Mas admite que CDC recibió 10 millones de empresarios… porque eran militantes

Nada que ver. Inocencia total. “Y tú más”. El presidente catalán, Artur Mas, no se da por aludido y ve una conspiración en su contra y en contra del proceso, al margen de si hay indicios o pruebas de delitos contra los sucesivos tesoreros de su partido. Su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament (la cámara está disuelta, por lo que se habilita la Diputación Permanente) para dar cuenta de los procesos de adjudicación en la empresa pública Infraestructures, cuyo director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido esta semana en el marco de la operación Petrum III.

La cara de Artur Mas era un poema al inicio de la comparecencia, por algo acababan de detener al extesorero de su partido, Daniel Osàcar, que ya está imputado por el caso Palau de la Música. Osàcar, por si fuera poco, había sido su secretario particular, aunque fue puesto en libertad a última hora de la mañana tras declarar ante el juez.

Pero todo esto parece ser premeditado, al decir del propio Mas. Y puso en marcha el ventilador. Aseguró que sólo quería hablar de lo suyo, pero fue enumerando irregularidades de los otros partidos en un absurdo monólogo: fue interrumido por el popular Santi Rodríguez y la presidenta del Parlament llamó a este diputado al orden; minutos más tarde, cuando Rodríguez fue interrumpido continuamente en su intervención y pidió que aplicase la misma medida, la decisión de la presidenta fue decirle que se le había acabado el tiempo. Es sólo un síntoma del clima político que se respira.

Por lo demás, el ‘president’ iba a la suya: “Se están criminalizando las aportaciones a un partido, a Convergència, y no a otros. ¿Y por qué? Pues para debilitar a una formación y dejarla en inferioridad de condiciones”, acabó diciendo. En otras palabras, denunció una operación política para dejar a su partido y al proceso independentista en paños menores, lo que fue luego desmentido por el resto de partidos. Lo rubricó en su turno de réplica: intentan erosionar a CDC porque “identifican que es una pieza clave de muchas cosas”. Para quien lo quiera ver mejor: se refiere al ‘procés’. Victimismo puro y duro.

Y más victimismo: admitió que el escándalo del proceso que ha llevado a la detención de sus tesoreros deviene de una denuncia de una concejal en Torredembarra. Pero ahí quiso meter cuchara:”Si es un tema de Torredembarra, ¿qué hacen fiscales de Madrid en el caso? ¿Es que no hay fiscales en Cataluña? Y no son fiscales menores”. Obvia el ‘president’ que es la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público es autónomo de operaciones políticas e incluso territoriales. Por tanto, ni siquiera un fiscal que no sea de Anticorrupción podría intervenir. ¿Desconocimiento o manipulación? Ya se quejó el portavoz de ICV, Joan Herrera, de que su comparecencia estaba plagada de “medias verdades, algunas mentiras y muchas trampas”.

El ventilador

Subrayó que “no se escondió nunca que había empresas donantes a la Fundación CatDem. Está en la contabilidad del partido. Y para tener los datos no hacía falta montar esta parafernalia. Toda la documentación la tiene el Tribunal de Cuentas, o sea, es conocida y transparente. Pero recuerdo que estas empresas también hicieron donaciones a otros partidos y eso no ha salido nunca. No puede ser que si dan dinero a CDC sea ilegal y si dan dinero a otros, no”. Ya se dolió el socialista Miquel Iceta: “Parece conocer mejor las donaciones de los otros partidos que las suyas propias”. Y fuera de esos aspectos, se limitó a enumerar las clases de contratos que hace la administración en un intento de acotar la que está cayendo a un mero formalismo burocrático de la Administración.

Sin embargo, abrió una nueva línea de defensa: admitió que había recibido donaciones porque muchos de los empresarios donantes son militantes de CDC. Una afirmación que jamás se había hecho. No es moco de pavo: estamos hablando de unos 10 millones de euros en donaciones en un periodo de poco más de cinco años. “Desconozco si el partido recibió 10 millones de euros”, afirmó.

Luego justificó que las constructoras implicadas reciben adjudicaciones no sólo de la empresa pública Infraestructuras, sino de otros organismos. Y subrayó: “No hay vinculación entre adjudicación y donación. Además, algunos directivos de estas empresas son militantes de CDC desde hace muchos años y aportan dinero. Y hay otras empresas constructoras que ayudan más a un partido que a otros porque defienden un modelo de sociedad que consideran que es mejor. Pero eso no es categoría penal. No son delito esas donaciones”. En definitiva, ya quisieran muchos partidos tener unos militantes tan generosos como Convergència.

