DIPLOCAT SUBVENCIONÓ A LAS JUVENTUDES DE ERC

Tirón de orejas a Artur Mas por ocultar lo que gasta en 'vender' la independencia

Al Gobierno catalán le crecen los enanos: el Defensor del Pueblo catalán acaba de reclamarle menos oscurantismo sobre sus gastos en la 'promoción' de la independencia a lo largo y ancho del planeta

Foto: Artur Mas. (Efe)
Artur Mas. (Efe)

A Artur Mas le crecen los enanos: el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, acaba de dar un tirón de orejas al Gobierno catalán, al reclamarle más transparencia y menos oscurantismo en sus explicaciones sobre el dinero que se gasta por la puerta de atrás en “vender” la independencia de Cataluña a lo largo y ancho del planeta.

El PP había pedido la intercesión del Síndic el pasado mes de noviembre, después de que la Generalitat negase reiteradamente el acceso a los datos del contrato con el lobby Independent Diplomat (ID). Oficialmente, el Gobierno catalán quiere tapar lo que ha pagado a este think tank y no suelta prenda. Ni siquiera ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) los contratos firmados, como es obligatorio por ley. ¡Y eso en un Gobierno que presume de ser el más transparente de España y uno de los más transparentes del mundo!

El mismo mes de noviembre, Ribó dirigió un escrito al Departamento de Presidencia pidiendo la información solicitada por el PP. Pero desde la cúpula del Ejecutivo le racanearon de nuevo datos concretos sobre la materia. Por ello, el pasado 23 de enero, el Síndic de Greuges dirigía una carta al portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, en la que le comunicaba que “recibida respuesta a nuestra petición inicial de información, le comunicamos que hemos creído necesario pedir datos adicionales para poder valorar adecuadamente su queja”. En otras palabras: que el Gobierno le había racaneado la información también a este organismo público.

Respuesta del Síndic a Santi Rodríguez en la que informa que se ha remitido escrito a la Generalitat.
Respuesta del Síndic a Santi Rodríguez en la que informa que se ha remitido escrito a la Generalitat.

Los populares ya habían reclamado el amparo de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, el pasado mes de julio para acceder a los datos del contrato. Llovía sobre mojado. El Gobierno catalán se ha negado sistemáticamente a ello. Según el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, se realizó un pago de 360.000 euros en 2013. Sin embargo, todo parece un juego de espejismos. Diplocat (el organismo oficial que se encarga de la diplomacia catalana) pagó también 648.000 euros a ID. Y, por si fuera poco, la Delegación de la Generalitat en Estados Unidos firmó otro contrato con ellos por 72.000 euros. Los populares destacan que, al menos hasta mediados del año pasado, se habría pagado casi 1,1 millones de euros. Y todo por unos informes que nadie sabe si existen pero que se deberían de haber entregado mensualmente al Gobierno catalán. ¿Se hicieron realmente esos informes? ¿O alguien se ha embolsado el dinero por la cara?. Son preguntas que desde el Gobierno no se contestan o se contestan con evasivas.

Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán. (Efe)
Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán. (Efe)

Además, si la cifra manejada por el PP es o no correcta, nadie lo sabe, porque la Generalitat se niega a revelar el dispendio que le suponen los servicios de ese think tank, al que se presenta como una ONG sin ánimo de lucro. A la petición de información por parte del PP, la abogada jefe de la Consejería de Presidencia, Mercè Curull dirigió una carta al portavoz adjunto popular, Santi Rodríguez, en la que admitía que los diputados tienen derecho a obtener información pero señalaba que “el citado derecho de información no alcanzaría a aquellos documentos o información requeridos en los procesos de toma de decisiones por parte del Gobierno de la Generalitat, teniendo presente a estos efectos los principios de limitación al acceso que se contienen en la normativa básica sobre transparencia y acceso a la información, que también resultan aplicables a los parlamentos autonómicos”.

 

El dinero para los amigos

El Diplocat, por otra parte, dispondrá este año de 100.000 euros para subvencionar a entidades catalanas que quieran internacionalizarse. El año pasado, esta partida fue de 80.000 euros, por lo que el aumento es del 25%. La ayuda más grande se la llevó el Colegio de Abogados de Barcelona (20.973 euros). Las Juventudes de ERC se llevaron 10.000 euros para un “encuentro internacional juvenil por el derecho a decidir”. La gran mayoría de ayudas no sobrepasaban los 2.000 euros.

Estas subvenciones se instrumentalizarán a través de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (Focir), una entidad presidida por Mònica Sabata, que había sido portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir (una de las primeras organizaciones creadas para apoyar la celebración de un referéndum independentista). Persona de la confianza de Convergència, Sabata fue impuesta como directora de Linguapax, una ONG muy ligada a Unescocat, el centro de la Unesco para Cataluña. De hecho, fue el presidente de esta última, Agustí Colomines, quien la puso en aquel cargo. En 2009, Colomines fue designado director de la Fundación CatDem, o sea, la antigua Fundación Ramon Trias Fargas, que cambió de nombre tras verse implicada en el desvío de dinero del Palau de la Música hacia CDC. Después de que Colomines abandonase Unescocat, Sabata fue forzada a dimitir del otro organismo, lo que fue calificado por el propio director de la CatDem de “caza de brujas” y asedio contra su gente de confianza.

Las subvenciones de Diplocat se instrumentalizarán a través de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas Pero Sabata encontró pronto acomodo en Focir, que se define como la única plataforma formada por actores de la sociedad civil catalana que hacen diplomacia pública. Su intención es “estar presentes e incidir políticamente” al mismo tiempo que pretende “convertirse en un referente en diplomacia pública”.

Focir está formada por 64 entidades, algunas de ellas sumamente minoritarias, como la Asociación Catalana de Rugby Liga, la Asociación Catalana de Fut-Tenis y Sepaktakraw, la Federación Catalana de Korfball o la Asociación Catalana de Esperanto. Pero también figuran como miembros la Academia del Dine Catalán, el Centro Unesco de Cataluña, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, la Coral Sant Jordi, la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña, la Fundación CATMón, la logia masónica Gran Oriente de Cataluña, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Institut d’Estudis Catalans o el PEN Catalán. También figuran la Pimec (la patronal de pequeñas y medianas empresas que es utilizada por CiU para penetrar en el tejido empresarial al no haber podido controlar la gran patronal de Fomento) y el sindicato Intersindical-CSC, de corte soberanista, que pretende utilizar la sectorial Mossos per la Independència (de la ANC) para el control del mundo sindical en la Policía Autonómica.

Cataluña

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
35 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios