Un informe de la ANC arenga al funcionario catalán: no se les podrá acusar de sedición

Todos firmes y prietas las filas. Esa es la consigna independentista ante la ofensiva de Madrid para poner trabas a los pasos hacia la ruptura con España. La ‘sociedad civil’ echa una mano en lo que puede a la Generalitat para crear un ambiente propicio a la secesión: tiene previsto un informe que exime a los funcionarios de cualquier delito si desobedecen las leyes españolas. La punta de lanza del Gobierno para ‘crear ambiente’ sale al paso así de los últimos movimientos del Gobierno central para hacer frente al proceso independentista.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impugnó hace unos días la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente (el PP está en esa comisión, cuando ni Ciutadans ni PSC quisieron formar parte de ella, por considerar que no sirve para nada). Este jueves, anunció también que ha pedido informes a la asesoría jurídica del Gobierno central sobre si los nuevos pasos de Junts Pel Sí (JxS) y la CUP pueden ser constitutivos de delito.

Y es que este miércoles, los dos partidos independentistas registraron en el Parlamento catalán tres escritos para iniciar los trámites de las tres primeras leyes rupturistas que preveían con la resolución de la ‘desconexión’ aprobada el pasado 9 de noviembre, a pesar de que esa resolución fue anulada por el TC: se trata de crear tres ponencias para perfilar las normas citadas, que son la de Seguridad Social, la de Hacienda y la de Transitoriedad Jurídica, la norma troncal que ha de sustituir las leyes españolas por otras netamente catalanas. Eso sí, con nombres menos llamativos (protección social, administración tributaria y régimen jurídico catalán), para poder mantener oficialmente que no pretenden lo que verdaderamente pretenden, o sea, romper el Estado. De lo contrario, el Parlamento incurriría en clara ilegalidad, ya que tanto la Seguridad Social como Hacienda son competencia del Estado, no del Gobierno autonómico.

Precisamente este jueves se reunieron el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, con el líder parlamentario del PP, Xavier García Albiol. Fue un encuentro cordial en la intimidad pero duro hacia fuera. Tras la ‘cumbre’, la consejera de Presidencia, Neus Munté, acusó al PP de judicializar todo el proceso y aseguró que la Generalitat seguirá con la tramitación de las leyes porque “no renunciamos a nuestra hoja de ruta” y porque los temas tratados en esas ponencias “son competencia del Govern”. En resumen, “ni un paso atrás”.

Investigación de la Audiencia

Por si fuera poco, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido, a instancias de la Fiscalía, que las fuerzas de seguridad emitan informes sobre las mociones de desobediencia que han aprobado unos 70 municipios de toda Cataluña. Las mociones están impulsadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Quiere saber si detrás de las mociones presentadas en los plenos existe una maniobra coordinada por las entidades citadas, y si en ellas se faculta a los alcaldes para situarse fuera de la ley, lo que podría suponer un presunto delito de sedición o rebelión.

La petición de la Fiscalía partía de la base de que el Ayuntamiento de Vic aprobó una resolución el 9 de diciembre, una semana después de que el TC considerase esas mociones inconstitucionales. Por tanto, el magistrado quiere conocer ahora si hay una “estrategia planificada y concertada” para vulnerar la ley.

Informe de la ANC el 15 de febrero

Pero la ANC se ha adelantado y tiene listo ya un informe de su sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local en el que aseguran que los funcionarios públicos no podrán ser acusados de rebelión o sedición. La endeble base de sus argumentos es que “la actuación de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Cataluña que se ejecute de acuerdo con las órdenes de sus mandos y del Gobierno y del Parlamento catalán no supondrá la comisión de un delito”. O sea, algo así como una Ley de Obediencia Debida que ni existe ni es constitucional ni, mucho menos, democrática.

El informe, que se presentará públicamente el próximo 15 de febrero, ha sido elaborado por Joan Anton Font, secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Isidre Llucià, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona y miembro del Observatorio de la Convivencia y el Civismo de Cataluña, y Glòria Grant, abogada y miembro de la ANC.

Los argumentos mantenidos en sus tesis, sin embargo, chocan con la realidad: el funcionario público es responsable personalmente de sus actuaciones en el desempeño de sus funciones. La ANC dio a conocer este jueves a su militancia algunas de las conclusiones del estudio y aseguraba en una nota realizada con motivo de una conferencia del ciclo ‘Dijous Sectorials’ que la organización “continúa trabajando para alcanzar una mayoría social favorable a la independencia desde el convencimiento de que ninguna actuación basada en el respeto a la democracia y a la soberanía de los ciudadanos de Cataluña, manifestada con el más absoluto civismo y corrección, puede suponer ningún delito de cualquier tipología”.