ADUCEN QUE ES EL “AUTOR INTELECTUAL DEL 9-N”

El bloque soberanista reta a Torres-Dulce a querellarse contra el Parlamento catalán

El bloque soberanista catalán está que arde con la decisión de presentar querella contra Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas, estrecha la mano del líder de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, estrecha la mano del líder de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)

El bloque soberanista catalán está que arde con la decisión de presentar querella contra Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Lo que hacen los nacionalistas y los independentistas es sacar pecho y advertir de que esto no ha hecho más que comenzar. Incluso apelan a la autoinculpación colectiva. O echan un órdago al fiscal, Eduardo Torres-Dulce: que se atreva a querellarse contra el pleno del Parlamento catalán… De hecho, todos los partidos se muestran críticos excepto el PP, que se ha quedado solo defendiendo la querella.

Uno de los más suaves al valorar la decisión de la Fiscalía fue el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, que se limitó a decir que “estamos ante una querella política y no ante una querella con fundamento jurídico”. Criticó al Gobierno central de hacer una “utilización torpe de las instituciones del Estado” y recalcó que la votación del 9N está amparada por el derecho fundamental de la libertad de expresión.

Pero desde los partidos los disparos fueron con calas de gran calibre. El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Convergència i Unbió (CiU), Jordi Turull, declaró abiertamente que “la decisión de la Fiscalía es una persecución política decorada jurídicamente”.Para el dirigente nacionalista, la decisión de presentar denuncia es un disparate. “La Fiscalía General del Estado ha perdido su dignidad institucional”, subrayó: Y añadió que la querella “certifica que no hay división de poderes”, al tiempo que lamentaba que el Estado español “intente resolver por la vía judicial aquello que es incapaz de resolver políticamente”.

Reunión de la Junta de fiscales con Torres-Dulce. (EFE)
Reunión de la Junta de fiscales con Torres-Dulce. (EFE)

Turull desafió a Eduardo Torres-Dulce a que presente una querella “contra el Parlamento, puesto que todo lo que hizo el Govern fue en cumplimiento de un mandato del Parlamento”. En diversas resoluciones, éste, según el portavoz de CiU, pidió que se consultase a los ciudadanos con una fecha, una pregunta y con los marcos legales existentes. Y el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que esa consulta era “constitucional”. Turull fue más allá e inculpó al pleno del Parlamento catalán como el “autor intelectual del 9-N”. Aprovechó también el dirigente convergente para arremeter contra el Estado español, “que sigue exhibiendo ante el mundo sus peores artes” y para asegurar que “todos han visto la determinación del presidente Mas, que ha sido leal al mandato del pueblo de Cataluña, en contraposición a un Estado que quiere tapar y prohibir lo que es una realidad social y política”.

El proceso no parará

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, por su parte, acusó al Gobierno central de utilizar a la Fiscalía “como un instrumento político más, tal y como ya hizo con el Tribunal Constitucional”, pero advirtió que “el Gobierno español se equivoca si piensa que el proceso soberanista catalán se interrumpe a fuerza de querellas”. Para Bosch, lo que hace el Ejecutivo de Mariano Rajoy es “una explotación política de las instituciones para frenar un proceso democrático que ha surgido de abajo a arriba y que lidera el pueblo de Cataluña”.

El portavoz republicano advirtió también que la presentación de la querella no deja de ser una “gesticulación más del poder, pero no evitará que se continúe reclamando la independencia” y que el 9N “quien se manifestó con firmeza fue la gente. Millones de personas depositaron su voto. La querella es contra toda esta gente. No se puede personalizar la acusación en una, dos o tres personas, sino que se dirige contra un pueblo entero”.

También estuvo especialmente dura Dolors Camats, portavoz de ICV. “Nos ponemos a disposición de la Fiscalía para que nos haga llegar cualquier petición o requerimiento porque nos sentimos coautores intelectuales y materiales”, dijo Camats. La dirigente ecosocialista calificó la querella de “error” y de “persecución política contra el derecho a decidir de Cataluña”. Los diputados de ICV dirigirán próximamente un escrito a la Fiscalía autoinculpándose por el 9N.

En términos similares a los anteriores calificó la iniciativa de Torres-Dulce la CUP, cuyos diputados también están a favor de autoinculparse. Quim Arrufat subrayó la “intencionalidad política” de la querella, la calificó de “poco inteligente” y detalló una teoría curiosa: con ella, el Estado español quiere impulsar un movimiento en torno a Artur Mas, que todos le apoyen y que le conviertan en el líder de un movimiento unitario del independentismo que podría ganar unas elecciones anticipadas. De ese modo, Madrid controlaría todo el proceso si controla a Artur Mas. Una enrevesada teoría que despertó sonrisas irónicas incluso entre los suyos.

“Desastre telúrico”

Los socialistas también se mostraron especialmente críticos. Para Maurici Lucena, portavoz del PSC en el Parlamento, la decisión es “un gravísimo error”, ya que la judicialización del debate “no sólo no contribuirá a resolver el problema, sino que empeorará las cosas”. Es más: calificó de “desastre telúrico” la iniciativa de la Fiscalía, aunque también mostró sus dudas sobre el alcance de la autoinculpación que quieren realizar los diputados de ICV y de la CUP.

David Fernàndez, diputado de CUP, vota el 9-N. (EFE)
David Fernàndez, diputado de CUP, vota el 9-N. (EFE)

Ciutadans también se mostró muy crítico. “Presentar querellas o pasearse por el centro de Barcelona no sirve para nada más que para seguir minando el prestigio de las instituciones del Estado”, dijo su secretario general, Matías Alonso. Y subrayó que “lo que piensa hacer ahora el fiscal general del Estado en nombre del Gobierno de España llega tarde y no aporta ninguna solución”. Alonso también se sacó de la manga otra teoría nueva: todo es fruto de “un pacto entre PP, PSOE y CiU para permitir la jugarreta, lo que demuestra, una vez más, que Rajoy no está a la altura de las circunstancias”.

Sólo el PP catalán apoyó la postura de la Fiscalía. Santi Rodríguez, portavoz adjunto de esta formación en el Parlamento, señaló que la iniciativa demuestra que “en España, el estado de derecho funciona”. Rodríguez partió de la base de que el TC suspendió la consulta y el proceso participativo pero éste se acabó haciendo. “En un estado de derecho –remarcó-, los que se saltan las normas pagan la multa. Por tanto, la presentación de la querella después de un incumplimiento entra dentro de la normalidad”.

El dirigente popular subrayó también que “no es imaginable que en un Estado democrático alguien se salte las normas a la vista de todos y no tenga consecuencias”. Y zanjó: “El problema no son los que denuncian, sino los que han hecho algo que no se podía hacer”.

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