Mas habilitará leyes anuladas por el TC y convocará nuevas elecciones en 18 meses
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PREVÉ UN GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN TRAS EL 27S

Mas habilitará leyes anuladas por el TC y convocará nuevas elecciones en 18 meses

La hoja de ruta que pretende llevar a cabo fija una serie de pasos entre los que se incluye la negociación con España y culminaría dentro de un año y medio con "elecciones constituyentes"

Foto:  El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

No a la Constitución Española y no al Tribunal Constitucional. Ésas serán las primeras decisiones de un hipotético gobierno independentista si los secesionistas ganan en las elecciones del 27 de septiembre. La hoja de ruta que ayer presentaron los candidatos de la lista Junts Pel Sí, que reúne a Artur Mas, a Oriol Junqueras (o sea, a CDcC y a ERC) y a la “sociedad civil” no tiene desperdicio y está calcada de los informes que había realizado el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), órgano que creó Artur Mas para la acomodación legislativa de su hoja de ruta.

Fue Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del CATN (salario de más de 100.000 euros, ojo), quien se encargó de detallar las líneas generales de esa hoja de ruta, aunque con nuevos conceptos que mantendrán ocupada a la parroquia. Ahora no habrá una declaración unilateral de independencia (DUI), por ejemplo, sino una “declaración solemne de inicio del proceso de desconexión con España” el día en que se constituya formalmente el nuevo Parlament. Ahí es nada: le siguen la “apertura de negociaciones” con el Gobierno español, el anuncio a las instituciones europeas, la comunicación a los líderes internacionales y ordenar al Ejecutivo que inicie el proceso de separación.

Luego, creación de un Gobierno de concentración poniendo en marcha las estructuras de Estado que se han ido creando a lo largo de estos años hasta desembocar en una proclamación oficial de independencia. Paralelamente, comienza el proceso para elaborar la Constitución del nuevo Estado. La encargada de elaborar esos textos será “la sociedad civil”. Así, genéricamente.

No a la Constitución Española y no al Tribunal Constitucional. Ésas serán las primeras decisiones de un hipotético gobierno independentista

Culminada esa primera fase, se producirá la creación de un “gobierno de concentración” que durará tanto como consideren conveniente sus integrantes. “Hasta que los dirigentes políticos crean que existen las condiciones mínimas necesarias para que el futuro Estado catalán pueda ejercer su poder en territorio catalán”, dijo el jurista. Y a continuación la Ley de Transitoriedad Jurídica que ha de regular de manera provisional los elementos del nuevo Estado.

La declaración de independencia, por su parte, asumirá el derecho vigente “en todo aquello que no contradiga la declaración de independencia y con un mandato de completar la Ley de Transitoriedad Jurídica”. Pero hay un plazo: 18 meses desde estas “elecciones plebiscitarias” hasta la convocatoria de otras “elecciones constituyentes”. Tras esas elecciones, se celebrará un referéndum de aprobación de la nueva Constitución, por lo que Cataluña será ya un Estado independiente.

Estructuras de Estado en marcha

Los documentos de la candidatura prevén que tras las elecciones del 27S, si ganan los secesionistas, se pongan en funcionamiento “las estructuras de Estado que han de permitir ejercer la soberanía en todos aquellos ámbitos en que hoy no tenemos competencias o incluso teniéndolas han sido invadidas por parte del Gobierno español, recurridas o suspendidas por parte de las instituciones del Estado”.

¿Qué significa eso? Que las leyes catalanas declaradas inconstitucionales pasarán automáticamente a entrar en vigor. Entre las normas que se pondrán en marcha están la Ley de Horarios Comerciales, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Energía Nuclear y Emisiones Contaminantes de la Industria, el decreto de Pobreza Energética, la Ley de Segundas Oportunidades, la Dación en pago y la prohibición de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking).

Los independentistas advierten que también tendrán una “agenda española” en la que entraría una negociación “para acordar el reparto de activos y pasivos, subrogación de convenios , gestión de fronteras con el Estado, traspaso de funcionarios y organismos…”. En esta fase, argumenta la hoja de ruta, se mantendrá siempre “una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña, oferta que ha de ser compatible con el horizonte temporal contenido en este acuerdo para la proclamación de la independencia y la celebración de elecciones constituyentes”. En otras palabras, que España debería permitir un referéndum de independencia en el plazo de 18 meses. Y, si no, “adéu, Espanya”.

En resumidas cuentas: los informes realizados por un consejo asesor del Gobierno son ahora utilizados sin recato por una candidatura que fue, precisamente, la impulsora de la creación de ese consejo asesor. Por si fuera poco, el responsable de su coordinación, con sueldo oficial de la Administración autonómica, es ahora el que los presenta como los documentos fundamentales de la candidatura, en un oscuro ejercicio de confusión. Aunque, eso sí, hay que guardar las apariencias. De ahí que Viver insistiese en que se deberán realizar todas las actuaciones encaminadas a “demostrar su deseo [el del Parlamento secesionista] de diálogo con el Estado”. O sea: diálogo sí, pero sólo para que el Estado español acepte lo que le pongan delante.

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