La consigna independentista es retomar la calle: en Cataluña debe haber tensión

El suflé no se puede desinflar. Esa es la consigna del independentismo catalán. Tras cuatro años de presión, el cansancio comienza a hacer mella y la independencia pierde fuelle. Lo dicen las encuestas y lo dice la calle. Los ciudadanos comienzan a estar hartos y el interés por la secesión se relaja. Y es que no es tan fácil mantener una movilización al cien por cien durante un largo periodo de tiempo.

Pero los independentistas no pueden permitirse en estos momentos relajarse y aflojar. La hoja de ruta hacia la ruptura ha entrado en una nueva fase tras la constitución del Gobierno de Carles Puigdemont y no es cuestión de perder 'pistonada'. “El eje de nuestra estrategia es presionar a los partidos para que cumplan la hoja de ruta que habíamos pactado”, reconocen a El Confidencial fuentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La citada hoja de ruta prevé la desconexión con España en 18 meses.

Esta desaceleración del independentismo es un signo de alarma. La ANC entra ahora en una fase delicada: el día 17 de abril celebra una asamblea general donde someterá a votación a los aspirantes a entrar en el nuevo secretariado (ese secretariado elegirá después al presidente) y en la que también se presentarán diversas modificaciones de los estatutos, como la ampliación de miembros de ese secretariado o la ampliación del mandato de la directiva.

“Durante estos dos meses, el secretariado estará en funciones. Solo si hay una ofensiva grave del Estado, se tomarán medidas drásticas. Pero si no, iremos al ralentí”, explican las fuentes consultadas. Aunque sí que ya está diseñada una campaña de movilizaciones (en cuanto la nueva directiva tome posesión) de cara al 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña. Será una campaña por todo el territorio para movilizar al electorado y que no se duerma en los laureles.

"Ya es un éxito que después de cuatro años de intensas movilizaciones todavía tengamos una capacidad de movilización tan elevada"

“De hecho, ya es un éxito que después de cuatro años de intensas movilizaciones todavía tengamos una capacidad de movilización tan elevada. El caso de Cataluña es único en el mundo. Nunca en ningún lugar tuvieron lugar manifestaciones tan numerosas, con tanta intensidad, con tanto civismo y con tanta perduración en el tiempo como aquí”, explica otra de las fuentes consultadas.

La campaña conjunta

La ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han mantenido varias reuniones las últimas semanas y han celebrado actos conjuntos con motivo de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la situación de los ayuntamientos que aprobaron mociones independentistas, por si lo acordado en el pleno pudiese ser ilegal. Este viernes, en la plaza del Rei de Barcelona, las cuatro entidades realizaron un acto denunciando la “falta de libertades democráticas en el Estado español”.

La AMI ha contabilizado 116 denuncias a ayuntamientos por no tener colgada “la rojigualda”, 106 por impulsar la “soberanía fiscal”, 56 por “pagar la cuota anual de la AMI”, 47 por declararse “territorio catalán libre y soberano” y tres por ceder un local a la AMI y por la contratación de trenes para asistir a la Diada del 11 de septiembre de 2012. “En total -explica la AMI-, 312 recursos y requerimientos [en realidad, son 328, porque hay algunos que engloban más de una acusación]".

La AMI ha contabilizado 116 denuncias a ayuntamientos por no tener colgada "la rojigualda" y 106 por impulsar la "soberanía fiscal"

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha denunciado a los ayuntamientos de Celrà, Deltebre, Girona, Igualada, la Seu d’Urgell, Sant Cugat del Vallès, Premià de Dalt y Vic por dar apoyo a la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña. Los acusa de rebelión o sedición, además de prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos y usurpación de funciones. "Con estos ocho casos, el número de denuncias del Estado español suma 336 procesos”. La Resolución 1/XI es la aprobada el pasado 9 de noviembre, que establecía la hoja de ruta rupturista e instaba a desobedecer las leyes españolas y las sentencias del Constitucional. El TC la anuló en el mes de diciembre.

