según INFORMEs OFICIALes DE LA GENERALITAT

La hoja de ruta de CiU y ERC puede provocar el suspenso de la autonomía catalana

Un informe encargado por la Generalitat vaticina que si el bloque soberanista ganase unas elecciones plebiscitarias, el Gobierno central podría destituir el Govern e incluso suspender la autonomía

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante una conferencia en el Círculo de Economía. (Efe/Toni Albir)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante una conferencia en el Círculo de Economía. (Efe/Toni Albir)

La hoja de ruta que han planificado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (CiU) puede acabar en desastre. Lo dice un informe oficial encargado por el propio Gobierno catalán a Joaquín Roy, catedrático Jean Monnet ad personam y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. El informe, elaborado antes de la consulta del 9 de noviembre, vaticina que en el caso de que no se pudiera celebrar el referéndum prometido por Artur Mas, sólo habría dos vías: “Plegarse al veto central o bien optar por la opción parlamentaria con la convocatoria de otras elecciones que se calificarían como plebiscitarias”.

Precisamente el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (un órgano creado por la Generalitat para pilotar la denominada “transición nacional”), que se reunió este viernes, rechazó en su comunicado oficial definir las elecciones del mes de septiembre como “plebiscitarias”, tal y como quieren presentarlas CiU y ERC. La negativa a calificarlas de este modo partió de ICV, CCOO y la asociación Movimiento Laico. La Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), el partido que tiene tiene tres diputados, no asistió a la reunión.

El informe de Joaquín Roy va más allá y alude directamente a la hoja de ruta de los independentistas que tienen en cartera la proclamación de la independencia si tienen una mayoría absoluta. Dice el informe que si el bloque soberanista recibiera “un porcentaje de votos de notable mayoría (que reflejara las intenciones actuales), el nuevo Parlament votaría entonces la independencia llana y su declaración de autodeterminación. En ese caso, la reacción del Gobierno central podría legalmente incluir la destitución del Gobierno catalán o la propia suspensión de la autonomía de Cataluña”.

Aún así, el informe señala que la comunidad catalana ha sido hasta ahora leal y la muestra como un modelo de convivencia que evitó que las demandas a Madrid fueran “envenenadas de violencia” como en el País Vasco. “Aunque las reivindicaciones de carácter fiscal (una mejora en el reparto y las contribuciones del Estado) siguieron siendo parte fundamental del persistente problema, se fue posicionando el sentimiento creciente del no reconocimiento de lo que se llama el ‘hecho diferencial’. La posibilidad de la doble lealtad ‘nacional’ (hacia España y Cataluña) y mucho menos la exclusiva reverencia a una esencia catalana (en detrimento de la española) se rechazaba de pleno. Constitucionalmente, este obstáculo proviene de lo que se llamó la solución del ‘café para todos’”.

El informe da un varapalo al PP por haber interpuesto recurso contra el Estatuto y por ignorar luego el estallido de las protestas. “La arrogante reacción del sistema liderado por el PP fue ignorar el ruido de la calle. El resultado fue que no consiguió más que aumentar el potencial voto independentista y acrecentar todavía más el grado de las demandas, más allá del prudente autonomismo, en el terreno económico y, sobre todo, en el político”. A ello se le añadió la “quiebra potencial” de la Generalitat como consecuencia de la crisis provocando un descenso del nivel de vida y la erosión del estado del bienestar. La consecuencia de todo fue una “fuga hacia delante” de Artur Mas, pero “el problema fue que numerosos votantes se habían radicalizado tanto que decidieron optar por la apuesta del partido que identificaban como rigurosamente independentista” y ERC dobló escaños y “compitió con CiU para liderar el proceso”.

Baja calidad descentralizadora

Otro informe encargado por el Diplocat. El organismo que se encarga de las relaciones internacionales y la diplomacia del Gobierno catalán señala que España es uno de los países europeos más descentralizados. Según este informe, elaborado por Marta Espasa, profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto de Economía de Barcelona, sólo superan a nuestro país Dinamarca, Suiza y Suecia. El informe advierte, sin embargo, que “lo importante en la descentralización no es tanto el volumen de gasto o de ingresos gestionados, sino la capacidad de decisión que los gobiernos subestatales tienen sobre los gastos e ingresos traspasados. Y es precisamente aquí donde se halla la calidad de la descentralización; en caso contrario, se trataría de una descentralización administrativa, pero no de una auténtica descentralización política”.

El estudio, que acaba de ser entregado al Diplocat este mes de febrero, se hace eco de un informe de la Generalitat donde se recogen las “medidas recentralizadoras adoptadas por el actual Gobierno español”, para asegurar a continuación que “en el caso español, se constata una falta de responsabilidad fiscal y de autonomía financiera por parte de las comunidades autónomas que provoca importantes problemas de gestión de los servicios traspasados y que reduce la calidad de la descentralización fiscal”.

La causa, advierte el texto, está en el sistema de financiación. La falta de autonomía fiscal se agrava debido a que “del total de los tributos cedidos que recauda cada comunidad, sólo se apropia de manera directa un 25%, mientras que el 75% restante se redistribuye entre todas las comunidades a través de cuatro fondos específicos (Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, Fondo de Suficiencia, Fondo de Cooperación y Fondo de Competitividad) en función de determinados indicadores (población ajustada, garantía del statu quo, etcétera)”.

Este modelo genera una gran falta de corresponsabilidad fiscal y, aunque España es uno de los países más descentralizados (el Gobierno central sólo gestiona el 57% de los ingresos no financieros, mientras que las comunidades se hacen cargo del 31% y los Ayuntamientos, del 11%), en la práctica, “una parte importante de los ingresos asignados a las comunidades autónomas, a pesar de que tengan la forma de tributo cedido, acaban siendo meramente transferencias, generándose una falta de autonomía financiera, unos importantes riesgos de insuficiencia financiera, una muy poca responsabilidad fiscal y un incumplimiento del principio de ordinalidad”.

Cataluña

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