El PP saca un contrainforme desmintiendo los “agravios” de Artur Mas

El PP de Cataluña ha elaborado un contrainforme al listado de agravios realizado por el Gobierno de Artur Mas y recogido por El Confidencial hace pocos días y titulado Crónica de una ofensiva premeditada. La intención de los populares es “poner en evidencia las mentiras de la Generalitat” y contrarrestar así los supuestos agravios para con Cataluña, algunos de ellos “inexistentes” y otros “manipulados”. De ahí que titulen este contrainforme como Crónica de una verdad ocultada.

Los dirigentes populares se refieren al informe de Artur Mas como “el informe de la vergüenza”. Y desde el Palau de la Generalitat replican que “lo que pasa es que ustedes sólo ven lo que quieren ver. Lo único que hacemos es dejar constancia de lo que ha ocurrido”.

Una de las quejas de los catalanes eran de que desde el año 2012 no se había realizado ningún traspaso a Cataluña ni se habían reunido los órganos bilaterales. Los populares están de acuerdo, pero en vez de echar la culpa al Gobierno de España, como hace Mas, señalan que “al inicio de la presente legislatura, se programó una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado cuya celebración estaba prevista para el 30 de julio del 2012. Sin embargo, y a iniciativa de la Generalitat, su celebración quedó pospuesta, sin que la Generalitat haya tomado desde entonces la iniciativa para su celebración”. ¿De quién es, entonces, la culpa? Que cada quien saque sus conclusiones.

Otro de los mitos que rebate el informe del PP es el de los 15.007 millones de déficit fiscal. Dicho en otras palabras, el del dinero que “Espanya ens roba”. “Este es un dato que calcula Cataluña en base al método flujo monetario, porque resulta más adecuado a sus pretensiones, frente a la doctrina que recomienda el criterio carga-beneficio”. Por este último método, el saldo negativo sería de 11.087 millones, “pero sólo publicita el derivado del flujo monetario por favorecer las reivindicaciones de Cataluña”. Además, resalta que en el informe de balanzas del 2011, el saldo de esta comunidad era de -7.700 millones “y si sólo se consideran gastos cuya ubicación depende de decisiones efectivas de territorialización (excluyendo, por ejemplo, prestaciones por ejemplo cuya localización depende de circunstancias de los ciudadanos y no de decisiones de las administraciones públicas), el saldo fiscal de Cataluña es de -1.328 millones, el 0,7% de su PIB”. A ello, añade que “si se consideraran estos últimos datos como representativos de la aportación de las comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que menos aporta entre aquellas autonomías que lo hacen”.

La comunidad más beneficiada

El contrainforme afirma también que Cataluña “ha sido la más beneficiada del conjunto de mecanismos puestos en marcha por el Estado para garantizar la financiación y liquidez de las comunidades autónomas”. En total, esta legislatura, se ha llevado 49.377.9 millones de euros de diferentes fondos (el 29,11% del total): FLA, fondo de financiación de pagos a proveedores, fondo de financiación a CCAA y Fondo Social. Gracias a ello, Cataluña se ahorró más de 8.000 millones en gastos financieros.

También afirma el PP que, en contra de lo afirmado por Artur Mas, el Estado ahogue a Cataluña con la Ley de la Dependencia: según la Generalitat, Madrid ha dejado de pagar 240 millones los últimos años porque el Estado, que debería haber contribuido con el 50% de los gastos que provoca esa ley, sólo ha puesto el 17%y el resto lo ha tenido que aportar el Gobierno catalán de sus propios fondos. Falso, dicen en el PP. De 2012 a 2014, el Estado ha pagado a la Generalitat “un total de 1.857,7 millones de euros para la financiación de la atención a la dependencia (….) Esta financiación adicional ha sido avalada por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización 1.035 (…) En todo caso, el Tribunal de Cuentas señala que el Estado aporta a la financiación el 49,22% y el 50,77% restante, la Generalitat”. Nuevamente, que el lector saque sus propias conclusiones ante lo que dice cada uno.

