguien. Tras tener noticia de que estas reuniones existían, Bustos habló con el líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, y con Lluís Corominas, de la cúpula de Convergència. Y estos contactos hicieron saltar todas las alarmas.

¿Cómo sabía el alcalde lo que se había hablado en reuniones ‘internas’?. La respuesta de Convergència fue pedir a Xavier Martorell (entonces responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Sant Cugat, la mayor alcaldía en manos de CiU, además de director de Seguridad del FC Barcelona y el hombre que hacía ‘informes políticos’ que pagaba religiosamente el Barça) un barrido en la sede de Convergència en Sabadell para detectar posibles micros ocultos. El barrido fue encargado a la empresa Método 3.

Cuando el escándalo de Método 3 salió a la luz y se descubrieron los correos entre Martorell y la cúpula de la agencia de detectives, nadie prestó atención a por qué había un inusual interés en hacer un barrido en la sede de CDC de Sabadell y en los móviles de los convergentes por si tuvieran 'software' espía. CDC llegó a emitir un comunicado oficial donde negaba que hubiese contratado nunca a Método 3 “ni de manera directa ni indirecta”.

Nadie prestó atención a por qué había interés en hacer un barrido en la sede de CDC y en los móviles de los convergentes por si tuvieran 'software' espía

Pero el 10 de febrero de 2010, uno de los directivos de Método 3 escribía a Martorell que “recordarás que hace poco hicimos un barrido en la sede de CiU (sic) en Sabadell. Esto ya está facturado. Ahora, hemos continuado con el servicio y se hizo una charla explicativa con la gente de CiU en Sabadell y sobre las medidas de seguridad. Se hizo una auditoría de seguridad y se verificó que los móviles de la sede no tienen un servicio de 'software' instalado para intervenir las llamadas, ya que los móviles son del Ayuntamiento y los paga el Ayuntamiento directamente. Me dice Paco [propietario de la agencia] que te pregunte que de esto cuánto les cobramos [a CDC]”. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, llegó a decir que no había habido ningún contrato nunca entre CDC y la agencia de detectives (luego se demostró que eso era falso, puesto que no sólo trabajó en Sabadell, sino que hizo lo mismo en la sede central de CDC) y que “si algún día alguien de esta empresa trabajó para una sede territorial, lo hizo sin cobrar”.

Pero eso era lo de menos: el ‘Caso Mercurio’ ya estaba en marcha y la operación política no tenía marcha atrás. Durante casi dos años, los Mossos d’Esquadra mantuvieron ‘pinchado’ el teléfono del alcalde de Sabadell. Buscaban cobros de comisiones, pero no encontraron nada a pesar del inusual alargamiento de la intervención. De ahí se extrajeron algunas conversaciones que dieron lugar a hilarantes acusaciones contra Bustos. El exalcalde ha denunciado que “las escuchas se hicieron vulnerando todos los derechos fundamentales de las personas y sin argumentación jurídica para sustentarlas”.

El inicio del escándalo

Las investigaciones oficiales se iniciaron, no obstante, aprovechando una denuncia de Carme García, concejal de ICV, que había recibido información confidencial de un trabajador del Ayuntamiento sobre el concejal del PP Jordi Soriano. Pero desde el 2010 hasta noviembre del 2012, las escuchas no demostraron que el alcalde estuviese metido en temas de corrupción. El 16 de octubre de 2012, Bustos telefoneó al consejero de Interior, Felip Puig, para comentarle que había llegado a sus oídos que le estaban escuchando (de hecho, hacía dos años que le habían pinchado el teléfono) y que “no aceptaré una persecución política sin fundamento”. Agentes de la Policía Autonómica también habían investigado al alcalde preguntando a conocidos por sus propiedades.

El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, aseguraba que había “una trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento de Sabadell con miembros del PSC"

Días después, Puig le devolvió la llamada diciéndole que no le estaban escuchando. Pero el 27 de noviembre, en un despliegue inusual, 300 mossos irrumpieron en el Ayuntamiento de Sabadell, en varias empresas y en 15 domicilios particulares haciendo estallar el escándalo. Se apuntó a Bustos desde el primer momento, aunque al alcalde no le afectaba nada de estas primeras investigaciones. Mientras, el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, aseguraba en una dura nota que había “una trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento de Sabadell, en la que han intervenido, junto a diversos empresarios, miembros del PSC y uno perteneciente al PP –actualmente destituido por su propio partido- del mismo Ayuntamiento”.

La trama, aseguraba Bermejo, “se centraba en la exigencia de constituir, como condición ‘sine qua non’ para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 12.000 euros –cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar–, siendo destinado este depósito inicial a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos”. Además, los adjudicatarios pagarían el 3% del presupuesto de la obra, una vez acabada ésta, en dinero negro.

Ni Manuel Bustos ni ninguno de sus hombre de confianza aparecían en esa pretendida trama. Sus nombres no figuraban en ninguno de los papeles, aunque todos los tiros políticos se dirigieron a él. Y todas las filtraciones le incriminaban. Es más: a partir de entonces, cada vez que la prensa se hacía eco de alguna noticia relacionada con la corrupción de CiU o con el nuevo ‘caso ITV’, que afectaba a Oriol Pujol Ferrusola (y por el que tuvo que dimitir), se filtraba a la prensa cuidadosamente, alguna noticia relacionada con el ‘caso Mercurio’, a pesar de que había secreto de sumario.