Fuentes independentistas señalan que durante las próximas semanas la prioridad será la defensa “de los ataques y las imputaciones a los cargos electos”. Estas fuentes subrayan que lo que se penaliza es la libertad de expresión. “No hace falta ser un doctor en Derecho para ver que lo que hay es una simple declaración, que el posicionamiento de los concejales y ayuntamientos es un ejemplo de la libertad de expresión”. De ahí que enfaticen que “de lo que se trata aquí no es de la dicotomía independencia sí/independencia no. De lo que se trata es de la democracia y las libertades. En el acto de la plaza del Rei quedó muy claro cuando Jordi Sánchez [presidente de la ANC] comenzó su discurso diciendo que 'hoy hemos venido aquí no a hablar de independencia. Hemos venido a hablar de democracia. Que no se confundan”.

Pagar a la Hacienda catalana

Paralelamente, las entidades han iniciado otra campaña bajo el lema ‘Contruïm Estat. Paguem a Catalunya’ (‘Construyamos Estado. Paguemos a Cataluña’), en la que se reivindica que todos los ciudadanos paguen sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y no a la española. “El pago de los impuestos a través de la ATC es, a día de hoy, una acción simbólica que tiene una proyección en la gestión integral que se materializará con la creación de las estructuras de Estado, en este caso la Hacienda catalana”, explica la campaña. Al mismo tiempo, se reparte una hoja con información sobre el modo de materializar el pago de forma electrónica a la ATC. “Ha llegado la hora de dar el paso”, reza uno de los eslóganes. Porque “hemos de estar todos, ya que entre todos construimos Estado”.

Pero no es solo en la “sociedad civil” donde se remueven los rescoldos: en las instituciones pasa otro tanto de lo mismo, aunque el Gobierno trata de no armar mucho ruido para no llamar la atención. La CUP, no obstante, es la que más lejos va. Su última propuesta de resolución (para materializar la Resolución 1/XI anulada por el Constitucional) fue admitida por la Mesa del Parlamento esta semana, pero no se votará en el pleno si no se cambian sus postulados, ya que tal y como está redactada significa situarse manifiestamente al margen de la ley. Esta iniciativa ha provocado ya el enésimo enfrentamiento entre Junts pel Sí (JxS) y la CUP.

“Nuestro posicionamiento es llevar a cabo nuestra hoja de ruta pero sin caer en ilegalidades”, aseguran desde fuentes cercanas a Convergència. Y ello por dos motivos fundamentales: a la menor ilegalidad, entraría en escena el TC, que podría inhabilitar a altos cargos; y, por otro lado, en caso de cometer alguna ilegalidad, “podríamos olvidarnos del apoyo internacional que alguien nos pudiera dar, especialmente en Europa”.

Desde las filas de la CUP también hay interés en “recuperar la calle”. El núcleo duro, consciente de que el apoyo al Gobierno de Puigdemont ha supuesto un retroceso en sus postulados, quiere volver a contar con el apoyo de los independentistas 'de pro', recuperar la confianza de sus votantes. De ahí que sus iniciativas parlamentarias sean más radicales y que hayan comenzado a estudiar cómo volver a movilizar a su gente para que el suflé soberanista vuelva a fermentar fuera de los despachos oficiales.

Un manifiesto que huele mal

Fruto de esta estrategia es la presentación del manifiesto por el monolingüismo en catalán, presentado este jueves pero que en realidad ya fue redactado hace seis meses. Entre los firmantes, gente muy vinculada a la ANC y a la CUP, como el diputado Julià de Jódar o las hermanas Eva y Blanca Serra, pero también estudiosos o incluso premios de las Lletres Catalanes, como Jaume Cabré, Maria Antònia Oliver o Josep Massot. Firman también el manifiesto tradicionales gurús de la independencia, como Josep Lluís Carod-Rovira, Salvador Cardús, Vicenç Villatoro, Carme-Laura Gil, Oriol Camps, Isabel-Clara Simó, Xavier Llimona, Enric Pujol, Laura Borràs, Jaume Marfany, Carles Castellanos, Josep Guia, Víctor Alexandre, Núria Cadenes, Jordi Coca, Narcís Comadira y Antoni Dalmases.

