Aprueba por unanimidad que el Gobierno recurra

El Consejo de Estado responsabiliza a 21 cargos de la resolución independentista

"Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional", dice el acuerdo de la Comisión. Rajoy tiene previsto presentar el recurso ante el TC este miércoles

Foto: El 'president' en funciones de la Generalitat, Artur Mas, este martes en el Parlament. (Reuters)
El 'president' en funciones de la Generalitat, Artur Mas, este martes en el Parlament. (Reuters)

El dictamen del Consejo de Estado que avala la impugnación por el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional (TC) de la denominada resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP plantea que el órgano de garantías incluya tres puntos concretos en la providencia que previsiblemente dictará admitiendo a trámite el citado recurso. Entre ellos, que la providencia se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos electos y del gobierno de Cataluña.

En concreto, se propone pedir que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.

Los expresamente "apercibidos"

Además de los dos antes citados, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento,  Pere Sol i Ordis.

Junts pel Sí y la CUP inician la ruptura con el Estado

La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.

La notificación debe extenderse, "en su caso a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento Catalán".

Entiende el Consejo de Estado que debe solicitarse también al Tribunal Constitucional que la notificación se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con previsto en el artículo 92.4b) de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como de "procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento".

Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa "la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (...) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida".

Incluyen en esta prohibición el anexo con los derechos sociales incluido el pasado viernes, y también que el presidente de la Generalitat o cualquier miembro de su Consejo de Gobierno promuevan iniciativa legislativa alguna, sea del rango que sea, con la misma finalidad.

Aprueba por unanimidad que el Gobierno recurra

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un informe favorable a la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña. [Siga en directo la primera votación de investidura de Artur Mas]

"Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional", dice el acuerdo de la Comisión, que ha estado reunida desde las 13 horas de este martes para estudiar el trabajo realizado por la sección primera del Consejo a partir del expediente que este lunes por la tarde le entregó el Ejecutivo. Tras más de una hora de reunión, el informe favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno.

La Comisión Permanente está presidida por el presidente del órgano consultivo, José Manuel Romay Beccaría, y por los consejeros permanentes, que actualmente son Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso García. Uno de ellos, José Luis Manzanares, ha afirmado a los medios de comunicación al terminar el encuentro que el Consejo de Estado está "muy de acuerdo con lo que ha propuesto el Gobierno".

Rajoy, este lunes durante su comparecencia en Salamanca. (Efe)
Rajoy, este lunes durante su comparecencia en Salamanca. (Efe)

El recurso se presenta el miércoles

El presidente, Mariano Rajoy, tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC, para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros y esta tarde lo hará la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que elevará propuesta de recurso. Previamente, necesitaba tener este informe del órgano consultivo del Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones.

Según ha señalado Rajoy, en el recurso de inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno", la "inmediata suspensión" de esta iniciativa y "de todos sus posibles efectos". Además, el presidente ha dejado claro que pedirá al Constitucional que la suspensión de la declaración del Parlamento catalán, en caso de ser acordada, sea comunicada "expresamente" a su presidenta, Carme Forcadell, "para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia".

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