Sus tesis fueron compartidas por el grupo de Convergència i Unió,cuyo portavoz, Jordi Turull, agradeció el tono académico de la explicación del tipo de contratos explicado por el ‘president’ y denunció el operativo montado,”con policías vestidos de ninja, que fue absolutamente desproporcionado, y todo para buscar unos papeles que ya tenían y una copia de los ordenadores”. Turull denunció también que “desde hace diez años, se intenta crear un retrato determinado de Convergència a golpe de martillo”. Y, parafraseando a Artur Mas, sentenció: “¿Hubo donaciones? Sí. ¿Eran legales? Sí.
¿Fueron acordadas por los consejos de administración de las empresas? Sí. Entonces, ¿qué buscan con esto? Parece que si uno es militante de Convergència ha de trabajar fuera de Cataluña, ya que si un militante da dinero al partido parece delito”.

Reunión con Jordi Pujol

Mas también reconoció que el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil llegó a la sede de CDC, él se encontraba reunido con Jordi Pujol, con quien se ha visto media docena de veces desde la confesión del expresidente sobre sus cuentas en Andorra. “¿Es que es un delito ver a alguien? Lo dicen como si fuese una falta o un problema. Y lo volveré a ver. ¿Dónde está el problema? ¿He de explicar las conversaciones privadas que tengo con él? ¿O incluso las políticas, si tengo alguna? Y ahora pregunto yo: eran las 9 de la mañana y salí a 10.15 cuando se me advirtió lo que estaba pasando. Pero, ¿hay seguimientos especiales para ver quién se reúne con quién? ¿Quién los hace? ¿Por qué motivo? ¿Por qué me ponen a mí por medio?”.

Varios de los grupos parlamentarios pusieron también en duda la transparencia del Gobierno catalán. A este respecto, sacaron a colación el hecho de que uno de los empresarios detenidos, Josep Manel Bassols, sea el marido de la Comisionada por la Transparencia, la exmagistrada Núria Bassols. Para más inri, esta magistrada desimputó al diputado Ferran Falcó en el ‘caso Adigsa’, uno de los seis casos por corrupción que afectan a CDC. Dos meses después, fue fichada Artur Mas con salario de consejera. Un fichaje más que sospechoso y con poca o nula transparencia. El ‘president’ señaló que no la hacía responsable de cosas que afectan a su marido. “Pero, evidentemente, lo comentaremos con ella. Quiero escuchar su propia versión, porque no he tenido tiempo de hacerlo y eso será objeto de análisis y debate con ella”, se comprometió.

“Todos los grupos, excepto los portavoces de CiU y ERC han hablado de la conveniencia de que yo dimita. Tomo nota. No me sorprende. Me dijeron lo mismo hace dos meses, pero desde entonces hemos pasado por unas elecciones y un 77% de la gente ha ido a votar. Y ustedes me siguen diciendo lo mismo. Y me lo dicen un mes después de las elecciones. ¡No ha pasado ni un mes! Y yo tengo dos veces y medio más diputados que el segundo. Me siguen diciendo que ‘plegue’?¿Es de un gran sentido democrático decirme esto ahora, cuando acabo de ganar las elecciones?”, replicó más adelante. Claro que tampoco había habido un nuevo registro en la sede de su partido ni habían detenido a sus dos últimos tesoreros. Motivo suficiente para poner su honorabilidad en ‘stand by’ y su continuidad en entredicho.

Tras asegurar que “el máximo y único responsable de las finanzas de Convergència es el administrador”, aseguró que sigue manteniendo la confianza en los dos tesoreros detenidos, así como en el director general de Infraestructures. Pero su línea de defensa es muy clara: Artur Mas intenta fijar todo el proceso en un solo punto: la normativa no deja resquicios a que las adjudicaciones públicas puedan amañarse. Por algo insistió en que Infraestructures es una “empresa modélica” en cuanto a adjudicación pública. “Y si no hay trato de favor por parte de la Administración, el resto cae por su propio peso. No puede haber habido donaciones a cambio de adjudicaciones; por tanto, no puede haber delito y no entiendo de qué va esto, de qué va todo este montaje, porque se ha hecho un gran espectáculo público previo a la investigación”. El espectáculo, desde luego, está servido. Pero también le recordó Joan Herrera: “Por favor, no insulten a la inteligencia”.