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Artur Mas esperará a que le inhabiliten para comenzar la 'desconexión' con España
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la cup entraría en un gobierno de concentración

Artur Mas esperará a que le inhabiliten para comenzar la 'desconexión' con España

Arropado por 3.000 personas, 400 alcaldes con su bastón de mando y la plana mayor de su Gobierno, el 'president' se erigió ayer en el 'mártir' político del 'procés'

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (Reuters)

Tras su polémica y publicitada comparecencia de ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declinó aclarar qué haría en caso de que se le inhabilite. “Depende de la situación jurídica del momento”, señaló lacónicamente. La estrategia de los independentistas es pasar al contraataque ante cualquier iniciativa en su contra realizada desde cualquier instancia, política, económica o jurídica. La inhabilitación será, según fuentes soberanistas, el chispazo para accionar el interruptor de la desconexión con España.

“Podría ser el punto del proceso exacto para decretar la separación, con todo lo que ello conlleva. A partir de ese momento, dejaría de tener vigor la legislación española y entrarían en vigor las leyes catalanas que están suspendidas por el Constitucional. Además, se podría legislar en temas nuevos que ahora tenemos vetados. En definitiva, habremos dado un nuevo paso en el proceso, avanzando en la hoja de ruta que tenemos”, explican las fuentes citadas.

Los pasos a seguir a partir de ese momento se detallan tanto en los documentos de Junts Pel Sí como en los informes que el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), el órgano que creó Artur Mas para que le mostrara el camino hacia la independencia y los recursos a su alcance. La hoja de ruta de la candidatura prevé que “en caso de que las instituciones políticas o jurídicas bloqueen el autogobierno de Cataluña, el Gobierno y el Parlamento procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica”.

Un Gobierno de concentración

En su programa electoral, la candidatura recoge que, al mismo tiempo, también “se aprobará la Ley del Proceso Constituyente”, una situación que, llegado el caso, quieren reforzar con “un Gobierno de concentración tan amplio como sea posible, el cual habrá de gestionar la agenda de negociación española, así como la agenda internacional para el reconocimiento del mandato a favor de la independencia”.

En este aspecto, Mas cuenta con todo el apoyo de su partido y de la candidatura de Junts Pel Sí. Incluso, parlamentariamente hablando, tendría el apoyo incondicional de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que con sus 10 diputados no desdeñaría apoyar la ruptura. En realidad, es la CUP quien pide que, antes de dar su apoyo al ‘president’, este visualice la “ruptura democrática” con España. Tanto es así que el modo de oficializar la ‘desconexión’ es el tema principal de una de las cuatro comisiones de negociación que Junts Pel Sí y los radicales han creado para estudiar cómo dar luz verde a la investidura de Mas como presidente.

Leyó un manifiesto ante el juez

Artur Mas leyó una confesión que llevaba escrita en un papel ante el juez que ayer por la mañana le tomó declaración en la sede del TSJC. Así lo expresaron a El Confidencial fuentes presentes en la toma de declaración. El propio secretario general del sindicato Manos Limpias, acusación en el caso, Miguel Bernad, confirmó a este diario el hecho. “Llegó en plan chulesco y prepotente -afirmó Bernad-. En un momento determinado, sacó un papel y durante 10 minutos lo estuvo leyendo ante el magistrado, que le dejó hacer”. Ni Artur Mas ayer ni la exvicepresidenta Joana Ortega ni la consejera de Educación, Irene Rigau, que declararon el martes, respondieron a las preguntas de su abogado. Tampoco lo hicieron a las de Fiscalía, mientras que sí respondieron a las preguntas del juez y de los abogados defensores.

El magistrado no era otro que Joan Manuel Abril, propuesto para el cargo a instancias precisamente de Convergència i Unió (CiU). Bernad asegura que “no había visto nunca nada semejante, porque el juez le tendría que haber cortado. Lo que hizo simplemente fue leer un manifiesto en el que denunciaba que era un juicio político y que él solo había hecho la consulta que quería el pueblo. No fue más que un mitin”.

El dirigente sindical explica también que había previsto realizar manifestaciones a la salida del tribunal pero que los Mossos d’Esquadra le aconsejaron no hacerlo debido al ambiente que había afuera, con varios miles de personas manifestándose a favor de Mas. “Algunos de ellos comenzaron a insultarnos y los Mossos me sacaron por una puerta lateral para que la cosa no se complicase”, añade Bernad.

Nueva denuncia por sedición

Manos Limpias presentó esta semana una ampliación de la querella añadiendo el delito de sedición, que según el sindicato es “la subversión del orden constitucional sin alzamiento armado, simplemente arengando a los ciudadanos y conminándoles a desobedecer las leyes”. El TSJC, sin embargo, no acumuló esta nueva denuncia a la causa, sino que prefirió abrir un nuevo procedimiento para determinar si acepta a trámite la nueva denuncia. Mas, Ortega y Rigau están acusados, de momento, de cuatro presuntos delitos: prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.

El sindicato también presentó una denuncia contra la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a quien acusa también de sedición por llamar a desobedecer las leyes españolas. En su denuncia, pide que se ilegalice a este partido, que en las elecciones del pasado 27 de septiembre obtuvo 10 diputados.

Tras su polémica y publicitada comparecencia de ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declinó aclarar qué haría en caso de que se le inhabilite. “Depende de la situación jurídica del momento”, señaló lacónicamente. La estrategia de los independentistas es pasar al contraataque ante cualquier iniciativa en su contra realizada desde cualquier instancia, política, económica o jurídica. La inhabilitación será, según fuentes soberanistas, el chispazo para accionar el interruptor de la desconexión con España.

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