El Parlamento catalán reprueba a Jordi Pujol... y a siete altos cargos del Gobierno español

La Comisión sobreFraude y Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política, más conocida como Comisión Pujol ya tiene conclusiones. El voluminoso documento ha sido aprobado por los representantes del Parlamento catalán que se muestran particularmente duros (y dolidos) con la actitud de la familia ante la justicia, ante la sociedad y ante la propia comisión.

El informe final señala que la comisión “no ha podido confirmar la veracidad de la declaración del presidente Jordi Pujol en relación al legado depositado en Andorra” y subraya que no ha podido profundizar “ni tener en consideración la certeza íntegra de sus declaraciones dado el derecho a no autoinculparse y a no declarar en aquellos aspectos que les pudiesen perjudicar en la resolución de los casos, derecho que han utilizado de manera continuada”. También afirma el documento final que “durante los años de Gobierno de Jordi Pujol, se adoptó una actitud tolerante, cuando no cómplice o encubridora respecto a los indicios de irregularidades o mala praxis que se iban conociendo y que afectaban a personas relevantes de la coalición gobernante. Valga decir que este no fue un fenómeno único, sino que se repite en aquella época y en la actual en otras administraciones públicas del Estado español”.

El escrito de conclusiones da un toque de atención al sarcasmo de algunos comparecientes, como Marta Ferrusola esposa de Jordi Pujol. Constata, así que “su actitud no se corresponde con lo que sería de espertar, dada la gravedad de la situación generada, llegando a menospreciar los trabajos de la comisión con alguna salida de tono absolutamente impropia”. La matriarca era la que aseguró que la familia “no tenemos ni cinco”, que sus hijos “van con una mano delante y otra detrás” y que “Cataluña no se merece” lo que le estaban haciendo a la familia Pujol.

También destacan las conclusiones que Jordi Pujol Ferrusola “no quiso colaborar en absoluto en el esclarecimiento de los hechos, al contrario”. Y destaca cinco contradicciones en su comparecencia. “De los hechos delictivos en que haya podido incurrir deberá hablar la justicia. Pero esta comisión sí que puede concluir una falta del sentido del deber cívico impropia de alguien que ha estado tan vinculado a la política, tanto en primera persona como por proximidad familiar”. De él destaca su “abuso constante del derecho societario, una manifiesta voluntad de elusión fiscal, una reconocida actividad de evasión fiscal, un menosprecio explícito hacia el deber fiscal y un aprovechamiento continuo de la red de contactos que le proporciona el hecho de ser el hijo del expresidente Pujol para (al menos) abrir líneas de negocio”. Y concluye admitiendo la actitud de tolerancia del patriarca del clan, que jamás reprobó la forma de hacer negocios de su primogénito; al contrario, mantuvo hacia él y sus negocios “una actitud de indulgencia cuando no de protección”.

También cita que “las relaciones de amistad (muy íntima, en algunos casos) entre los hijos de Jordi Pujol y cargos del Gobierno de la Generalitat, tanto durante la etapa Pujol como actualmente bajo loa presidencia de Artur Mas pueden haber sido aprovechadas para generar negocios bajo el amparo de los más altos cargos del Gobierno”. Así, reprueba la práctica “de recurrir a la sectorial del partido Convergència Democràtica de Catalunya “, para situar a dirigentes convergentes como “gestores públicos”. “Es imprescindible una reprobación de Jordi Pujol i Soley con motivo de haber mantenido escondido de las autoridades tributarias correspondientes, y por tanto sin tributar durante 34 años, unos recursos en entidades bancarias del extranjero”, subraya otro de los puntos. Se refiere éste a la fortuna oculta por la familia en entidades de Andorra.

Entre las conclusiones también incluyen varias reprobaciones: las de Higini Cierco, Ramon Cierco, Jordi Comas y Manuel Cerqueda (directivos de BPA, la entidad andorrana donde tenían el dinero escondido los Pujol), así como siete miembros del Gobierno español: el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el de Hacienda, Cristóbal Montoro; el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el comisario de la Udef, Manuel Vázquez; el director de Inspecciones de Hacienda, Luis María Sánchez; y el director del CNI, Félix Sanz. También reprueba la comisión “la actitud de aquéllos que, compareciendo, o bien han prestado falso testimonio –un ilícito penal recogido en la legislación vigente, del cual es preciso emprender acciones legales en lo relativo al caso Camarga [el restaurante donde fue grabada la polémica conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola], dada la contradicción absoluta de los testigos- o bien han llegado a minimizar, banalizar o justificar los graves hechos estudiados”.