El manifiesto afirma que en Cataluña solo debe ser oficial el catalán y que hay una bilingüización forzosa por el proceso de "dominación lingüística"

¿Y qué dice el manifiesto? Que en Cataluña solo debe ser oficial el catalán, que como consecuencia de la “anexión del Principado de Cataluña al Reino de Castilla desde 1714, el castellano, como lengua de dominación, le disputa coercitivamente el estatuto de lengua territorial”. Y, por si fuera poco, que hay una bilingüización forzosa de la población debido al proceso de “dominación lingüística”. “El régimen dictatorial del general Franco completó en dos generaciones este proceso de bilingüización forzosa mediante la represión político-jurídica del uso del catalán, la enseñanza obligatoria y la extensión de los nuevos medios de comunicación, ambos absolutamente en castellano, y la utilización de una inmigración llegada de territorios castellanohablantes como instrumento involuntario de colonización lingüística”.

En el manifiesto se dice que si persiste la situación actual, el catalán acabará desapareciendo, y denuncia “la ideología política del llamado ‘bilingüismo", que se ha ido inoculando desde las esferas de poder a toda la población catalana desde 1978 para justificar el régimen establecido por la Constitución y el Estatuto, haciendo creer que la coexistencia de dos lenguas en Cataluña con un supuesto mismo estatus es un hecho natural, positivo, enriquecedor y democrático”. Pero, subraya, esta fórmula solo es “una forma de encubrir y legitimar la subordinación de una lengua a otra”.

Toda la oposición calificó de disparate monumental el manifiesto, más cerca de las tesis xenófobas y supremacistas que de la realidad social catalana

Los supuestos intelectuales denuncian las manifestaciones de “algunos grupos políticos” que en la futura República catalana proponen que la “anormalidad lingüística actual continúe”. Por ello, alertan de que el problema lingüístico será el más importante tras la independencia porque “afecta a la base misma de la cohesión social”. En otras palabras: el castellano, fuera. Todos a hablar catalán. Por primera vez, los duros de la independencia han dejado sus intenciones al descubierto: caza al castellano. Adiós a la tolerancia. Adiós al bilingüismo. Adiós al oasis catalán.

Evidentemente, toda la oposición (e incluso la cúpula de ERC) calificó de disparate monumental el manifiesto, más cerca de las tesis xenófobas y supremacistas que de una realidad social como la catalana. Se trata de un texto que deja sospechas en el aire sobre su bondad democrática. Las tesis expuestas incluso sacarían los colores al pensador Amin Maalouf, muy citado en los círculos soberanistas. Recuerda el ensayista libanés: “Una lengua que ha estado mucho tiempo oprimida, o al menos desatendida, ¿puede legítimamente reafirmar su presencia a costa de las otras, y con el riesgo de instaurar otro tipo de discriminación? Evidentemente, no se trata aquí de examinar los diferentes casos particulares que se cuentan por centenares, de Pakistán a Quebec, de Nigeria a Cataluña; se trata de entrar con sentido común en una época de libertad y de serena diversidad, dejando atrás las injusticias que se han cometido sin sustituirlas por otras, por otras exclusiones, por otras intolerancias y reconociendo a todos el derecho de hacer coexistir, en su identidad, la pertenencia a varias lenguas”. Pero la consigna catalana es apretar el acelerador. La presentación 'pública' del manifiesto es solo otra vertiente de esa presión política que busca espolear conciencias y tensionar el ambiente, porque ciertos sectores independentistas solo ven como salida el aumento de presión para que no decaiga la fiesta. Y en eso estamos.