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El Gobierno advierte que la Fiscalía valora las responsabilidades penales del 9N
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LA JUSTICIA NO RETIRA LAS URNAS

El Gobierno advierte que la Fiscalía valora las responsabilidades penales del 9N

El ministro de Justicia ha advertido de que la Fiscalía está recabando datos tras las denunciadas con la intención de valorar la existencia de responsabilidades penales

Foto: Artur Mas, al depositar su voto en la consulta catalana. (AP)
Artur Mas, al depositar su voto en la consulta catalana. (AP)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el proceso participativo celebrado hoy es un "simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para "exacerbar" la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas.

Catalá se ha pronunciado en una comparecencia pública, sin preguntas, al término de la jornada en la que se ha desarrollado el proceso participativo convocado por la Generalitat de Cataluña el 9N. Catalá ha advertido de que la Fiscalía General del Estado está recabando datos tras las denunciadas presentadas en los juzgados de Cataluña con la intención de "valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan".

El ministro ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para "ocultar su fracaso" de no haber podido celebrar la verdadera consulta y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, actuar en los próximos días.

La justicia no retira las urnas

La consulta catalana no tiene trascendencia penal. Así se desprende de un auto del juzgado de guardia que contesta a la denuncia que esta mañana interpuso UPyD. Para el titular del juzgado 3 de instrucción de Barcelona, “el acto en sí mismo considerado de la votación, participación ciudadana o como quiera denominarse a los actos de canalización de la expresión de la voluntad popular son del todo atípicos en lo que respecta al ciudadano que es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se le convoca y se le facilita que lo haga”.

El partido de Rosa Díez había denunciado a Artur Mas, a la consejera de Educación, Irene Rigau, y al consejero de Interior, Ramón Espadaler, por los presuntos delitos de “desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos”. Y pedía las medidas cautelares de desalojo y cierre de los colegios electorales, la incautación de todos los medios materiales utilizados en la votación y “la detención y puesta a disposición judicial de los autores, cooperadores necesarios y demás responsables que resulten de las actuaciones que se practiquen”.

En directo: Cataluña afronta el 9-N

Pero el texto del juez es contundente: ”Deben quedar claramente diferenciadas las conductas de trascendencia penal desde el punto de vista de las personas responsables de los posibles delitos que se hubieran cometido de lo que es el hecho en sí mismo de la expresión de la voluntad popular, del derecho de reunión y de manifestación y de la libre expresión del sentimiento u opinión de los ciudadanos en relación a cualquier cuestión que afecte a sus intereses como colectivo, sin que tales conductas deban ser objeto de pronunciamiento por la jurisdicción penal. El sustrato político y de normativa constitucional que evidentemente late bajo estos hechos no corresponde solucionarlo a los Tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y menos por la vía de urgencia”.

Medidas desproporcionadas

El texto señala que “es de resaltar la gran importancia que tiene que el Ministerio Fiscal, en el día de hoy, presente informe por el que, en base a los argumentos que expone, no procede la adopción de medidas cautelares solicitadas por los denunciantes, sin perjuicio que se investiguen las posibles actuaciones de relevancia penal”. Estas medidas, según la fiscalía y el juez, “no guardan proporcionalidad y no aparecen en este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción”.

El auto, no obstante, reconoce que “las personas que aparecerían como responsables de los actos que son objeto de la denuncia gozan de un fuero especial como miembros del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, por lo que, en su caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el enjuiciamiento de los hechos, de lo que se deriva que sería dicho órgano judicial al que corresponderá conocer de todas las cuestiones, incidentes y demás cuestiones procesales que se deriven de dicha causa”.

Añade el escrito judicial que “las responsabilidades penales podrían extenderse a diversos tipos penales, inicialmente calificables como desobediencia a la autoridad judicial por parte de funcionario administrativo, prevaricación y malversación de caudales públicos del que serían responsables las autoridades que actuaren contraviniendo lo dispuesto por resolución del Tribunal Constitucional. Igualmente, podría extenderse al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos en cuanto a todas las actuaciones que fueren contrarias a lo dispuesto por el TC”.

Otras denuncias

Durante esta jornada, se presentaron un total de seis denuncias en diferentes juzgados catalanes. La primera de ellas fue la de UPyD. En Barcelona, no obstante, también llegaron al juzgado de guardia la de un miembro de Plataforma per Catalunya (PxC) y la de un concejal del PP en Esplugues de Llobregat.

El magistrado admitió todas las denuncias a trámite e incoó diligencias para que se investiguen los hechos denunciados y si estos son constitutivos de delitos, pero se denegaron todas las medidas cautelares solicitadas, tal y como pedía el Ministerio Fiscal.

En Badalona, el juzgado de guardia de esta ciudad recibió la denuncia de un particular, al que también se le denegaron las medidas cautelares de cierre de los colegios electorales. Y en Tarragona, se recibieron dos denuncias de particulares. El juez dio traslado a la fiscalía y acordó que los Mossos d’Esquadra identificasen los locales públicos en los que se estaba votando y los nombres de los responsables de que esta votación se pudiese llevar a cabo. Una de las denuncias también pedía, como medida cautelar, la retirada de urnas, petición que el juez también denegó.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el proceso participativo celebrado hoy es un "simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para "exacerbar" la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas.

Artur Mas UPyD
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