El Gobierno estudia cómo dinamitar algunas "estructuras de Estado" de Artur Mas

El Gobierno central acotará las “estructuras de Estado” que quiere impulsar el presidente catalán, Artur Mas. “En Cataluña se han duplicado muchas cosas. Lo que intentan es reproducir el Estado español en la comunidad creando estructuras, organismos o empresas incluso en áreas donde no tienen competencias. Y ahora es el momento de simplificar todo esto”, explican a El Confidencial fuentes cercanas al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

"Sabemos que intentan legalizar todo el aparato exterior y miraremos no sólo que no se amplíe, sino de reducirlo al máximo", según fuentes próximas al Ejecutivo de Rajoy. Y esto es sólo un pequeño ejemplo. Una pequeña muestra de la batería de medidas que se prepara en la Generalitat. Medidas que afectan a temas tributarios, posible consolidación de 'embajadas'...

En la jornada de ayer, durante la clausura de las Jornadas de Estabilidad y Buen Gobierno en Corporaciones Locales que tuvo lugar en Barcelona, el presidente español prometió continuar ayudando a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y de otros organismos a la Generalitat, aunque advirtió a Mas de que está dispuesto a dialogar pero “no voy a permitir que se ponga en tela de juicio la unidad de España. Y no voy a permitir que se vulnere el derecho de todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país, porque ellos tienen la soberanía nacional. Y no voy a permitir que se pongan en tela de juicio sus derechos fundamentales”.

El líder socialista catalán, Miquel Iceta, le contestó inmediatamente criticando que “como siempre, el señor Rajoy llega tarde y mal a Cataluña. No se ganan votos en España menospreciando a Cataluña. Cada día que pasa, está más claro que la solución a los problemas de relación entre Cataluña y España la pondremos los socialistas y que será una solución federal”.

Fue, sin embargo, el coordinador general de Convergència Democràtica (CDC), Josep Rull, el encargado de darle la contrarréplica: “Rajoy sólo está comprometido con el proceso de recentralización, de ataques al estado de bienestar y de castigo y amenaza sistemáticos hacia la gente de este pueblo que le aleja cada vez más de Cataluña”. Y eso porque, para Rull, “no tiene una alternativa democrática para los catalanes”.

Incluso el secretario general de Unió Democràtica (UDC), Ramon Espadaler, acusó al presidente español de haber venido 117 veces a Cataluña y que por ello ha habido “117 oportunidades perdidas, porque ha venido a hacer un ejercicio más de frentismo, puesto que ha intentado situar al margen de la legalidad a 2,3 millones de personas de este país que, de una manera pacífica, democrática y sensata, quisieron participar en el proceso de participación”. Se refería Espadaler al 9 de noviembre, claro. Y añadió el democristiano que el acto de Rajoy “fue más un acto de desagravio a Alicia Sánchez-Camacho que intentar escuchar, entender y proponer alguna cosa a Cataluña”.

Aislar a Artur Mas

Pero no le debió pasar desapercibido al secretario general de UDC que poco antes, la presidenta popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, le había pedido a Rajoy poner fin al gasto en maniobras independentistas, como la intención de Artur Mas de blindar sus embajadas y de continuar creando “estructuras de Estado”.

No era una petición gratuita. Sánchez-Camacho aprovechó la presencia de la cúpula del PP, de los barones del partido y de cinco ministros para hacerle llegar esa petición a Rajoy. Con ello, espera recibir también no sólo el aval, sino el apoyo inestimable del Gobierno central para posicionarse como “la alternativa unionista” al bloque soberanista, robando espacio a los socialistas y a Ciutadans.

Una fuente del PP catalán explica a este diario que la estrategia de los populares pasa por “aislar al Gobierno independentista de Artur Mas”. Y ese aislamiento tendrá dos vertientes: por un lado, se han de “fortalecer los vínculos con la sociedad civil y con el mundo de la empresa. A partir de ahora, el Gobierno de la nación debe hablar más con los interlocutores sociales y menos con los consellers, porque eso no sirve de nada. Lo único que hacen es quejarse en todo momento. Están instalados en la protesta y en la negatividad. La culpa de todo lo malo es del Estado. Ésta es una actitud de deslealtad permanente”.

Estas fuentes advierten de que “con el Gobierno de Cataluña es imposible hablar en estos momentos, porque no escucha. Sólo sabe hablar de la independencia, cuando hay otras cosas que afectan a los ciudadanos y que deberían preocuparle”.

La otra vertiente es la de la creación de las cacareadas “estructuras de Estado”. Y aquí es donde Madrid va a estudiar cómo intervenir en ellas. Sánchez-Camacho apuntó ayer en su discurso que podría hacerse a través de la Ley Presupuestaria: podría transferirse dinero con objetivos finalistas, es decir, que tuviese que gastarse en aquellas cosas para las que se transfiere y no puediese desviarse hacia otros cometidos.

Pero ésta es una tarea poco menos que imposible. “Lo cierto es que el Estado realiza sus funciones normalmente pero como el Gobierno catalán tiene todo duplicado, en ocasiones ni siquiera permite que se desarrolle con normalidad la labor del Estado”. Hay muchos ejemplos. “En materia de homologación de títulos, las competencias son del Gobierno central, pero ellos han creado su propia agencia. ¿Para qué? Lo mismo pasa en el campo de la meteorología. Por tanto, hay que ajustar una distribución clara de competencias y que dejen de florecer organismos inútiles”, añaden las fuentes.

Para el Gobierno central, en los últimos años el Gobierno de Artur Mas se ha aplicado intensamente en aplicar recortes en todos los ámbitos (y esencialmente en áreas sensibles como la sanidad o la educación) pero no ha aplicado esos recortes en el área de la Administración. Al revés, “se ha dedicado en cuerpo y alma a crear estructuras inútiles y gravosas en la Administración, todo en aras de la grandeza de la nación catalana. Se han malgastado millones de euros en esa locura a la que llaman el proceso, mientras se protestaba por tener que acometer recortes sociales escondiendo a los ciudadanos que quien pagaba (y aún paga) las deudas de la Generalitat era el Gobierno español, ya fuese a través del FLA, del fondo de proveedores o de otros mecanismos de financiación”, señala un dirigente del PP a El Confidencial.

Exteriores y Hacienda, en el punto de mira

Los populares resaltan también que las veleidades independentistas de Mas le han llevado a crear un Estado paralelo en Cataluña que representa una onerosa carga para las arcas públicas. Ponen como ejemplo la grandiosa campaña internacional para vender la independencia de Cataluña fuera de nuestras fronteras.

Así, recuerdan que el pasado 1 de julio, el PP pidió el amparo de la presidenta del Parlamento catalán, la democristiana Núria de Gispert, porque el Gobierno catalán se negó sistemáticamente a proporcionar a la oposición datos y documentos sobre la contratación del think tank Independent Diplomat para encontrar aliados a la independencia de Cataluña. El monto total de lo que se ha pagado a esta agencia internacional no está claro. Ni Artur Mas tiene intención de facilitar que se aclare. Parece ser, no obstante, que las cifras gastadas están muy por encima de lo reconocido oficialmente.

La pasada semana, los populares presentaron una queja ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) porque la Generalitat les sigue negando el acceso a los informes que haya realizado Independent Diplomat, a pesar de que el propio Gobierno catalán presume de total transparencia.

Lo que quiere el PP son los informes mensuales que debe realizar la agencia y las correspondientes facturas. “Esta falta de transparencia no tiene ninguna justificación a no ser que el Gobierno de la Generalitat tenga algo que esconder”, afirmó Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán. Rodríguez ha pedido ya la comparecencia del portavoz del Govern y consejero de Presidencia, Francesc Homs, para dar explicaciones. Paralelamente, le ha dirigido una batería de preguntas para conocer si el suntuoso gasto de los informes va a continuar durante el año 2015. Pero eso, claro, sin contar el gasto estructural de las embajadas y todo su personal… “unas embajadas de la señorita Pepis que no sirven para nada y que no son reconocidas en ninguna parte”.

Referente a la actividad exterior, Sánchez-Camacho advirtió ayer de que Mas intenta blindar sus embajadas y continuar con otras estructuras de Estado, por lo que pidió a Rajoy que pare esa estrategia. Fuentes cercanas al Gobierno español aseguran que “miraremos el tema. Sabemos que en Exteriores intentan legalizar todo el aparato exterior y miraremos no sólo que no se amplíe, sino de reducirlo al máximo”. Estas fuentes recuerdan que las relaciones exteriores son competencia del Estado, no de la Generalitat.

Pero también hay otra área sensible bajo sospecha: esta semana, el Gobierno catalán presentó su proyecto de ley de ordenación de los cuerpos administrativos de la Agencia Tributaria Catalana, considerada la principal estructura de Estado y la que debe estar en marcha cuanto antes para acometer con un mínimo de garantías de éxito la independencia. “Lo que queremos evitar -dicen desde el Gobierno central- es aumentar de manera extraordinaria la estructura funcionarial, porque no servirá de nada y significa mucho gasto”.

En definitiva, lo que para unos es blanco, para otros es negro. Mientras los nacionalistas/independentistas hablan de recentralización de Rajoy, desde el Gobierno central se rebate con que es una “racionalización de las estructuras, que el Estado cumpla sus funciones y la Generalitat, las suyas”. Pero destacando que, a partir de ahora, “el compromiso que tiene el Gobierno español es con la sociedad catalana, no con el Gobierno independentista de Artur Mas”. Que cada quien entienda lo que quiera, pero parece un aviso a navegantes.