LA SENTENCIA NO TENDRÁ CONSECUENCIAS POLÍTICAS”

Mas culpa a la CUP por no reaccionar ante el TC: "Como no hay Govern..."

Solo se pueden poner en marcha las leyes de desconexión previstas en la resolución con un Gobierno formalmente constituido

Foto: El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)

El Tribunal Constitucional (TC) puede decir misa. De momento, su más importante resolución de los últimos años no tendrá efecto… excepto algunos ‘daños colaterales’ en el plano electoral. Resulta que declaró inconstitucional la resolución que aprobaron Junts Pel Sí (JxS) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en el Parlamento catalán el pasado 9 de noviembre. Se refería la resolución a la intención del nuevo Gobierno catalán de iniciar el proceso de “desconexión democrática” con España, aprobar las leyes de Hacienda, de la Seguridad Social y del Proceso Constituyente y, de paso, desobedecer las leyes españolas y las sentencias del propio TC.

Decía la sentencia de ayer que la resolución rupturista “es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos”. Para los independentistas, nada más lejos de la realidad. “Para nosotros, lo que diga el Constitucional no tendrá ningún efecto. En el Parlamento, dejamos claro que teníamos una clara voluntad política: iniciar el proceso. Y el TC dice que es inconstitucional. Bien, ¿qué consecuencias jurídicas tiene el tema? Ninguna. Nosotros expusimos una voluntad y el TC la rechaza. Cuando comencemos a realizar acciones y a poner en marcha temas, ya veremos si estamos dentro o no de la ley. Pero, hoy por hoy, no hemos traspasado ninguna norma legal”, explican a El Confidencial fuentes independentistas catalanas.

En similares términos se expresó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, para quien el fallo “no frena los efectos políticos de esta resolución, por tanto, su contenido se mantiene inalterable”. También subrayó que la sentencia “tiene más voluntad política que jurídica”.

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Desde el Gobierno catalán y Junts Pel Sí también se aprovecha para llevar el agua a su molino. “No habrá consecuencias políticas porque no hay un Gobierno estable constituido y eso lo sabe la CUP”. Lanzan, así, el dardo a la formación radical que ha mantenido por más de dos meses paralizada la formación de un nuevo Ejecutivo al negarse a investir a Artur Mas como ‘president’. De hecho, esta advertencia también se hace desde el Govern: solo se pueden poner en marcha las leyes de desconexión previstas en la resolución con un Gobierno formalmente constituido. Munté lo dejó caer subliminalmente: “Es imprescindible que haya un nuevo Govern para aplicar los aspectos centrales de la resolución”. Pero como la CUP no admite la investidura, no se puede hacer nada. La culpa de que no se plasme en la realidad la resolución rupturista, pues, es de los radicales. Paradojas de la política. O del tacticismo de la política.

Adelante con lo previsto

Desde las filas de JxS, sin embargo, se recuerda que “tiramos adelante a velocidad de crucero porque el contenido político de la resolución está intacto”. Se afirma que “la sentencia es política porque la resolución es política” y que “esto es una respuesta de un Estado democrático del siglo XXI”. Es más, se subraya que “desde Madrid, siguen la teoría de que con la ley en la mano callarán al pueblo catalán, pero se equivocan”.

Para Pere Aragonès, portavoz adjunto de JxS, la sentencia es política por tres motivos: “Porque no entra en un debate jurídico, sino en conceptos políticos como ‘soberanía y ‘proceso constituyente’; las formas, porque reproduce todos los argumentos del abogado del Estado y pone de manifiesto que el TC no es independiente, y por los ‘tempos’, porque el TC ha ido a la velocidad del rayo y en menos de un mes ha emitido una sentencia, mientras hay recursos que esperan sentencia desde hace meses”. Por tanto, subrayó Aragonès, “llevaremos adelante las medidas previstas en esta declaración”.

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El líder parlamentario del PP, Xavier García Albiol, por su parte, abogó por aplicar el artículo 155 de la Constitución si las instituciones catalanas no acatan la sentencia. Entre las medidas concretas a aplicar, citó la intervención “de la tesorería”. En todo caso, es partidario de “mano dura” si su presidente catalán, Artur Mas, sigue comportándose “de forma chulesca”. También presentó una iniciativa para que Mas comparezca en el Parlamento y “asuma el compromiso solemne de respetar el Estado de derecho y se pronuncie de manera clara sobre si el Govern respetará el Estatuto, la Constitución y las normas de convivencia”.

Los independentistas catalanes aseguran que “nosotros no hemos hablado nunca de salir de la ley. Otra cosa es la legalidad, porque hay varias clases de legalidad y nos podemos acoger, por ejemplo, a la internacional. Pero en este caso concreto, lo que pretendemos es cambiar la legalidad española por la legalidad catalana, que es la nuestra. Y eso solo se puede hacer con un Gobierno estable. Que la CUP tome nota”.

Recelos por una “sentencia récord”

También critican que “el Tribunal Constitucional haya sido capaz de emitir sentencia en un tiempo récord de tres días, cuando la Ley del Marco Local, por ejemplo, hace dos años que espera sentencia. Eso nos demuestra que en el fallo del TC ha habido una intervención política. Por eso no nos merece ninguna credibilidad esta sentencia”. Y recuerdan que el jurista y exdirigente de CDC Miquel Roca “ya lo dijo hace años, cuando el Constitucional se pronunció sobre la Ley de Consultas: que las resoluciones del TC en el ámbito catalán no le merecen ningún crédito. A nosotros, tampoco”. La portavoz del Gobierno catalán también criticó la celeridad del TC en dictar sentencia en 25 días, lo que “contrasta con tantas otras que afectan a aspectos esenciales de los ciudadanos que no han sido resueltas”.

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Pero, mientras, los radicales de la CUP son partidarios de hacer caso omiso de la sentencia. En un comunicado, esta organización asegura que “estos últimos días los ataques [del Estado español] han pasado del terreno simbólico a atentar contra la libertad política, la democracia y condiciones de vida de los catalanes”. Asegura el escrito que el TC está “deslegitimado” y que desde la CUP “no reconocemos a este tribunal ni consideramos aplicables sus resoluciones”.

La formación independentista apoya también a “los ayuntamientos y cargos electos que se ven amenazados por las diligencias abiertas por la Audiencia española por haber manifestado su apoyo a la Declaración de Ruptura del Parlamento en sus respectivos plenos”. Se refiere el comunicado a las diligencias abiertas contra los ayuntamientos de La Seu d’Urgell y Celrà, que aprobaron mociones de apoyo a la desobediencia de las leyes españolas y cuyos integrantes pueden ser acusados de rebelión y sedición.

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