El TC admite los recursos de amparo de C's, PP y PSC y retrasa su decisión sobre el pleno

La decisión de la mesa del Parlamento catalán de tramitar la declaración soberanista de Junts pel Si y la CUP para debatirla en el pleno de la Cámara es "una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales". Así lo han apreciado los 11 magistrados del Tribunal Constitucional al admitir a trámite por unanimidad los recursos presentados contra ella por Ciudadanos, PP y PSC. El pleno del TC ha interrumpido su reunión pasadas las 13.00 y no la reanudará hasta las 16.30, cuando abordará la suspensión de las resoluciones recurridas, y por tanto, del pleno de la cámara anunciado para el próximo lunes en el que está previsto que se debata el texto de ruptura con España.

Las tres providencias de texto idéntico en las que se recoge la decisión de los magistrados analiza, además, los requisitos para que el tribunal pueda abordar los recursos. El texto asegura que la cuestión tiene "especial relevancia constitucional" como exige la Ley Orgánica del tribunal y considera que plantea cuestiones "sobre la que no hay doctrina de este tribunal" y que "trascienden del caso concreto". El órgano ha dado al Parlamento catalán un plazo de 10 días para que certifique o envíe copia adverada de las resoluciones recurridas por las tres formaciones, un requisito formal. Esta tarde abordarán la paralización del proceso que solicitan Ciudadanos y el PP, pero no el PSC.

Ayer miércoles, solo dos horas después de que las tres formaciones presentaran sus recursos en el registro, el tribunal anunció que sería el pleno y no una sección de tres magistrados quien asumiría su tramitación. La decisión se produjo a petición de las dos salas del tribunal encargadas de resolverlos. A la primera correspondían los recursos de Ciudadanos y el PP. La del PSC recayó en la segunda. Los líderes de los tres partidos se hicieron juntos la foto a las puertas del tribunal, aunque sus respectivos escritos combaten con diversa intensidad el texto independentista de Junts pel Sí y la CUP. Mientras Ciudadanos y el PP pidieron la suspensión inmediata de la decisión del Parlamento catalán, el PSC, aconsejado por sus servicios jurídicos, no lo hizo, al considerar que el tribunal no la acordará.

Las formaciones de Inés Arrimadas y Xavier García Albiol quieren que el tribunal se pronuncie antes del próximo lunes, la fecha anunciada por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para la celebración del pleno en el que se tendría que debatir y votar la iniciativa independentista. Así pues, el alto tribunal tiene un plazo de cuatro días para decidir si admite a trámite los recursos y si frena los trámites previos a la convocatoria de esa reunión plenaria, aunque podría resolver la cuestión hoy mismo.

Ciudadanos pide al tribunal que suspenda los acuerdos de la mesa que admitieron a trámite la declaración soberanista y los que rechazaron su impugnación y la del PSC. Porque, según su recurso de amparo, de debatirse en el pleno del Parlamento y aprobarse, se consumaría la desconexión de Cataluña del orden constitucional español, “la desobediencia de las instituciones catalanas a todas las resoluciones que puedan dictar las instituciones constitucionales españolas y el inicio de un proceso constituyente exclusivamente catalán para la secesión de ese territorio y la creación de una república independiente”, según su escrito.

El PP, por su parte, afirma que, de no adoptarse la suspensión con carácter urgente, se perdería la finalidad de su recurso, “ya que la deliberación y votación en el pleno del Parlamento catalán (…) se ha anunciado para el próximo lunes”. La no suspensión de los acuerdos impugnados, añade el recurso de la formación de Xavier García Albiol, “atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia”.

El PSC, sin embargo, no incluye en su recurso esta petición. Fuentes de esa formación aseguran que sus servicios jurídicos aconsejaron no hacerlo al considerar que la suspensión del acto impugnado en la tramitación de un recurso de amparo es una medida que solo se adopta en situaciones de gran excepcionalidad y, en este caso, consideran que no se dan.

Sobre el fondo del asunto, Ciudadanos afirma que tanto el acuerdo de la mesa por el que se admitió a trámite la propuesta soberanista como el que rechazó las solicitudes de reconsideración presentadas por su grupo y el PSC vulneran el derecho fundamental de sus parlamentarios a desempeñar sus cargos públicos conforme a lo que disponga la ley (artículo 23.2 de la Constitución). El recurso asegura que la mesa debió rechazar la moción soberanista al contrariar esta “clara y palmariamente” la Constitución, plantear “cuestiones manifiestamente ajenas a la competencia del Parlamento” y subvertir “el mandato representativo”.

El PP, por su parte, además de esos dos acuerdos, recurre también la decisión de la mesa de tramitar la propuesta de ruptura con España por la vía de urgencia y la de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de convocar la junta de portavoces sin que el PP se haya constituido como grupo parlamentario ni, por tanto, haya nombrado portavoz. En su escrito, asegura que esa propuesta, “de forma notoria y grosera, pretende el establecimiento de una Cámara con poderes ilimitados e incita a la desobediencia frente a nuestro sistema constitucional de convivencia” al autoproclamarse “como depositaria de una soberanía catalana” capaz de declarar “un proceso constituyente”, “estableciéndose como único poder de facto en Cataluña y anulando a todos los demás”.

Al igual que Ciudadanos, el PP considera que la mesa del Parlamento “tiene la obligación de inadmitir las iniciativas que vulneren la Constitución y el Estatuto de Cataluña” y no puede limitarse a comprobar el cumplimiento de los requisitos formales de las propuestas de resolución, según varias sentencias del Constitucional que cita. Al no haberlo hecho, ese órgano parlamentario habría vulnerado el derecho fundamental a acceder a cargos públicos de sus ciudadanos y a ejercerlos conforme a la Constitución y la ley. Respecto a la convocatoria por Forcadell de la junta de portavoces, asegura: “Un órgano cuyos miembros aún no se han designado no puede convocarse lícitamente de acuerdo con las reglas de juego parlamentarias”.

Como los anteriores, el del PSC se explaya al explicar la inconstitucionalidad y la vulneración del Estatuto de Cataluña que suponen las pretensiones de la propuesta de resolución, aunque su recurso se centra únicamente en el acuerdo de la mesa que rechazó reconsiderar la admisión a trámite de dicha moción. “Nos encontramos ante una iniciativa totalmente incompatible desde su fundamento con un ordenamiento constitucional y estatutario que es precisamente del que traen causa las instituciones catalanas y cualificadamente el Parlament, y del que se deriva su propia legitimidad democrática”, advierten los socialistas.