EL TSJC DENUNCIA INTERFERENCIAS DEL GOBIERNO CATALÁN

Los seguidores de Mas ignoran a los jueces y seguirán tomando la calle

La presión política sobre la judicatura no parece ser normal. Y por ello, el TSJC emitió un comunicado a primera hora de la tarde denunciando los hechos por su gravedad

Foto: Cientos de personas se han concentrado a las puertas del TSJC para mostrar su apoyo a la consellera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau. (EFE)
Cientos de personas se han concentrado a las puertas del TSJC para mostrar su apoyo a la consellera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau. (EFE)

Gestión de Gobierno no hay mucha, pero 'rebomborio' mediático, sí. La casi totalidad del Gobierno catalán escenificó hoy -día de la reunión semanal del Gabinete de Artur Mas- su apoyo a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau, que tuvieron que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presunta desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos al haber instigado la consulta del 9 de noviembre de 2014. El tribunal denuncia “presiones intolerables”, pero desde los partidos políticos, el Gobierno catalán y la “sociedad civil” se mantienen las concentraciones para mañana jueves, cuando vaya a declarar el ‘president’.

La ocasión fue aprovechada por los independentistas y el Gobierno catalán para acudir en masa a la puerta del TSJC. Porque no solo estuvo el Gobierno catalán (hicieron acto de presencia Neus Munté, Meritxell Borràs, Felip Puig, Germà Gordó, Santi Vila, Boi Ruiz, Jordi Jané, Ferran Mascarell o Francesc Homs): también estaban los cabezas de lista de Junts Pel Sí (la candidatura de Convergència y ERC) como Raül Romeva, Lluís Llach o Germà Bel; el candidato de la CUP, Antonio Baños; el de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell; el de UDC, Ramon Espadaler, así como un buen puñado de caras conocidas para protestar contra la imputación: dirigentes de partidos como los convergentes Josep Rull, Jordi Turull o Àngel Colom, o republicanos como Marta Rovira.

El nacionalismo catalán apoya a Rigau

La presión política sobre la judicatura no parece ser normal. Y por ello, el TSJC emitió un comunicado a primera hora de la tarde denunciando los hechos por su gravedad. Porque, al fin y al cabo, en muy pocos lugares del mundo se intenta amedrentar a los jueces que, en principio, solo cumplen con su labor. “La sala de gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y, además, pretenden influir en su toma redecisiones. Esto representa un ataque directo sin paliativos a la independencia judicial incluso poniendo en entredicho uno de los elementos esenciales del Estado constitucional”, dice la dura nota.

En resumen, deja patente la instrumentalización política que algunos pretenden hacer de la judicatura. “Es preciso recordar -añade el TSJC- que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos. El cuestionamiento resulta todavía más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos con funciones de gobierno. En este sentido, la sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político”.

Negación de la democracia

Destaca también el tribunal que “pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política”. En otras palabras, lo que viene a decir el tribunal es que determinados grupos políticos y el Gobierno catalán intentan meter cuchara en la Justicia para que esta dictamine lo que les interesa. Y eso, claro, no pasa hoy en día ni siquiera en las más recónditas repúblicas bananeras.

El malestar de los jueces lleva días pergeñándose, cuando la “sociedad civil”, con el apoyo de la Administración, anunció las movilizaciones para solidarizarse con los acusados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Sin embargo, una cosa es solidarizarse y otra sacar pecho y meter el dedo en el ojo a los jueces. En este asfixiante y enrarecido clima político, todo vale para según qué posicionamientos.

Irene Rigau acude a declarar entre gritos de Independencia

La toma de declaración, un acto puramente burocrático y obligatorio por parte de la justicia, no deparó sorpresa alguna. Por la mañana, Irene Rigau lanzó balones fuera, diciendo que no tenía constancia de haber desobedecido a nadie aunque luego matizó que no desobedeció porque el TC no especificó para qué no daba permiso, una excusa con muy poca fuerza.

Más explícita fue por la tarde Joana Ortega, que se arrogó el peso de la responsabilidad. “Tengo la conciencia muy tranquila por mi actuación”, dijo después a los medios de comunicación, al tiempo que pidió “que se ponga fin a este proceso judicial que encuentro del todo injusto”. E insistió en las tesis de Rigau: “No tengo conciencia de haber desobedecido al TC ni de haber cometido ninguna irregularidad económica”. Justificó, eso sí, el 9-N como “un compromiso de país para dar respuesta a un mandato del Parlament”. A pesar de todo, Ortega acabó señalando que “al final no se hizo referéndum ni consulta ni nada, porque no tenía validez jurídica”.

Joana Ortega: "Asumo la responsabilidad del dispositivo logístico del 9-N"

Entonces, claro, se impone la pregunta del 'seny' (cordura): ¿por qué tanto despliegue de medios públicos, tanta propaganda gubernamental y tanta ‘movida’ institucional? ¿Por qué primero se le llamó referéndum, luego consulta y luego nada de nada cuando los planteamientos del Gobierno catalán fueron los mismos desde el primer día al último, independientemente de cómo se le llamase a esa acciónnbsp;Lo único cierto es que todo este proceso está trufado de medias verdades y medias mentiras. Joana Ortega explicó muy bien que “desde el Gobierno central se menospreció [el 9-N]” y que Madrid “no hizo nada para pactar esta voluntad democrática [de votar], pero tampoco se hizo nada para pararlo”, lo que contradicen los recursos planteados al TC. De lo que tampoco cabe ninguna duda es de que, en esta historia, hay algunos que quieren parecer tontos pero que, en realidad, son muy, muy vivos.

A última hora de la tarde del martes, como estaba previsto, se realizaron concentraciones en muchos de los ayuntamientos catalanes para denunciar “las querellas antidemocráticas” contra Mas, Ortega y Rigau. En Barcelona, fue la alcaldesa, Ada Colau, la encargada de leer un manifiesto de apoyo a los querellados, con Oriol Junqueras presente, así como el exalcalde Xavier Trias, los ‘consellers’ Francesc Homs y Neus Munté, el líder de ICV, Joan Herrera, el cabeza de lista de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, los secretarios generales de CCOO y UGT, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, el dirigente de UDC Ramon Espadaler, o los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Quim Torra. Colau denunció el veto del Estado a dejar celebrar un referéndum y su falta de propuestas alternativas. Además, afirmó que los partidos favorables al “derecho a decidir” se sienten “corresponsables con el 9-N”, una consulta organizada con “criterios democráticos y cívicos y con la complicidad masiva de los ciudadanos de Cataluña”.

En Barcelona, la concentración en la plaza de Sant Jaume reunió a unas 2.000 personas. En algunas localidades, la asistencia fue importante, como el millar de personas de Manresa o las 500 de Terrassa. En Girona, uno de los feudos del independentismo, solo medio millar de personas acudieron a escuchar el manifiesto leído por su alcalde, Carles Puigdemont. En ninguna de las concentraciones se registraron incidentes.

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