COPIA LA MAYORÍA DE PUNTOS DEL DE LAS AUTONÓMICAS

ERC se olvida de las elecciones generales y lanza un programa para un Estado catalán

ERC dice que "después de haber intentado conseguir avances en el autogobierno, es más fácil construir una República de 7,5 millones de personas que no cambiar una Monarquía de 46 millones"

Foto: Oriol Junqueras, durante un mitin. (EFE)
Oriol Junqueras, durante un mitin. (EFE)

Salario mínimo de 1.000 euros o subida de pensiones un 10%. Esas son algunas de las perlas que pone encima de la mesa Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en su programa electoral para el 20 de diciembre. Todo ello en un supuesto contexto político como si las elecciones a las que se presenta fuesen las del Estado catalán y dando por sentado que dispone de “estructuras de Estado” que en Cataluña no existen. Y es que los republicanos parten de una base programática que lo justifica todo: “El Estado español es irreformable e inviable para acoger las aspiraciones legítimas de los ciudadanos de Cataluña en materia social, económica y cultural. El Estado no ofrece ninguna solución a los problemas que padecemos los ciudadanos”.

Recuerda que “ERC, después de haber intentado conseguir avances en el autogobierno durante 2004 y 2005 por la vía del pacto, ha aprendido que es más plausible construir de nuevo una República de 7,5 millones de personas que no cambiar una Monarquía de 46 millones”.

Pero no solo de intenciones puede vivir el político catalán. La independencia se tiene que vestir, o de lo contrario se caería el programa entero. Y, en este sentido, ERC apuesta por machacar con sus eslóganes tradicionales y expone en el programa de las elecciones generales un anticipo de la paradisíaca República catalana. En realidad, algunos de los puntos (que hacen referencia al contexto de la región mediterránea, por ejemplo), son de hace cuatro años y, por si fuera poco, la mayor parte del programa republicano se pierde en copiar extractos del programa electoral de las elecciones autonómicas, haciendo hincapié en la hoja de ruta específica del Gobierno catalán, algo que queda fuera de contexto de la actividad parlamentaria del Congreso.

La última Diada en Barcelona. (EFE)
La última Diada en Barcelona. (EFE)

De ahí que se puedan encontrar párrafos ‘desenfocados’, como uno que dice que “la República catalana es el conjunto de herramientas para satisfacer las necesidades actuales y de las futuras generaciones en materia política, social, económica y cultural”. Otro dice que “el proceso constituyente de la república catalana es, necesariamente, un proceso ciudadano de abajo arriba, ideológicamente transversal y abierto”. Se trata, en definitiva, de un programa poco coherente y que da la impresión de haber sido improvisado.

Hacia la República valenciana

En la mayoría de los capítulos se limita a alabar la República catalana sin abordar las cuestiones de qué harán sus representantes en el Congreso o cuáles serán sus obligaciones. Por relatar, relata, por ejemplo, el “nuevo modelo de organización territorial” del Estado… pero del Estado catalán, claro. Esa organización territorial se expande en uno de los capítulos a los Països Catalans, ya que habla de articular un proceso donde tengan cabida una República valenciana y la “plena soberanía de las Islas Baleares y del actual Departamento de los Pirineos Orientales, como sujetos políticos (asimétricos, obviamente) que proponen reunificarse políticamente en los términos que acuerden las partes”. O el partido se ha equivocado de elecciones o se ha equivocado de territorio.

El programa republicano es una fuente de sorpresas, porque en otro de sus puntos propone: “La negociación con los estados español, francés y andorrano e impulsar la creación de órganos comunes de relación transfronteriza para facilitar los intercambios culturales y la imprescindible cooperación y especialización en ámbitos como el de las infraestructuras (portuarias, viarias, ferroviarias y aeroportuarias)”.

Esquerra promete, asimismo, incrementar “progresivamente la inversión en políticas sociales desde el 22,8% actual hasta el 30% del PIB”. Lo que no queda claro es si esta medida es para el Estado español o el Estado catalán, porque en el párrafo anterior habla de que “Cataluña se ha de plantear un nuevo contrato social que siente las bases de un nuevo Estado del bienestar”. Bajo el epígrafe de “el sistema educativo de la República catalana”, afirma que “priorizaremos la inversión en las estructuras de Estado de la educación para llegar al 6% del PIB”.

Tribunal Constitucional. (EFE)
Tribunal Constitucional. (EFE)

Reclama también en el texto potenciar las “estructuras de Estado” de una Cataluña independiente como si ya fuesen una realidad organismos como la Agencia Catalana de la Seguridad Social, cuando incluso el TC ha alertado de su inconstitucionalidad. Propone, asimismo, “prohibir a los condenados por corrupción ir en una lista electoral, ocupar un cargo en la Administración y trabajar en esta durante 10 años”. Paralelamente, incorpora el elaborar “un nuevo Código Penal para que los delitos por corrupción no queden impunes con los criterios actuales de prescripción”. Y, por supuesto, “obligar siempre a los corruptos a responder con su patrimonio”. Sorprendentemente, en su programa del 20-D lleva “más implementación y dotación para la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, cuando esta es competencia del Gobierno catalán y es este quien debe decidir, mientras que el Congreso de los Diputados no puede hacer nada porque no tiene competencias sobre esa oficina.

Subida de pensiones

En otro alarde de independentismo, la formación republicana propone en otro punto: “Crearemos una Agencia Catalana de Protección Social para unificar el actual sistema de prestaciones y haremos la Ley de Protección Social que definirá el modelo de la transición. El nuevo sistema catalán de Seguridad Social ha de permitir actualizar las pensiones un 10% en cuatro años, de acuerdo con un modelo universal de pensiones contributivas y no contributivas, que garantice una jubilación digna y una cobertura al 100% de toda la población mayor de 65 años”. El salario mínimo quedaría establecido en el 60% del salario medio, “tal y como prevé la Carta Social Europea, que lo situaría en torno a los 1.000 euros mensuales”. También tiene en cartera “la implantación de un sistema de becas salario en la enseñanza de Bachillerato, ciclos formativos y universitario, vinculado tanto a resultados académicos y esfuerzo personal como a la situación económica personal y familiar”.

En fiscalidad, los republicanos defienden reducir el IVA cultural al 4%, reinstaurar los impuestos a la banca, a la energía nuclear y las emisiones contaminantes y el impuesto a las operadoras de telefonía móvil. En materia de inversiones, apuestan por hacer realidad el Corredor Mediterráneo y cubrir, a medio plazo, los 5.000 millones de déficit de inversión en Cercanías y transporte regional.

Asimismo, reclaman la reconversión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público de inversiones industriales, aunque advierten de que “sin el estatus de Estado independiente, Cataluña no podrá conseguir la ficha bancaria pertinente que le permita operar con garantías y la potencia necesaria para financiar adecuadamente nuestras empresas industriales y tecnológicas y poner en marcha proyectos estratégicos”.

Esquerra saca pecho. Asegura que “el Estado español acabará reconociendo, tarde o temprano, a Cataluña como un nuevo Estado en el marco de Europa” porque considera que “el marco mental natural de Cataluña y del Estado español del siglo XXI es el europeo, superando el antiguo paradigma del marco ibérico, propio del siglo XIX”. Asegura también que “la nacionalidad catalana será compatible con la española”. Y vuelve a copiar el programa de las autonómicas cuando promete crear el “Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea”, refiriéndose al papel de la “Cataluña Estado”. Otra incongruencia que nada tiene que ver con el Congreso de los Diputados.


 

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