EL ‘GOVERN’ COMPROMETE LAS AUDITORÍAS DE LOS tres PRÓXIMOS AÑOS

Artur Mas gasta más de un millón de euros en muebles para su Agencia Tributaria

El 2 de julio, la Agencia Tributaria catalana encargó a la comisión central de suministros la licitación del mobiliario necesario para las dependencias de su Hacienda ubicadas en el Paseo de la Zona Franca

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

¿Farmacias?¿Ley de la Dependencia? ¿Servicios Sociales? ¿Guarderías? ¿Deuda con el Ayuntamiento de Barcelona? ¡Nada de eso! Muebles para la Hacienda catalana. Esa es la prioridad del Gobierno catalán. El pasado 2 de julio, la Agencia Tributaria catalana, o sea, la principal ‘estructura de Estado’ que reconoce Artur Mas, encargó a la comisión central de suministros la licitación del mobiliario necesario para las dependencias de su Hacienda ubicadas en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona. Se trataba del expediente 2012-5.S.ATC.

Y no es una cantidad pequeña: el valor del contrato es, nada más ni nada menos, que de 1.058.079,39 euros, desglosado en 874.445,78 euros de principal y 183.633,61 euros de IVA. En la resolución de adjudicación, consta fehacientemente que “el 17 de septiembre de 2015 se hizo, de acuerdo con la cláusula décima del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares y en sesión privada, la apertura de los sobres B, correspondientes a la contratación de referencia de las empresas licitadoras presentadas en el procedimiento”.

Pero lo curioso es que el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que debían regular la contratación fueron aprobados tan solo unos días antes: el 3 de septiembre. Y para dar validez a la contratación, el Gobierno ‘invitó’ a determinadas empresas a acudir a la licitación. Dos semanas más tarde, en plena campaña electoral y antes de conocer los resultados del 27-S, Mas adjudicaba el concurso. Si no hubiese llegado a ganar, su sucesor se hubiese encontrado con el concurso licitado y adjudicado sin comerlo ni beberlo. Y eso, sin saber si se podrán utilizar esas dependencias, puesto que la Hacienda catalana no puede funcionar si no está conectada a la base de datos de la Hacienda española. Y no parece que el Gobierno español vaya a facilitar esa conexión. O sea, un despropósito en toda regla. Es poner los bueyes delante del carro.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La premura del tiempo, sin embargo, hizo que toda la orquestación del Gobierno catalán no fuese sino una gran chapuza, hasta el punto de que el 21 de septiembre la mesa de contratación tuvo que requerir a las empresas ‘invitadas’ la presentación de aclaraciones “para poder verificar los artículos ofrecidos y confirmar la calidad y prescripciones técnicas solicitadas”.

El 2 de octubre, finalmente, se validaron las propuestas y el 7 de octubre se reunió la mesa para valorar las ofertas más ventajosas económicamente, para acabar dando el visto bueno la Intervención de la Consejería de Economía el 21 de octubre. En total, se adjudicaron ocho lotes.

Auditorías a gogó

No es la única adjudicación urgente que ha hecho el Gobierno catalán últimamente. Antes de las elecciones del mes de septiembre, Mas convocó otro concurso para elaborar las auditorías de un total de 11 empresas públicas: Fira 2000, Teatre Nacional de Catalunya, Infraestructures (la antigua Gisa), Actius de Muntanya, Avançsa, Avançsa Grup, Comercial de la Forja, Forjas de Cantabria, Equacat, Promotora d’Exportacions Catalana e Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat).

En este caso, se trataba de adjudicar las auditorías de las cuentas de las citadas compañías que se hagan en los tres próximos ejercicios, es decir, las de los años 2015, 2016 y 2017. El valor estimado del contrato, según consta en los documentos oficiales, es de 589.925,82 euros, IVA incluido, aunque finalmente la adjudicación se hizo por 306.300 euros más IVA, lo que totaliza algo más de 370.000 euros.

La empresa ganadora lo hizo gracias a la excelente puntuación obtenida en el apartado de la oferta económica, en la que ‘barrió’ literalmente a sus oponentes: le sacó 10 puntos a la segunda clasificada, que en el apartado técnico y en la valoración de formación era muy superior. En la oferta económica, solo la superaba de las otras cinco licitantes, que sin embargo se había quedado muy atrás en el resto de condiciones para ganar el concurso. Para la adjudicación se tuvieron presentes varios parámetros: la valoración técnica, la valoración de la experiencia, la valoración de la formación y la valoración del precio. Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría ganó el concurso con 87,43 puntos, frente a los 87,03 de su inmediata competidora.

El Gobierno catalán también adjudicó un contrato de 22,3 millones a Alphabet España por el arrendamiento con opción de compra de 820 vehículos de la Policía

Lo que llama la atención en este caso es también la premura en adjudicar un contrato que debe comenzar a ejecutarse el año que viene, cuando los ejercicios contables de 2015 de las empresas públicas hayan sido cerrados. La apertura de sobres, en este caso, se hizo entre los días 22 y 28 de septiembre, y la adjudicación definitiva de la mesa de contratación se produjo el día 30 de septiembre, tres días después de las elecciones.

El 7 de septiembre, cuatro días antes de comenzar la campaña electoral, el Gobierno catalán también adjudicó un contrato de 22,3 millones de euros (que con el IVA ascendía a 27 millones de euros) a la compañía Alphabet España Fleet Management por el arrendamiento con opción de compra de 820 vehículos de la Dirección General de la Policía. Este contrato se dividía en 11 lotes y a él concurrían tres empresas: la adjudicataria, el Banco Santander y Lease Plan. En seis de los lotes, obtuvieron más puntuación las dos últimas empresas, pero el 21 de septiembre, la mesa de contratación acordó “elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación de todos los lotes a favor de la empresa Alphabet”. El motivo fue que en la “oferta integradora”, los criterios de “juicio de valor” fueron definitivos y excluyeron a Santander y Lease Plan, a pesar de que las ofertas económicas en estas eran mejores.

Cataluña

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