Los independentistas redoblan la presión: desfile de ‘fajines’ para apoyar a Artur Mas

Si no quieres caldo, dos tazas. Esa es la receta de los independentistas ante las quejas de los jueces sobre las interferencias a su labor en el caso 9-N, por el que este jueves tendrá que declarar el presidente catalán, Artur Mas, acusado de presunta desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Tras una dura nota del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que acusaba al Gobierno catalán de interferir en sus actividades, este miércoles fue la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria la que volvió a criticar las concentraciones ante la sede del TSJC porque “erosionan la confianza ciudadana en la labor discreta y diaria de los tribunales de justicia y enturbian la cordialidad de las relaciones institucionales entre poderes separados e independientes”.

[Siga en directo el juicio a Mas por el 9-N​]

Ante la pataleta judicial, los poderes fácticos catalanes han redoblado los esfuerzos por movilizar a más gente y, concretamente, a sus cargos públicos. La Asociación Catalana de Municipios (ACM), una entidad dominada por Convergència, y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) han convocado a más de 400 alcaldes catalanes para desfilar por Barcelona, con vara de mando, insignias y fajín incluidos. Curiosamente, los dos presidentes de las entidades municipalistas son convergentes: Carles Puigdemont, de la AMI, y Miquel Buch, de la ACM. Ambos encabezarán el desfile desde el Parlamento hasta el cercano TSJC.

Las dos asociaciones han convocado a los suyos a las 8:30 de la mañana, con tiempo de sobras para escenificar la concentración frente a la cámara legislativa, realizar el vistoso recorrido vestidos con sus instrumentos de mando y personarse ante el Palacio de Justicia a las 10 de la mañana, hora en que el ‘president’ está llamado a declarar.

Los independentistas también han sacado su artillería para contrarrestar las críticas judiciales. La AMI, la ACM, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural emitieron ayer por la tarde un escrito donde afirman que “el comunicado del TSJC es inaceptable, tanto por el intento de coaccionar el libre derecho a la manifestación de la ciudadanía como por las afirmaciones inexactas sobre los objetivos y los convocantes de las concentraciones”.

​“Nosotros somos los responsables”

Las cuatro entidades se arrogan la paternidad de las protestas y aseguran que “en ningún caso han sido instigadas o lideradas por el Gobierno de Cataluña”, a pesar de que todos los consejeros del mismo acudieron a la puerta del tribunal. “El objetivo de las concentraciones es el de hacernos corresponsables de la celebración de la consulta del 9-N y mostrar el apoyo a las personas imputadas por haber cumplido con el mandato democrático surgido de las urnas”.

También denuncian los secesionistas “la judicialización a la que se ha visto sometido el proceso político que se vive en Cataluña desde el primer momento. A diferencia de casos como el escocés, en que la respuesta a un conflicto político ha sido política, el Estado español ha respondido únicamente con amenazas y tribunales a cualquier intento de consultar a los catalanes y catalanas sobre el futuro político del país. Una actitud que reafirma la necesidad de avanzar hacia la República catalana cumpliendo con el mandato surgido de las urnas el 27-S”.

En otro párrafo, las entidades llegan a afirmar que el comunicado de los jueces es una cortina de humo porque “pretende desviar la atención sobre la raíz del problema: la falta de calidad democrática del Estado español y el hecho de que tres representantes políticos estén imputados por llevar a cabo una consulta democrática”.

El día de Artur Mas será completo: a primera hora, rendirá homenaje a Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 en Montjuïc, y de allí, al TSJC a declarar. Todo parece indicar que Mas seguirá el ejemplo de las otras dos imputadas que ya tuvieron que ir a declarar este martes, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. Ambas señalaron ante los magistrados que 48 horas antes de poner las urnas el 9 de noviembre del año pasado, la Generalitat envió un recurso pidiendo una aclaración sobre qué aspectos de la jornada debían anular, ya que no entendían el fallo del Constitucional. En su sentencia, el TC anulaba “los actos impugnados”, lo que, a primera vista, despejaba cualquier duda. En esos dos días, el TC no tuvo tiempo de contestar al recurso y ahora los altos cargos de la Generalitat se agarran a esa circunstancia.

Paralelamente, el Tribunal ha solicitado al Gobierno catalán el coste del material informático usado el 9 de noviembre. En esa jornada, se utilizaron unos 7.000 ordenadores que, según Educación, ya se encontraban en los colegios y que luego continuaron allí. De todos modos, también se tomará declaración a un responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) para delimitar los gastos en que pudo incurrir la Administración catalana al insistir en celebrar el referéndum.