La Generalitat busca una solución de urgencia para preservar su modelo de ITV

La Generalitat está buscando una solución de urgencia para preservar el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), que está regulado por las CCAA y que se encuentra amenazado por una serie de sentencias judiciales adversas. Para el actual 'conseller' de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, es un conflicto heredado, ya que las sentencias se han fallado contra el modelo aprobado en la época del tripartito de José Montilla.

Según han explicado fuentes del sector, desde que el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó una de las sentencias que anulaban una parte de los decretos que reglaban la distancia entre estaciones de ITV que regulaba el nuevo marco que se quería impulsar en Cataluña, el marco legal catalán ha quedado tocado de muerte. La alternativa es un vacío legal para el que se carece de precedentes.

Fuentes de la 'conselleria' han declinado hacer declaraciones. Pero juntamente con los servicios jurídicos de la Generalitat, en este departamento están trabajando para buscar la solución. Una fórmula podría ser un decreto ley, ya que una vez publicado, hay un breve tiempo límite antes de que todo el modelo administrativo quede en el aire.

La decisión es importante para las empresas del sector, que se juegan en Cataluña un negocio anual de más de 100 millones. Entre estas empresas, se encuentran la cotizada Applus Services y también otras sociedades como Certio, RVSA o Atisae, entre otras. Todas estas empresas necesitan un marco legal estable, que ahora está en el alero hasta que la Generalitat no encuentre una solución a un problema jurídico que se arrastra desde hace varios años. De hecho, además de la sentencia publicada, hay diversos fallos, entre ellos del Tribunal Supremo, que cuestionan el actual modelo de tutela administrativa de la inspección de vehículos.

La Generalitat tiene pendiente desde hace años una nueva Ley de Seguridad Industrial para sustituir la que las sentencias iban tumbando de manera paulatina. Pero una reclamación de una de las empresas a la Comisión Europea paralizó todo el proceso hasta que Bruselas se pronunciase. Cuando lo hizo, ya se habían perdido varios años.

Leyes y minorías

Para colmo, el actual Gobierno de la Generalitat, que aúna la confluencia de la antigua CDC con ERC, carece de mayoría suficiente en el Parlament para una tramitación rápida de una ley en la Cámara catalana. La nueva Ley de Seguridad Industrial ni siquiera estaba entre las 45 leyes que el presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a aprobar durante los próximos nueve meses. Ahora, el embrollo jurídico que se avecina cambiará las prioridades. Pero con el Parlament en manos de la CUP, el decreto ley parece la mejor alternativa. Sin embargo, Baiget sí que se pronunció a favor de una nueva ley para las ITV.

Ningún sector industrial se puede permitir el riego que corren las ITV en Cataluña: quedar en un limbo legal en que las empresas no sepan a qué atenerse

El cambio del tripartito acabó en 2010 con el régimen concesional de las ITV en Cataluña y lo convirtió en negocio liberalizado, pero bajo concesión administrativa. El problema es que tras las batallas judiciales que se han producido, tanto la Ley de Seguridad Industrial como el decreto que la desarrollaba e, incluso, el concurso que volvió a repartir el pastel y que redujo de manera sensible la cuota de mercado que hasta entonces ocupaba Applus han quedado muy cuestionados.

Fuentes cercanas a la Generalitat han señalado que, pese al caos jurídico actual, en ningún caso queda en riesgo la prestación del servicio, sino la organización de la actividad. La seguridad vial no se pone en riesgo.

Perdedoras en pie de guerra

Las empresas perdedoras del concurso que se llevó a cabo en 2010 iniciaron una batalla legal que ha dejado el marco legal de la Generalitat como un queso gruyer. Además de la consulta a Bruselas antes mencionada, se presentaron ocho recursos contenciosos administrativos contra el marco legal de las ITV: siete están fallados y uno todavía está pendiente de sentencia.

Los principales elementos en disputa son el Decreto 30/2010 (reglamento de seguridad industrial, que establece el marco jurídico del servicio de ITV), el 45/2010 (que define el plan territorial para ubicar estaciones de ITV en el territorio), la orden 270/2010 de convocatoria del concurso y la propia resolución del concurso.

Así se ha puesto en cuestión, entre otros, el hecho de que se limitara la participación en el concurso a empresas que no tuvieran más del 50% del mercado, o que se estableciera una distancia mínima entre dos operadores para facilitar la cobertura de todo el territorio catalán y dar un mejor servicio al conjunto de los catalanes independientemente de donde viviesen.