PIDEN UNOS NÚMEROS "DONDE NO DECIDE MONTORO"

El núcleo duro de la CUP gana, rechaza los Presupuestos y lleva a la UVI a Puigdemont

La decisión acordada por el máximo órgano de dirección del partido compromete la estabilidad del actual Gobierno catalán

Foto: Miembros de la CUP, antes de la reunión. (EFE)
Miembros de la CUP, antes de la reunión. (EFE)

La CUP ha hablado. Reunió, por enésima vez, a su cúpula en asamblea y decidió que no habrá Presupuestos en Cataluña para 2016. Tres asambleas territoriales habían pedido esta reunión extraordinaria antes de llegar a la sesión de este miércoles en el Parlamento catalán, en que se decidirá si salen adelante los Presupuestos que presentan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Pero la sesión parlamentaria es ya la crónica de un enterramiento: el de los primeros presupuestos de la posautonomía y primeros de la preindependencia. El presidente catalán, Carles Puigdemont, tiene ahora las manos atadas y se verá obligado a prorrogar las cuentas. Otra vez será. Es la primera vez que unos Presupuestos de la Generalitat van al Parlamento y son rechazados. “Vemos como elemento negativo el llevar unos Presupuestos a trámite sin haberlos consensuado antes. Se podrían haber solucionado los problemas y nuestras diferencias”, avisó este martes por la noche el diputado Albert Botran.

El tema deja al Gobierno catalán en la UVI, con la posibilidad de elecciones anticipadas, pero también con una CUP dividida por la mitad que puede estallar en cualquier momento: los partidarios de la línea dura, es decir, de mantener la enmienda a la totalidad de los Presupuestos, fueron 29 frente a 26 que eran partidarios de apoyar los números del Gobierno y tres abstenciones. La portavoz del Gobierno, Neus Munté, admitió este martes por la noche, tras conocer la decisión, que “la legislatura queda tocada. Es evidente que la CUP ha incumplido el pacto de investidura y eso tendrá consecuencias”. Era lo que ya habían avisado hace unos días desde la propia Generalitat: “Las cosas no volverán a ser como antes. Habrá un antes y un después en la relación con la CUP”.

La diputada ‘cupera’ Eulàlia Reguant señaló, tras la reunión de la cúpula de su formación, que “la CUP no veta nada. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con el Gobierno y con Junts Pel Sí [JxS, la plataforma que apoya el Govern] y si no llegamos a un acuerdo para los Presupuestos de 2016, que sea para 2017. Ahí hay un camino abierto”. Botran también subrayaba que “el marco negociador sigue vivo y eso abre la puerta a que pueda haber acuerdos con JxS y con el Gobierno, incluso en materia de presupuestos”.

El núcleo duro de la CUP gana, rechaza los Presupuestos y lleva a la UVI a Puigdemont

Reguant aseguró que la cosa no huele a elecciones anticipadas (también lo aseguraron fuentes de JxS a El Confidencial). “La legislatura no se acaba. Lo que tenemos claro es que queremos avanzar en el proceso de ruptura con el Estado español y eso es lo que nos ha de permitir trabajar y seguir avanzando”, dijo. Además, afirmó que garantizan "la estabilidad del Gobierno en lo que hace referencia a la declaración del 9-N y sus anexos”. O sea, que solo apoyarán las decisiones emanadas de la resolución que el TC anuló y que prevé no solo la construcción de ‘estructuras de Estado’, sino también la desobediencia a leyes e instituciones españolas.

Avisos cruzados

Los últimos días fueron de tira y afloja, una guerra de nervios y declaraciones entre los independentistas catalanes. El fin de semana, hubo intensas reuniones entre representantes de la CUP, del Gobierno y de JxS. No sirvieron para nada. El Gobierno se lo ha ido dejando caer en los últimos días a la CUP: si no permite aprobar los Presupuestos, que se olvide del ‘procés’, de la independencia, de la declaración del 9-N y de la hoja de ruta rupturista. No habrá 10 ‘embajadas’ más de Cataluña diseminadas por el mundo. Ni dinero para la sanidad. Ni para las escuelas. El Gobierno catalán volverá a la ‘edad de piedra’. Y la culpa será de quien no permite aprobar esos Presupuestos.

Desde la Generalitat, se avisó a los radicales de que peligran inversiones de 870 millones de euros en políticas sociales y para alimentar el ‘procés’: acción exterior, estructuras de Estado, etcétera. Se acabó el acuerdo de estabilidad parlamentaria. El propio candidato de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en las próximas elecciones, Francesc Homs, aseguraba hace poco que su partido tenía dos piedras en el camino: “El incumplimiento de la CUP y las elecciones españolas”, y ha repetido hasta la saciedad que el posicionamiento de la CUP alinea a los radicales “al lado de los partidos unionistas”.

Fotografía tomada a través de un cristal de los miembros de la CUP poco antes de la reunión. (EFE)
Fotografía tomada a través de un cristal de los miembros de la CUP poco antes de la reunión. (EFE)

Desde el otro lado, se insistía en que los Presupuestos han de desbordar el marco autonómico, han de desobedecer a Montoro y al Constitucional y han de avanzar en la construcción de la república catalana. El exdiputado Julià de Jódar difundía este lunes un artículo en el que sostenía que “a diferencia de la CUP, Junts Pel Sí plantea los Presupuestos en clave meramente económica, no constituyente; la parte social la presenta más como un ‘auxilio’ que no como un derecho que habría de figurar entre las bases materiales del ‘procés’ constituyente; y la parte heredada del autonomismo, en forma de deuda y de compromisos clientelares, es mantiene escondida o en sordina para no espantar a los poderes económicos interiores e internacionales”.

El mismo lunes, el Gobierno hacía llegar una propuesta a la CUP donde aceptaba algunos de sus postulados: estaba dispuesto a introducir algunas de sus reivindicaciones, pero en ningún caso pensaba desobedecer el techo de déficit ni, mucho menos, negarse a pagar la deuda pública. El diputado Albert Botran admitió también a última hora de este martes que hubo otra oferta “a nuestro entender poco seria por la que se creaba un ámbito de resolución de diferencias”. Pero era una bocanada de aire que no reanimaba al difunto. Ya estaba fuera de plazo. Albert Botran lamentó, sobre este tema, que desde determinados posicionamientos se interpretara que “cada vez que el Gobierno ponía sobre la mesa algo era como si estuviese haciendo una concesión a la CUP, cuando no era así”. En ello podría haber influido “el clima electoral que estamos viviendo”.

Las exigencias a Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)

En los documentos internos de la CUP se detalla que el apoyo a los Presupuestos debe implicar que se cumpla al pie de la letra la declaración institucional del 9-N (la resolución rupturista del Parlament, anulada por el Constitucional, que prevé la aprobación de tres leyes de desconexión con España y la desobediencia a las leyes españolas y al propio TC) y que los Presupuestos “desborden el autonomismo”. ¿Cómo? “La ruptura con el Estado español implica desconectar de las estructuras políticas, jurídicas y económicas de este. Por ello, los Presupuestos han de ser una de las herramientas estratégicas para acabar con el autonomismo y han de ir acompañados de otras acciones de desconexión (ruptura)”.

Las propuestas concretas que la CUP exige a Puigdemont son la “reversión y moratoria de proyectos privatizadores”, como la venta de la empresa ATLL, el Consorcio Sanitario de Lleida y diversos planes territoriales. Además, exige garantías de percepción de la Ley de Dependencia y la “aprobación de la renta garantizada de ciudadanía”, el transporte gratuito para los parados y destinar 1.800 euros por plaza de guardería. También piden la prohibición de la actividad privada en los centros públicos sanitarios y una “cláusula andaluza”, que consiste en “la rebaja de sueldos de altos directivos de la Administración pública y de las empresas públicas, homogeneizándolos”.

En el tema del IRPF, propone una reforma rebajando la presión fiscal a las rentas más bajas y subiéndola a las rentas más altas, progresivamente, desde los 60.000 euros. Evidentemente, exigen recuperar el potencial recaudatorio del Impuesto de Sucesiones, tributando las herencias a partir de 160.000 euros. Asimismo, piden establecer un Impuesto sobre las Grandes Fortunas. Este gravamen podría tener una variante en el Impuesto de Patrimonio, tal y como aplica Bildu en Guipúzcoa.

Que Montoro no decida

Otro de los puntos apuesta por “derivar consignas de movilización popular y acelerar la confrontación con el Estado y la posibilidad de mantener la movilización independentista, en un momento de posibles dificultades para la formación de Gobierno o incluso de la campaña electoral española. Esa confrontación, dicen los documentos de la CUP, se pueden concretar “en dos elementos clave”. Por un lado, que los Presupuestos catalanes “respondan a la idea de presupuestos sociales y soberanos, presupuestos libres de Montoro o presupuestos posautonómicos”. Ello quiere decir que “no son unos presupuestos con más déficit, sino unos presupuestos donde no decide Montoro, no solo en el lado de los gastos, sino de los ingresos. En este sentido, la ley de medidas fiscales ha de incorporar nuevas tasas y reformas en aquellos impuestos que ya se gestionan, que entrarían en vigor en 2017”. En este punto, aseguran que “el único camino es la desobediencia y la independencia”.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

Los ‘cuperos’ exigen, aquí, que la ley incorpore un artículo que “especifique de manera clara que no obedeceremos el techo de déficit”, que se supere ese techo y que “se introduzcan unos ingresos ‘ficticios’ para adecuarse al techo, sabiendo que no se cumplirá”. Son conscientes, sin embargo, de que “alguna de estas opciones podría llevar a una suspensión por parte del Constitucional, que nos situaría en una prórroga presupuestaria, o a la suspensión de alguno de los artículos de la Ley de Presupuestos. También es preciso incorporar todas las tasas e impuestos actualmente suspendidos por el TC como el Impuesto de Depósitos Bancarios, el de Nucleares o el de Viviendas Vacías”. A esa lista, podría incorporarse una tasa de operadores por internet.

Las exigencias de los radicales son más amplias: piden incorporar como gastos en los Presupuestos el despliegue de la Agencia Tributaria catalana, diversas partidas del proceso constituyente y un referéndum sobre la deuda, que sería precedido de “una auditoría ciudadana y popular a comenzar en el plazo de dos meses”.

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