Junts pel Sí y la CUP cierran su crisis con una moción que rebaja la tensión con Madrid

Junts pel Sí (JxS) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) han enterrado a última hora la grave crisis abierta entre las dos formaciones independentistas del Parlamento catalán. Los radicales pretendían aprobar un texto que insta a desobedecer las leyes españolas y los requerimientos de las instituciones de Madrid, lo que situaría a los parlamentarios catalanes fuera de la ley. Desde las filas de JxS ya se habían levantado fuertes críticas contra los radicales de la CUP durante los pasados días por querer tensar demasiado la cuerda en aras de buscar un protagonismo perdido ante las bases. Ahora, las mociones rupturistas de los radicales de la CUP irán a pleno, pero algunos de sus puntos no serán votados por JxS. “Lo que hemos hecho es pactar el acuerdo y el desacuerdo”, escenifica a El Confidencial una fuente independentista el final de la crisis.

De este modo, la CUP tiene su moción rupturista en el pleno y JxS podrá votar los puntos que considera convenientes, pero no los que pueden significar una desobediencia a los tribunales o vulnerar la legislación española. “Ya saben que no votaremos a favor en los puntos tres y cuatro. Lo hemos dicho en la reunión y no se molestarán por ello”, añaden las fuentes consultadas. La resolución tiene su punto de imaginación al poder: JxS y la CUP presentan una moción conjunta en el Parlamento para votar en contra de algunos de sus puntos una de las fuerzas que la presenta.

La moción de la CUP reiteraba la declaración I/XI del pasado 9 de noviembre, que fue anulada por el Constitucional en sentencia de 2 de diciembre. Los radicales exigen que en un plazo de 30 días se presente un plan de ejecución de todos y cada uno de los puntos anexos de la declaración, es decir, de la ruptura con España, desobediencia de las leyes y de las sentencias del TC. Asimismo, detallaba que el Gobierno catalán desatienda “los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español y, en consecuencia, que el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra no los ejecute como policía judicial”. Respecto a los requerimientos a los ayuntamientos que o bien cuelgan la ‘estelada’ (bandera no reconocida oficialmente) u omiten colgar la española o aprueban mociones de ruptura con España, la CUP pretende “seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español”. También exige en un mes un “plan de actuación relativo a la fase preconstituyente del proceso constituyente”. Y, por si fuera poco, que en los Presupuestos de este año haya una “partida presupuestaria para financiar la citada fase preconstituyente”.

La nueva moción pactada ayer por la tarde recoge algunos puntos. Pero los puntos tres (en el que se anima a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español) y el cuatro (desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional y que los Mossos no actúen como policía judicial) no contarán con el voto a favor de JxS. De hacerlo, muy posiblemente, se incurriese en una vulneración de las leyes y eso no entra dentro de los planes de JxS ni del Gobierno catalán.

La nueva moción establece 60 días para que el Gobierno presente el plan de ejecución de las medidas sobre el cumplimiento de los anexos de la declaración I/XI y suma otros contenidos: el punto seis expresa “el apoyo de este Parlamento, en tanto que depositario de la voluntad popular, a las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se desarrollen para avanzar en un proceso preconstituyente”. Y el siguiente da un plazo de dos meses para presentar “un plan de actuación para fomentar la participación ciudadana relativa a la fase preconstituyente del proceso constituyente”. El último punto admite crear una partida presupuestaria, pero para el fomento de esa participación ciudadana, con lo cual se evita una actuación judicial sobre malversación de fondos.

Primeros expertos en la comisión

El acuerdo coincide con la comparecencia en laComisión del Proceso Constituyente de los dos primeros expertos. Esta comisión, que es “de estudio”, no cuenta con la participación de PSC ni de Ciutadans, que consideran que está viciada de partida. En cambio, sí cuenta con la presencia del PP, que aunque señaló que actuaría como mero oyente, en la sesión de ayer participó como los restantes grupos en un diálogo con los invitados.

JxS podrá votar los puntos que considera convenientes pero no los que pueden significar una desobediencia a los tribunales o vulnerar la legislación española

El primero de ellos fue Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, para quien la declaración de independencia unilateral no constituye una vulneración del principio de integridad territorial. Noguera afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU solo prevé que se vulnera ese derecho si hay uso de la fuerza. Es lo que pasó, dijo, en Rodesia o Chipre, con insurrecciones violentas. “Pero aquí no hay violencia, luego no hay vulneración de ese principio”.

El segundo compareciente fue Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra. Este experto detalló ante los diputados de la comisión las tres fases por las que ha de pasar el ‘procés’ hasta la aprobación en referéndum de la Constitución catalana y los 12 modelos de salidas que tiene, aunque recomendó tres de esos modelos. Requejo descartó el modelo islandés (“Por motivos obvios. No es conveniente dejar al margen a la clase política. Es un error”), pero se mostró reacio a que todas las discusiones sean a puertas abiertas. Propuso que para discutir el texto se haga una comisión de unas 150 o 160 personas, fijando plazos temporales de presentación de resultados y un presupuesto. La tercera fase sería la de la democracia directa, ratificando la Constitución en un referéndum. Y, eso sí, “en un solo bloque, no troceada ni por partes”.

Requejo se refirió también a las tres ponencias creadas la semana pasada para elaborar las leyes de Hacienda, de la Seguridad Social y de Transitoriedad Jurídica del Proceso. “Esas tres leyes se han de tener preparadas, pero no se pueden aprobar. Y aquí se da una paradoja, porque, normalmente, las leyes son hechas por los gobiernos”. Y es que si se aprueban, se rompería la legalidad vigente, ya que no existen competencias en las instituciones catalanas para redactarlas o asumir sus contenidos. El experto rechazó que Cataluña sea una colonia, como dicen desde algunos círculos radicales, y ni siquiera que sea “un Estado centralizado. Es más descentralizado que muchos estados federales, como México, por ejemplo, pero menos que otros como Estados Unidos, Canadá o Bélgica”. Y, aunque dijo que hasta los noventa había sido partidario del federalismo, ahora propugna un “federalismo asimétrico”, teniendo en cuenta que hay comunidades que tienen connotaciones diferentes a otras.