Anticorrupción solicita que Oleguer Pujol y su socio Iglesias declaren como imputados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar en calidad de imputados al hijo menor del expresidente de la Generalitat, Oleguer Pujol, y el que fuera su socio Luis Iglesias por delito fiscal. El Ministerio Público hace esta petición casi nueve meses después de que la Policía registrara sus domicilios y les detuviera durante unas horas, en el marco de una operación en la que se investiga la compra de parte de de la red de oficinas del Banco Santander por más de 2.000 millones de euros a finales de 2007 y otras cuatro operaciones sospechosas.

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía entiende que de los informes entregados en el Juzgado por la Agencia Tributaria se desprende la existencia de elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal. En el informe de Hacienda se dice respecto de Iglesias que “se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su Impuesto sobre la renta de las Persona Físicas, por importe superior a 120.000 euros”.

Así, la AEAT habla de un “entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid controlado por Oleguer Pujol y Luis Iglesias” y confirma “la existencia de indicios de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole”. Por último, Hacienda también envió un informe en el que hablaba de un presunto delito fiscal por parte del hijo menor del expresidente catalán.

Es decir, la AEAT considera que ambos podrían haber cometido delitos fiscales por separado, además de conformar un entramado societario de manera conjunta que tendría por objeto desviar los beneficios obtenidos de operaciones inmobiliarias a través de sociedades pantallas para sacar el dinero a paraísos fiscales y mantenerlo alejado del fisco español.

“De lo anterior se desprende la necesidad de que los denunciados Pujol e Iglesias deban prestar declaración referida a los hechos que han introducido tanto la denuncia presentada por la Fiscalía como los que han ido conformando el aspecto objetivo del objeto procesal”, recoge el escrito.

Asimismo, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento libre de la mujer de Iglesias, María Zaplana -hija del exministro Eduardo Zaplana-, así como de la esposa de Oleguer Pujol, Sonia Soms, y del notario Antonio Morenés, que constaban inicialmente como denunciados. “Respecto de las demás personas, la Fiscalía considera que debe esperarse al resultado del análisis de la documentación que fuera intervenida en su momento así como al informe de los peritos designados por la Agencia Tributaria”.

En el informe de la Agencia Tributaria que publicó en su momento este diario, se reflejaba la sospecha de Hacienda que detrás de la operación inmobiliaria de 2.040 millones de euros protagonizada por Oleguer Pujol y el que fuera su socio, Luis Iglesias, había indicios de delitos fiscal, aunque por ahora el blanqueo de capitales todavía no ha quedado lo suficientemente acreditado. De acuerdo a sus conclusiones, tanto la sociedad Drago Capital -a través de la cual se hizo la operación del Banco Santander- como los dos socios habrían podido incurrir no sólo en delitos fiscales. La investigación se centra en los 5,3 millones de euros como honorarios que Pujol e Iglesias recibieron por cerrar la operación de las oficinas del Santander. Y todo, porque para su cobro ambos “emplearon la interposición de sociedades que se utilizaron para ocultar su percepción”. En concreto, hace referencia a las instrumentales Ard Choille BV (Holanda) y Aegle International LTD (Islas Vírgenes Británicas), además de Zante International LTD (Islas Vírgenes Británicas), esta última empleada sólo por Oleguer.

Drago e Iglesias defienden su legalidad

Tras conocer la petición de la Fiscalía, tanto Drago Capital como Iglesias quisieron defender en un escrito la legalidad de las operaciones investigadas por Pedraz. Así, sostienen que “todas las actividades y operaciones de Drago Capital, así como la procedencia de los fondos que gestiona se atienen a la más absoluta legalidad, al igual que está absolutamente contrastada la identidad de los beneficiarios de estos fondos”.

A su juicio, ha quedado acreditado en los documentos aportados en el Juzgado, entre ellos un informe pericial realizado por Deloitte, la legalidad de esas operaciones, “De hecho, el escrito de la Fiscalía no cuestiona ninguna de estas operaciones”, sostiene, en relación a la petición de Anticorrupción, que habla únicamente de delitos fiscales cometidos por los dos socios.

Por su parte, Iglesias reitera la legalidad de sus actuaciones –tal y como ya lo ha hecho con anterioridad ante la Agencia Tributaria (AEAT)- en todas las cuestiones relacionadas con su situación fiscal personal por haber tributado en Reino Unido en 2007 y 2008. Hacienda sospecha que el empresario tributaba en el país británico cuando en realidad vivía en España, con el único objetivo de evadir sus responsabilidades fiscales en España. “A estos efectos, ha presentado un certificado de residencia emitido por la autoridad tributaria británica, entre otros escritos que demuestran su inocencia”, recalca.