La Constitución catalana permitirá a valencianos y baleares 'nacionalizarse'

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha recibido el borrador de la Constitución catalana que el Govern pretende implantar ante una eventual independencia de Cataluña.

El documento ha sido confeccionado por la entidad Constituïm, una plataforma capitaneada por el juez Santiago Vidal que aglutina a personalidades de diferentes ámbitos como el derecho, la economía y el periodismo. Para la elaboración del texto se han tenido en cuenta también las más de 3.400 aportaciones que han hecho los ciudadanos a favor del 'procés'.

Las galeradas de la Carta Magna -el texto está abierto a modificaciones- prevén la creación de una República unicameral en la que el 'president' de la Generalitat ostente la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno. Dicho candidato sería elegido cada cinco años en circunscripción única y con la posibilidad de renovar el cargo una sola vez. El portavoz de la plataforma, Jordi Domingo, ha puntualizado que este borrador debe tomarse como "una herramienta de trabajo" y está abierto a sugerencias y mejoras.

Respecto a la forma de Estado, prevé la creación de una "república ciudadana y participativa". La región "se constituirá en un Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico y de derechos", puntualiza el documento.

Respecto a los símbolos nacionales, Cataluña mantendría su bandera actual, la Diada como fiesta nacional y 'Els segador' sería el himno oficial del Estado.

El estatus del castellano

Como ya publicó El Confidencial, el catalán sería la única lengua oficial de la hipotética república catalana, mientras que el aranés poseería dicha categoría "en los términos que determina la ley". Además, se reconocería al Valle de Arán el "derecho a la libre determinación". La oficialidad de la lengua occitana no ha estado exenta de polémica. Hace apenas unas semanas, la plataforma Llengua i República -a la que pertenecen Artur Mas y Carod Rovira, entre otros- rubricó un polémico escrito a favor del catalán que pisó algunos callos entre los independentistas al dar a entender que el aranés no debía considerarse lengua oficial.

Respecto al castellano, la Constitución le otorga "un estatus jurídico especial, como patrimonio cultural y de cohesión que hay que respetar, garantizar y proteger". Además, el nuevo marco jurídico catalán abre la puerta a que los valencianos y baleares adquieran la doble nacionalidad: "Los ciudadanos de aquellos estados que tengan nexos culturales y lingüísticos con Cataluña podrán optar por la nacionalidad catalana sin renunciar a la suya".

Libre mercado y un banco central

La parte económica del documento apuesta por un sistema basado en el libre mercado y la creación de un Banco Central de Cataluña encargado de "regular el sistema financiero catalán y sus órganos de dirección".

"Toda la riqueza del país, en sus diferentes formas, está subordinada al interés general", señala el texto. Igualmente, se garantiza la libre iniciativa, el emprendimiento y la "economía social y comunitaria".

Adiós al Tribunal Constitucional

Como se podía prever, la nueva arquitectura judicial de la república catalana eliminaría el actual Tribunal Constitucional y pondría en su lugar un Consejo de Garantías Judiciales encargado de hacer cumplir las neonatas leyes catalanas.

Por otro lado, se establecería un Tribunal Supremo que sería el "órgano jurisdiccional superior" en todos los ámbitos jurídicos.

Seguridad y defensa

Aunque en su momento la Asamblea Nacional Catalana (ANC) puso los mimbres de un futuro Ejército catalán, el borrador no hace ninguna mención directa a ello, pero sí prevé la creación de una "Agencia Nacional de Seguridad y Defensa", así como la creación del "Instituto Internacional de Paz y Tregua de Cataluña", enfocado a la resolución de conflictos armados con métodos pacíficos.

Nuevo órdago al Gobierno central

"Queda derogada la Constitución española del 27 de diciembre de 1978 y las otras normas españoles análogas que puedan quedar vigentes", reza una de las dos disposiciones derogatorias. A falta de una fecha concreta para alumbrar el nuevo Estado catalán, el equipo de expertos determina que la Carta Magna entrará en vigor "en el momento de publicarse en el Diario Oficial de la República".