El Puerto de Barcelona ignoró las alertas internas en la concesión de Marina Port Vell

El Puerto de Barcelona ignoró diversas voces de alerta que a nivel interno advirtieron en contra de la entrega de la concesión del puerto deportivo de Marina Port Vell, en La Barceloneta, al holding inversor británico Salamanca Group. A pesar de ello, el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, optó por ampliar la concesión dos veces, en una de ellas ampliándola diez años y en otra dándole a los británicos 1.700 metros cuadrados más de superficie subterránea.

Esta es otra de las denuncias que se desprenden del informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), al que ha tenido acceso El Confidencial y que insiste en los indicios de blanqueo en la operación y en que fondos de oligarcas rusos están detrás de la compra, pese a que los portavoces de Salamanca nieguen este extremo.

Además de sermuy críticoscon la posición del regidor de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona,Antoni Vives,el dictamen de Antifraude también pone en duda la actuación del Puerto de Barcelona, que es la entidad que dio la concesión. El presidente del Puerto,Sixte Cambra, fue designado por la Generalitat y es una persona muy próxima al presidente catalán,Artur Mas. Cambra y el Puerto de Barcelona se han negado a revisar la concesión pese al alud de evidencias de que la misma se había otorgado a una empresa que no cumplía los mínimos de transparencia exigible para una concesión pública como la de Marina Port Vell. Una de las constantes de este caso es que afecta a personas muy cercanas al presidente catalán.

“El origen de los fondos utilizados por Salamanca Nine, propietaria de Marina Port Vell, para realizar la inversión en el Port Vell es a nuestro juicio dudoso y nos lleva a un fondo de inversión controlado por oligarcas rusos del petróleo y una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Moorfield Investment Holding Limited”, señala Antifraude en su estudio que ha remitido al departamento antiblanqueo del Banco de España.

Luces rojas

La subdirección económica de la APB dio luz verde a la operación, pero expresó sus reservas sobre los nuevos propietarios de Marina Port Vell. “Sin embargo, en dicho informe se hacía mención a una serie de limitaciones y carencias a la hora de efectuar un juicio cuidadoso sobre la solvencia económica del grupo Salamanca, como era la falta de aportación de estados financieros auditados por parte de la cabecera del grupo, la mercantil SGH LTD Chipre”, según consta en el dictamen de Antifraude, que se limita a confirmar lo que El Confidencial lleva poniendo en solfa desde el pasado mes de marzo.

Otras señales de alerta se basaban en “la limitación que suponía la nula información obtenida de la sociedades ubicadas en Chipre (Salamanca Nine, SGH LTD) e Islas Caimán (Hadar Fund); y el hecho de que la APB no hubiera podido corroborar la información financiera aportada por estas sociedades “por limitaciones en las bases de datos consultadas o por la antigüedad de la información financiera disponible”, según consta en el texto de la OAC.

La APB concluía en su informe que debía tutelarse el ritmo de la inversión, pero “anteriormente la Asesoría Jurídica de la APB en un informe del 19/07/2010 ya había puesto en duda esta operación al considerar que la documentación reclamada se había presentado de forma fragmentaria y tardía, sin que fuera posible un pronunciamiento claro”.

La Oficina Antifraude detecta indicios en la compra de Marina Port Vell de “posible blanqueo de capitales en las operaciones financieras llevadas a cabo por Salamanca Nine”, “posible actuación irregular por parte de la APB en relación a la concesión de Marina Port Vell” y “posible actuación irregular por parte del Ayuntamiento de Barcelona en la operación urbanística de aprobación del Plan Especial de Marina Port Vell”.

Antifraude apunta que “parece evidente que Marina Port Vell se ha nutrido en los últimos años de fondos provenientes de sociedades radicadas en paraísos fiscales, cuyo origen es del todo desconocido”.