Cataluña, en busca del autogobierno: tiene hoy menos competencias que hace un lustro

Los nacionalistas catalanes están que trinan. Desde hace un par de años, vienen denunciando una campaña de “recentralización” administrativa del Estado y que el Gobierno español, consciente y premeditadamente, invade competencias que le corresponden a Cataluña por ley. Las medidas aprobadas por el Gobierno español los últimos años van desde la retirada de competencias en materia de horarios comerciales hasta la no validez de notificaciones administrativas si éstas son publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Además, muchos organismos públicos están en la cuerda floja. Para los nacionalistas, la recentralización que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido constante y brutal. “Teníamos más autogobierno hace un lustro que ahora. Y eso, con menos competencias”, escenifican fuentes del Gobierno catalán a El Confidencial.

¿Se quejan de vicio los catalanes? Según los documentos de la Generalitat de Cataluña, no. “Nuestras competencias son laminadas sistemáticamente por el Estado. Y así no queremos seguir”, dice una fuente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a este periódico.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ya lo dejó caer el pasado jueves en el Parlamento, cuando respondía a una interpelación del PP. “¿No es verdad que han venido tomando, viernes tras viernes, decisiones que comportan la merma de la capacidad de autogobierno de esta cámara? ¿No es verdad que años atrás podía decidir los horarios comerciales de este país y ahora no puede? Y no hace mucho que esta cámara, con un consenso absoluto, promovía un modelo educativo que nos ha permitido disponer de una cohesión que les haría deber de hacer reflexionar”.

¿No es verdad que han venido tomando, viernes tras viernes, decisiones que comportan la merma de la capacidad de autogobierno de esta cámara?

La principal medida tomada por el Gobierno central ha sido la reforma administrativa “bajo la excusa de eliminar posibles duplicidades institucionales y administrativas”, lo que supone que se pretendan eliminar “organismos sin valorar el reparto competencial”. Entre los organismos que estarían afectados por la norma de Madrid están el Servicio Meteorológico de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de la Competencia, el Instituto Cartográfico de Cataluña, la Agencia Catalana de Certificación, el Instituto Catalán de la Energía, el Centro de Estudios de Opinión (CEO, el CIS catalán) y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). Incluso algo tan institucional como el Instituto Catalán de Estadística (Idescat).

“¿Qué competencias nos quedan?”

No sólo eso. Se quejan también de que se limita el régimen jurídico de los consorcios, un ámbito abierto y de libre configuración hasta ahora. Otra de las competencias a punto de saltar por los aires es la de la concesión de subvenciones. Rajoy ha dispuesto ya una base de datos única y centralizada de subvenciones, que será gestionada por la Administración General del Estado “y todas las administraciones públicas le habrán de transmitir el texto de las convocatorias de subvenciones, la información que se requiere para las mismas y las concedidas en el marco de cada convocatoria, incluidas las de cuantía mínima”. “Si un gobierno no tiene capacidad para otorgar subvenciones de acuerdo con su criterio, ¿qué competencias nos quedan?”, critican los nacionalistas.

Otra de las competencias evaporadas hace referencia a la legislación en materia de comercio. La Generalitat había podido aplicar su legislación hasta ahora en materia de rebajas, horarios comerciales, apertura de festivos o licencias de grandes superficies. Eso ya es historia. Con la unidad de mercado aplicada por el PP, es Madrid quien se hace con el control de los equipamientos y de los horarios comerciales. “El Estado quiere trasladar a Cataluña un modelo de desregulación y lo justifica en pro de una supuesta eficiencia económica. Sin embargo, se ha demostrado que el modelo comercial catalán resiste mejor y garantiza una oferta variada para los consumidores”, advierten los catalanes. Paralelamente, se han recortado loas competencias que hasta ahora tenía la Agencia Catalana del Consumo y se ha suprimido la norma que le otorgaba a ésta competencias propias en la defensa de los consumidores y usuarios.

En materia financiera, las normas aprobadas por el Estado “suponen una pérdida de facultades ejecutivas de la Generalitat, que pasan a la Administración del Estado reforzándola de forma evidente o que simplemente desaparecen, como la desregulación o la liberalización de actividades”. La recentralización va más allá. El documento Crónica de una ofensiva premeditada elaborado por el Gobierno catalán recoge que “el Estado ha establecido la obligatoriedad de publicar las notificaciones de los actos administrativos que realice cualquier Administración pública en el BOE, mediante un tablero de edictos único. Esta previsión vulnera competencias de la Generalitat cuando niegan eficacia jurídica a las notificaciones de los actos administrativos de la Generalitat publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC)”.

Leyes ‘asesinas’

Para los nacionalistas, también hay normas que les han recortado competencias que tenían asignadas. Es el caso de la Ley de Administración Local. En materia de tutela financiera, ocurre lo mismo: el Ministerio de Hacienda instrumentó mecanismos para proveer de liquidez a las corporaciones locales mediante un proceso “autorizado y supervisado por el Ministerio, al que la corporación local ha de reportar directamente”. Hasta hace poco, la autorización y supervisión dependía de la Generalitat.

Las normativas de Madrid también han puesto coto a la acción exterior de la Generalitat, implantando normas para un “control previo y un estrecho marcaje político en el ejercicio de una competencia que tiene reconocida la Generalitat”. Y es que cualquier viaje, convenio, intercambio o actuación no podrá hacerse si no es previo informe al Gobierno central. Se ha articulado a través de la Ley 25/2014 de 27 de noviembre. Las embajadas de Artur Mas quedan, de esta manera, controladas férreamente por el aparato del Estado. “Esta política de cooperación y expansión internacional que hasta hace poco se venía desarrollando sin condicionantes administrativos ni controles estatales, ahora queda vinculada a la comunicación e informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Exteriores”, critican desde Barcelona.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es otro de los demonios de los nacionalistas, ya que consideran que esta ley no sólo lamina competencias, sino que intenta dinamitar el sistema educativo catalán de inmersión lingüística. LA LOMCE, según el Gobierno catalán, “altera el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, vulnerando las competencias compartidas en materia de ordenación curricular y la competencia exclusiva en lengua propia, al tiempo que es contraria a los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza”. También achaca a esta norma la creación de “un nuevo control jerárquico de la Administración central respecto a las comunidades autónomas que vulnera la autonomía política e invade competencias de la Generalitat”.

Otros aspectos que han laminado las competencias que el Gobierno catalán tenía hasta el momento son los programas de becas, la centralización de los datos de los centros educativos de todo el Estado en Madrid (“La Generalitat pierde competencias para determinar contenidos”, acusan), la homogeneización y el control de los contenidos curriculares, la expedición de certificados de profesionalidad (desarrollados en un Real Decreto de 2013), la racionalización del gasto vía legislativa o los diferentes decretos de ordenación de condiciones del profesorado.

Los medios de comunicación también tienen su protagonismo. Los catalanes acusan el Gobierno español de tomar “decisiones políticas disfrazadas con argumentos técnicos para reducir el espacio de comunicación catalán para limitar las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio sólo a Cataluña, echándolas fuera del ámbito lingüístico de la lengua catalana”. Se refiere a la desconexión de las emisoras públicas catalanas en Valencia, comunidad donde estas emisoras llegaban hasta hace unos años.

Para los nacionalistas, “hay una intención evidente del Gobierno español de minimizar o incluso de liminar la presencia de la lengua catalana de los medios de comunicación de los territorios de habla catalana”.