SE PRESENTARÁ UN INCIDENTE DE EJECUCIÓN ANTE EL TC

Objetivo Forcadell: el Gobierno pone en el punto de mira a la presidenta del 'Parlament'

Las malas lenguas ya pronosticaban en septiembre pasado, cuando fue nombrada presidenta del Parlamento catalán que sería un chivo expiatorio del ‘procés’

Foto: La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)

Objetivo Carme Forcadell. Ésta es la consigna que corre por Moncloa. De hecho, las malas lenguas ya pronosticaban en septiembre pasado, cuando fue nombrada presidenta del Parlamento catalán, que sería un chivo expiatorio del ‘procés’. Y que sería el parapeto de otros que, atizando las llamas del separatismo, la harían arder en la hoguera mientras ellos se salvaban. Si Artur Mas aspira a ser el Arzalluz (aunque puede ser sólo un Ibarretxe por su fracaso de la ruta hacia la independencia), Forcadell puede convertirse en el Atutxa catalán, aquel presidente del Parlamento vasco condenado e inhabilitado finalmente por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, el sucedáneo de Herri Batasuna.

Con la votación del Parlamento catalán de este miércoles en la que Junts pel Sí (JxS) y la CUP abjuraban de las leyes españolas y del Constitucional y se conjuraban para hacer una República Catalana independiente de España, Forcadell está en la cuerda floja. “La presidenta del Parlamento es la máxima responsable de permitir la votación inconstitucional. Se puede pedir la inhabilitación por lo que ha hecho. Ella debería haber bloqueado la posibilidad de la votación. Tenía una resolución del Tribunal Constitucional que se lo avisaba. Ahora que no se extrañe”, explica a El Confidencial una fuente cercana al Gobierno central.

Para el Ejecutivo español, “los responsables no son los grupos políticos que pidieron la votación. Es ella la que debería haber dicho que había una resolución judicial que no la permitía y, en todo caso, bloquear esa votación, porque era ilegal. La presidenta de una institución no puede permitir una ilegalidad lo pida quien lo pida”. Ésa, según diversas fuentes consultadas, será la piedra angular del procedimiento contra la declaración de ruptura adoptada.

Por tanto, la responsabilidad jurídica de la presidenta del ‘Parlament’, según algunas fuentes, está fuera de toda duda. Amparó que se cometiese una ilegalidad y eso le puede acarrear consecuencias. Un diputado catalán de la oposición (que nada tiene que ver con el PP) reconoce también que “objetivamente, el TC la puede sancionar por omisión. La interlocutoria del Constitucional era muy clara y Forcadell tenía la obligación de paralizar cualquier iniciativa que vulnerase esa interlocutoria. Si no lo hizo, fue conscientemente y que se atenga a las consecuencias”.

Tres opciones

Lo que se abre ahora es una incógnita. Desde varias instancias gubernamentales consultadas por El Confidencial se da por seguro que el Consejo de Ministros de hoy acudirá al TC con un incidente de ejecución. “Y el TC tiene las herramientas para reaccionar. Tiene tres opciones: o imponerle una sanción; o inhabilitarla; o acudir a la vía penal, por lo que podría instar a la Fiscalía a iniciar un procedimiento por desacato ante los tribunales ordinarios”.

Objetivo Forcadell: el Gobierno pone en el punto de mira a la presidenta del 'Parlament'

Ninguna de las tres opciones es buena, porque significará enconar el conflicto institucional. Un dirigente de la CUP, uno de los partidos que pidió la votación en el Parlamento (como no estaba en el orden del día, sólo se puede admitir la petición de votación si lo demandan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados), señala a El Confidencial que lo que puede pasar ahora “es una incógnita. De lo que no hay duda es de que la tensión sube un escalón en el enfrentamiento institucional que ya tenemos y que comenzó realmente con las imputaciones del 9-N. Lo de ahora sería subir un grado más esa tensión”.

Este dirigente apunta también a que “desde el principio, se intentó focalizar la atención en alguna persona o algún órgano del ‘Parlament’. De hecho, durante estas jornadas, los grupos de la oposición estaban muy interesados en conocer el posicionamiento de la Mesa, lo que podría sentar las bases para su inhabilitación. El PP insistió varias veces en ello. Y alguien se interesó también por el posicionamiento colegiado de la Mesa, lo que hubiese sido el preludio de la inhabilitación de este órgano. Por tanto, nos tememos que si no van contra la Mesa, sí pueden ir contra la presidenta [del Parlamento]”.

El PP presentó ayer una moción en la que instaba al Parlamento catalán a “manifestar su compromiso y pleno respeto con el ordenamiento jurídico y el estado de derecho, por lo que, necesariamente, toda la actividad parlamentaria se ha de ajustar al marco constitucional y estatutario del que emanan los poderes y la legitimidad de la cámara”. Santi Rodríguez, portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, señaló que esa esta moción “no hubiese sido necesaria en condiciones normales, porque lo que pide es preservar la democracia y cumplir las leyes. Pero, desgraciadamente, es hoy más necesaria que nunca”. JxS, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP, que agrupa a ICV y a Podemos, entre otros) votaron en contra de esa moción.

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