quieren internacionalizar el conflicto

Mas denunciará al Gobierno en España y la ANC y Òmnium, ante la UE y la ONU

Los independentistas catalanes han puesto en marcha una ofensiva contra Rajoy “por tierra, mar y aire”. A la denuncia de Mas se sumarán otras ante la ONU y la UE

Foto: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en la rueda de prensa de ayer. (Efe)
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en la rueda de prensa de ayer. (Efe)

La ofensiva del Gobierno catalán contra el Gobierno español por la nueva impugnación de la consulta del 9 de noviembre será “por tierra mar y aire”. O casi. El presidente catalán, Artur Mas, ya anunció ayer que denunciaría al Ejecutivo de Mariano Rajoy por impugnar el “proceso participativo” del 9N que, al no ser un referéndum ni una consulta formal, es competencia de la Generalitat. Eso le lleva a afirmar que “el pueblo catalán tiene derecho a la legítima defensa”. La consigna de Mas es “ni un paso atrás”, sabiéndose arropado por los integrantes del bloque soberanista.

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, se lo recordaba a Mas en un acto celebrado en Barcelona ayer por la tarde. “Esperemos que no se arrugue y que esté con el pueblo de Cataluña que quiere votar”. Tanto Bosch como otros dirigentes republicanos han dejado claro que ahora menos que nunca se pueden parar. “El 9N cogeremos las papeletas, iremos a votar y demostraremos que somos un pueblo de demócratas irreductibles e invencibles. No nos rendiremos”.

Josep Vendrell,  secretario general de ICV, calificó la impugnación de  “errónea, cínica y antidemocrática”. “Es errónea porque no resuelve nada, lo único que hace es incrementar el grado de conflicto de una parte de la sociedad catalana con el Estado y porque sus fundamentos están equivocados, ya que estamos ante un proceso de participación que se ampara en el derecho de participación”, subrayó. Para Vendrell, “lo que pretende hacer el PP está muy ligado a la Operación Púnica: pretenden poner el foco en el caso catalán y el 9N para tapar lo que es un PP lleno de corrupción de arriba abajo”. Por tanto, “la radicalización del discurso del PP ante el nuevo formato del 9N tiene más que ver con la detención de los 50 altos cargos acusados de corrupción”.

Diputados de ERC reivindican el 9N ante el Parlamento catalán. (Efe)
Diputados de ERC reivindican el 9N ante el Parlamento catalán. (Efe)

Pero las cavilaciones del jefe del Ejecutivo catalán van por otros caminos. El problema de Mas ahora es saber por dónde puede tener una escapatoria para no dar pie a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La coyuntura, no obstante, no es desesperada. “La decisión del Gobierno español puede  ser beneficiosa para Mas, que puede quedarse ahora sin hacer nada porque judicialmente lo tiene prohibido en todos los sentidos. De cara a la galería, ya ha hecho todo lo posible, por lo que nadie le puede reprochar no haber jugado hasta la última carta”.

Pero esa última carta está aún por jugar. “Lo que se ha dado es orden a los servicios jurídicos para que estudien la vía en que se ha de plantear la denuncia al Gobierno de Madrid, pero dentro del marco español. Ya veremos si eso cae dentro del ámbito penal o contencioso-administrativo”, señalan a El Confidencial altas fuentes del Gobierno catalán.

No hay marcha atrás

Estas fuentes afirman que el proceso, lejos de pararse, se acelera. “Mucha gente que hasta ahora estaba indecisa está tomando partido a favor de la consulta debido a la posición del Estado y al menosprecio del Gobierno central hacia Cataluña. El número de  independentistas crece día a día gracias al Gobierno español. Y hay gente que hasta hace días decía que no iría a votar y ahora no sólo votará, sino que exige que se permita votar”.

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También señalan que “jurídicamente, el proceso se autogenera, como dijo el otro día Carles Viver [el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional] en una conferencia. Es decir, que cada ciudadano ya sabe qué ha de hacer el 9 de noviembre,. Dónde ha de estar y dónde puede votar. Es decir, que prácticamente el Gobierno ya ha hecho todo y ahora depende de los ciudadanos y de los voluntarios que trabajen ese día el que se hagan las cosas. Ya pueden prohibir lo que quieran, impugnar lo que quieran, porque ya está todo hecho”.

Los socios de Mas en el bloque soberanista son partidarios de ir más allá y plantear denuncias ante organismos internacionales

Pero mientras el Gobierno catalán estudia cómo plantear un pleito judicial “dentro del marco español”, los socios de Mas en el bloque soberanista son partidarios de ir más allá y plantear denuncias ante organismos internacionales. No es sólo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que continuarán estos días con la campaña para la participación el 9N, haciendo oídos sordos a cualquier aviso que venga de Madrid., De hecho, uno de los actos que preparan las dos entidades es un maratón de llamadas telefónicas a partir del día 5. A ello se une el envío de 2,5 millones de cartas explicando las bondades del  sí a la independencia y la edición de 500.000 ejemplares de un diario informativo en el área de Barcelona la próxima semana.

Pero también son las movidas a nivel internacional. Tanto la ANC y Òmnium como los partidos políticos del bloque soberanista opinan que  hay recorrido en la estrategia de internacionalización del conflicto. De hecho, podría tener más recorrido que la propia denuncia dentro del marco legislativo español contra el Gobierno central. De ahí que ya se haya comenzado a redactar un manifiesto que se quiere hacer llegar a las más altas instituciones de la UE y a la ONU donde se acusa al Gobierno de España de oprimir las libertades de los catalanes y de actuar antidemocráticamente “al prohibir que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir en las urnas su futuro político”.

Esta denuncia, no obstante, será meramente simbólica, puesto que tan sólo persigue dar a conocer el conflicto a nivel político. Cualquier denuncia jurídica que se eleve a los organismos jurídicos internacionales ha de estar razonada suficientemente. Y teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico español permite al Gobierno central actuar como está actuando, parece tarea imposible que algún organismo internacional dé luz verde a un proceso contra España cuando el Ejecutivo de Madrid sólo ha aplicado la ley (democráticamente votada) vigente.

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