Colau encalla en su pacto de izquierdas para su plan antihoteles

La medida estrella de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va para largo. La alcaldesa quiere un gran pacto de izquierdas para que entre en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), pero dicho plan ha topado con varios problemas. El principal es la negativa de la CUP a apoyarlo. Pero no el único. La concepción del equipo de BCNenComú es muy restrictiva y tendrán que abrir la mano para buscar acuerdos con PSC -en este momento, los más cercanos- y con ERC.

La propia Ada Colau en una entrevista en TV3 aseguró: “Seguimos buscando el acuerdo para aprobar el plan de hoteles”. Mientras el PEUAT continúe sin entrar en vigor, seguirá la moratoria hotelera en la capital catalana, lo que perjudica a la totalidad de los proyectos hoteleros paralizados, que suman inversiones de 400 millones de euros.

Fuentes municipales auguran que, pese a las declaraciones de Colau, es muy previsible que se agote la moratoria hotelera, que finaliza en julio de 2017, sin que se llegue a un acuerdo. Colau solo quiere un pacto de izquierdas y se niega a negociar con los exconvergentes, con C’s o con el PP. El PSC estaría más abierto a otras opciones, pero Colau se juega el liderazgo de la izquierda catalana. Así que lo que se prevé es que pasen meses y meses sin que el plan hotelero del Ayuntamiento de Barcelona entre en vigor.

Fuentes del ayuntamiento han explicado que “en ningún caso el PEUAT se aprobará por silencio administrativo y que la aprobación definitiva deberá seguir la tramitación pertinente”. Eso implica que se debería aprobar de manera definitiva en el pleno del consistorio catalán, donde la formación de Colau carece de mayoría.

Se da la circunstancia de que esta afirmación contradice a la Dirección de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que en un escrito remitido a los tribunales, y al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que el plan hotelero ya habría entrado en vigor por silencio administrativo desde el pasado 15 de agosto, algo que no tendría precedentes en el mundo municipal. Pero esta interpretación jurídica ha sido desautorizada por los propios portavoces del consistorio barcelonés. En este escrito, el ayuntamiento asumía que “si no se suspende la efectividad del acuerdo de aprobación inicial, lo que sucederá es que se aprobará de manera expresa y definitiva el PEUAT”.

Sin pasar por el pleno

Por ahora, Ada Colau ha evitado llevar la medida al pleno municipal y a la comisión de Urbanismo, donde carece de mayoría para aprobarla, pese a que la legalidad de dicho plan hotelero está muy cuestionada.

En términos económicos, el retraso en la entrada en vigor del plan hotelero deja en una incertidumbre de más de un año a los 26 recursos contencioso administrativos presentados por los hoteleros contra la medida, según han apuntado fuentes jurídicas conocedoras de este pleito urbanístico.

Damnificados de postín

La entrada en vigor de la moratoria deja damnificados de postín. Entre ellos, el hombre más rico de España, Amancio Ortega, ya que el propietario de Inditex pretendía construir un hotel en la antigua sede de Banesto en plaza Cataluña. Pero no es el único, Núñez y Navarro, el primer promotor catalán, se ha quedado sin varias licencias. También el fondo KKH Property, que se ha gastado 96 millones para ver cómo se le niega la autorización para remodelar la antigua sede de Cuatrecasas en el paseo de Gràcia con Diagonal y abrir en ella un Four Seasons.

Hay más: está el exsocio de Desigual Manel Adell, que iba a hacer un hotel cerca de la Barceloneta. O el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, quien ha terminado en pleitos con la Generalitat, al haber asesorado a un inversor para intentar hacer un hotel en paseo de Gràcia.

De Laporta a Amancio Ortega o Núñez y Navarro, los damnificados por la incertidumbre sobre la moratoria hotelera son muchos y se juegan millones

Más suerte tuvo el fondo andorrano propietario de la Torre Agbar, quizás el proyecto más emblemático de Barcelona, que albergará un nuevo Hyatt, el cual ha obtenido licencia también por silencio administrativo.

El 15 de marzo se inició la exposición pública del PEUAT. Esta duró tres meses y la ley refundida de urbanismo prevé que dos meses después un plan urbanístico entre en vigor de manera definitiva, tal y como apuntaban los servicios jurídicos. Pero el ayuntamiento considera que en el caso de Barcelona, la carta municipal está por encima de la ley de urbanismo. Y que, por tanto, hace falta la aprobación del pleno. Así que hay incertidumbre para rato.