Respecto a la acusación de que el Estado debe 3.967 millones a la Generalitat en concepto de la disposición adicional tercera del Estatuto por inversiones en infraestructuras que no se han hecho, también es rechazada. “Cataluña no ha tenido un déficit de inversiones en infraestructuras, sino todo lo contrario. Entre 1996 y 2015, ha sido la comunidad autónoma con mayor inversión en infraestructuras, por un valor de más de 33.000 millones de euros. Sólo en esta legislatura, Fomento ha destinado en sus presupuestos más de 8.000 millones a Cataluña”. En este sentido, resalta que “Cataluña es la única comunidad que tiene todas sus capitales de provincia unidas por el AVE. Se han invertido 13.500 millones en las últimas legislaturas para hacer realidad que la alta velocidad llegara a la frontera francesa”. También subraya que la inversión en ferrocarriles este año será de 638,5 millones y se destinarán casi 4.800 millones al corredor meditaráneo. En resumen, la inversión directa del sector público estatal en Cataluña crece un 12,9% respecto a la del 2014. Eso sí, le recuerda al gobierno catalán que “el TC se ha pronunciado señalando que un Estatuto de Autonomía no puede obligar a la administración general del Estado a realizar una determinada política de inversiones”. O sea, que no es exigible la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. El cántaro del cuento de la lechera de Artur Mas se rompe con esta rotunda afirmación.

La polémica de la sanidad

Ante la afirmación de que la sanidad catalana está infrafinanciada y que por ello se han tenido que recortar las pagas extraordinarias los tres últimos años, el PP asegura que “la financiación de la sanidad no es finalista y Cataluña es titular de la gestión de su servicio autonómico de salud desde 1981”. Dice el contrainforme que el gasto sanitario de esta comunidad es superior a la media nacional (1.227 euros por habitante frente a 1.208 dela media) y que “Cataluña es la región que menos porcentaje de gasto sanitario destina a la retribución de su personal (35,7 frente al 46,1% de la media)”.

También rechaza que haya un ataque continuado al modelo de escuela catalana y que haya habido una reducción del 98% en las transferencias finalistas del Estado en este sector, pasando de 147,3 millones a sólo 2,87 millones en 2015, tal y como denuncia la Generalitat. Los populares recuerdan que en los últimos tres años, más de 160.000 jóvenes catalanes recibieron becas por un importe total de 207,5 millones de euros.

El Gobierno catalán también denunciaba que el Estado invierte ingentes cantidades de dinero en museos como el Prado, Reina Sofía, Thyssen o el Teatro Real, reduciendo un 42% las aportaciones a equipamientos culturales de Cataluña. El PP, en cambio, dice que la Biblioteca Pública del Estado en Gerona supuso una inversión de 15 millones de euros, al tiempo que el Liceu, por ejemplo, recibió más de 4,1 millones de euros (desde 2004, este teatro barcelonés recibió más de 115 millones de fondos del Estado). Además, recuerdan que Prado o Reina Sofía son de la administración general del Estado y en los barceloneses Macba o Mnac concurren cuatro administraciones, en las que cada una debe aportar su parte.

También niega el contrainforme que se hayan reducido un 60% los fondos para políticas activas de empleo (en el 2015 aumentaron un 360% respecto a 2014, afirma) y, aunque reconoce que las aportaciones se redujeron drásticamente, no fue “por un agravio a Cataluña”, sino porque había menos fondos a distribuir.

Por último, el contrainforme intenta neutralizar las acusaciones de recentralización por la vía administrativa, ante las acusaciones de que se dictan normas que invaden competencias de las comunidades, detallando las diferentes eficiencias de las comunidades en diversas materias. En este sentido, rechaza también que Gobierno central paralice sistemáticamente todas las iniciativas del Gobierno catalán presentando recursos de inconstitucionalidad. “El Estado ha presentado ante el TC 20 impugnaciones y la comunidad autónoma ha presentado 43 impugnaciones, es decir, más del doble”. Y se refiere a la queja del Gobierno catalán que no puede fijar horarios comerciales para el comercio: “No puede hablarse en ningún caso de incumplimiento sistemático por el Estado de la legalidad vigente. Al contrario, cabe realizar esta afirmación respecto a la Generalitat en aspectos como, por ejemplo, las normas que la Generalitat aprueba reiteradamente y que afectan al modelo catalán de comercio (horarios, rebajas, grandes equipamientos), en contra de la normativa no sólo estatal, sino también comunitaria en la materia, incumpliendo las sentencias del TC”.