El Gobierno lleva al TC la Consejería de Exteriores de la Generalitat e impugna sus leyes rupturistas

Primeros pasos del Gobierno en funciones contra la leyes redactadas por Junts pel Sí y la CUP claves para la "desconexión" de Cataluña. El Consejo de Ministros ha dado un paso al frente y llevará al Tribunal Constitucional la creación de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña alegando que la competencia para las relaciones internacionales que se adjudica el Govern de Puigdemont "es del Estado".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado de que "hay un impugnación por conflicto de competencias" y que, por tanto, se suspende la existencia de este departamento atendiendo al informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía, que considera existen consencuencias "contrarias la ordenamiento jurídico". De esta manera el Gobierno frena en seco la "internacionalización del proceso" que encabeza el diputado de Junts Pel Sí Raül Romeva.

El Gobierno acude al alto tribunal alegando, además, que la Generalitat da pasos que incumplen la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración de independencia y que este es uno más.

Impugna la Hacienda, la SS y la Justicia catalanas

En la reunión, que ha estado presidida por Mariano Rajoy y todos los miembros del gabinete a excepción del titular de Defensa, Pedro Morenés, Catalá también ha declarado que también se impugnarán los trámites de Junts Pel Sí y la CUP encaminados a la independencia a través de tres leyes esenciales para crear una Hacienda, una Seguridad Social y una Justicia propias.

Aunque el Gobierno está en funciones a la espera de la investidura del próximo presidente, Catalá ha advertido a los independentistas que el Estado de Derecho "nunca está en funciones" en la tutela, vigilancia y garantía del cumplimiento de la Constitución y de las atribuciones de cada administración.

La decisión del Gobierno en funciones llega menos de 48 horas de que los independentistas registraran este martes las peticiones para la constitución de las tres ponencias conjuntas que se encargarán de elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social, previstas en la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional