La Generalitat esconde los gastos del DNI catalán y los borra de los archivos públicos

El estudio sobre el nuevo DNI catalán costó a la Generalitat un total de 36.000 euros, que se troceó en dos contratos de 18.000 euros cada uno para no tener que formalizar un concurso público y adjudicarlo a dedo (los contratos de hasta 18.000 euros se hacen por procedimiento negociado y para los de más, ha de convocarse concurso público y se puede presentar cualquiera). El gasto tampoco fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, como es preceptivo, ni en la plataforma de contratación pública, que es donde se anotan todas las adjudicaciones y a la que se aferra el Gobierno catalán para autoadjudicarse el título de ser uno de los gobiernos más transparentes del mundo.

No son los únicos puntos oscuros en la historia del ‘informe que nunca existió’, aunque descansa en los cajones de la Presidencia. En el texto encargado por la Generalitat se asegura que “estratégicamente, es necesario ir hacia un carnet de identificación o autentificación del ciudadano que incorpore servicios, pero con la legislación actual se ha de presentar como el ‘carnet catalán de servicios’ que agrupará en un solo soporte todos aquellos carnets que los ciudadanos han de tener para la prestación de servicios públicos”.

En las conclusiones del informe, se asegura que la creación de esta tarjeta se debe a “una inequívoca voluntad política” que nace del hecho de que el Gobierno catalán necesita “disponer de un elemento identificador de los ciudadanos de Cataluña”. Pero ha de superar la cota de mero DNI y ha de permitir “transitar desde la situación institucional actual hasta la nueva situación que se puede crear al convertirse Cataluña en un Estado independiente”. Reconoce, no obstante, que el proyecto necesita “una maduración, unos estudios detallados, un tiempo de confección del modelo y una etapa de diálogo y consenso (…) por estas razones es preciso poner en marcha el proyecto lo más rápidamente posible para que posibilite su puesta en marcha en el momento de coincidencia antes o con la entrada en vigor de la nueva realidad política”. Y para ponerlo en marcha y camuflar su verdadera meta, propone que “en su origen o punto de partida incorpore un servicio universal o casi universal; en esta situación, en Cataluña, sólo se encuentran los servicios de Salud y la movilidad (transporte público)”. Como el transporte público depende de un ente que los independentistas no controlan (y además sus tarjetas incorporan un sistema de pago relacionado con los bancos, lo que no se contempla en el DNI), proponen que sea el sistema de Salud el detonante para crear la base de datos del DNI catalán.

La pregunta capciosa

En uno de sus apartados, pues, propone que la recopilación de datos de los ciudadanos de Cataluña se inicie “con una renovación de la tarjeta sanitaria”. Ahí es donde la Administración ha de preguntar al usuario si quiere la tarjeta sanitaria exclusivamente o “una tarjeta de servicios de Cataluña”, con lo que camuflan que lo que se está haciendo es el DNI catalán. En el caso de que el usuario acepte la tarjeta, se le han de requerir “fotografía y datos biométricos”.

Otra cosa son los funcionarios, víctimas propiciatorias del sistema: “En el caso de los trabajadores públicos de la Generalitat, esta incorporación al modelo se efectuará de forma gradual y dirigida por la Dirección General de Función Pública en los establecimientos del Gobierno o incorporará tres servicios (identificación, sanitario y área de trabajador público)”. A partir de ahí, se confeccionarán el registro general de portador de tarjeta (es decir, el ciudadano catalán identificado con su DNI), el registro de tarjeta sanitaria, el registro de identificación personal y acceso virtual a las Administraciones Públicas y el registro de trabajador público.

Evidentemente, el proyecto tiene riesgos. “Necesita de una estrategia de comunicación hacia los ciudadanos para demostrar las ventajas del nuevo modelo (…) Al mismo tiempo, será preciso reforzar el sentimiento de pertenencia a Cataluña”. También se ha de “contrarrestar con datos concretos la justificación de la inversión, en la época actual de austeridad económica”. El coste se estima en unos 50 millones de euros más cinco millones anuales de mantenimiento. En otro de los apartados del informe se subraya que el proceso comportará “de tres a cuatro años para su implementación total”.

Alerta también el informe que la tarjeta prevista por la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), “donde se incrementa el número de tarjetas con identificación personal puede representar un contrapeso y generar dudas a los ciudadanos”. Se refiere, en este apartado, al proyecto de T-Movilidad, sobre el que se adjunta un anexo en el informe.

No servirá para pagar

También consideran fundamental hablar con los sindicatos de la función pública para convencerlos de que “este carnet no implica acciones de control de los funcionarios, sólo sustituye a la actual tarjeta de identificación (en modalidad ‘contactless’)”. Por otro lado, recomienda también llegar a un acuerdo con el CatSalut porque el nuevo DNI/tarjeta sanitaria “tendrá una identificación más larga y con más contenido de datos, más allá de los necesarios por parte de las necesidades propias del CatSalut”.

De momento, sin embargo, se ha rechazado que el DNI pueda servir como método de pago o realizar funciones de abono de gastos, “aunque sería posible en el futuro”. Ello se debe a que la mayor parte de las tarjetas del ámbito privado están concentradas en el sector financiero. “El ciudadano difícilmente entendería que dentro de un Carnet Catalán de Servicios se integren los datos de una tarjeta de crédito. No obstante, se podría establecer un acuerdo con el sector privado, tanto industrial, servicios o financiero, para poder utilizar el certificado digital como elemento identificador de la persona en sus relaciones virtuales”.

En un prolijo anexo de 135 páginas, el estudio disecciona las diferentes tarjetas de identidad en multitud de países de todo el mundo y en otro de 36 páginas detalla todas las tarjetas emitidas por la Generalitat de Cataluña que podrían tener su espacio dentro del nuevo DNI.