QUIERE SABER SI ALGUIEN FILTRÓ DATOS CONFIDENCIALES

Una juez andorrana pide explicaciones a Ruz sobre los datos que tiene de los Pujol

Una jueza andorrana envía un escrito a Ruz donde no sólo le niega información sobre la familia Pujol, sino que pide explicaciones de sus fuentes de información

Foto: El juez Pablo Ruz. (Efe)
El juez Pablo Ruz. (Efe)

La jueza andorrana Maria Àngels Moreno envió hace unos días un escrito al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional donde no sólo le niega información sobre la familia Pujol, sino que le pide explicaciones sobre sus fuentes de información respecto a las cuentas corrientes que el clan tiene en el país vecino.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Moreno comunica al magistrado español que “le solicito información en relación a las fechas contenidas en su Procedimiento Abreviado 141/2012 cuál conocimiento tiene atribuido por ser necesarias para la resolución del incidente de oposición efectuado en el marco de la causa CRI-147-3/13 que tramita la resolución de la comisión rogatoria que me entregó su tribunal”.

La juez también pregunta a Ruz “si en su procedimiento figura un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria. En caso afirmativo, certifique la fecha de la aportación en autos de la información y de su origen”.

Asimismo, señala “si consta en su procedimiento alguna información  policial relativa a la existencia o contenido de este documento y/o a las existencia de datos bancarios en el Principado de Andorra en general o en Banca Privada de Andorra en particular. En caso afirmativo, certifique la fecha de la aportación en autos de la información y de su origen”.

Por último, la magistrada andorrana dice: “Todo y teniendo en cuenta la comunicación pública del señor Jordi Pujol Soley no hacía referencia a ningún país concreto ni a ninguna entidad bancaria concreta, quieran esclarecer si esta información procede de la prensa escrita o si ya constaba en autos con anterioridad por otros medios”.

La contundente misiva fue remitida por fax a la Audiencia Nacional el pasado 20 de octubre y responde así a la petición de información de Ruz sobre las cuentas de Marta Ferrusola y de varios hijos del expresidente de la Generalitat.

La petición de la jueza del país vecino, sin embargo, no deja de ser sorprendente. Para los conocedores de la justicia de Andorra, esa petición de información puede dar lugar a un expediente para conocer si ha habido directivos o empleados bancarios que han filtrado información confidencial de los Pujol, lo que constituiría un delito contra el secreto bancario que existe en el Principado pirenaico.

De ahí que sea extraordinariamente relevante el final del escrito de la juez andorrana: “Os informo que una vez recibida la información solicitada, se dará conocimiento a las partes acordando un plazo de cinco días naturales de alegaciones y se dictará inmediatamente la resolución del incidente dando respuesta a todas las peticiones efectuadas por las partes”. Es decir, que la entrega de información sobre el clan habrá de esperar a ver qué tiene la Audiencia Nacional y con qué métodos ha conseguido la información o los documentos.

El camino equivocado

Para otras fuentes expertas en la materia, “la justicia española ha patinado. El Gobierno central ha querido hacer de esto un circo mediático y ahora se encuentra en un callejón sin salida, porque no tiene suficientes argumentos para que las justicias de Andorra o de Suiza hagan caso a las comisiones rogatorias”.

Estas fuentes aclaran que “desde el año 2010, existe un convenio entre España y Andorra por el cual la Agencia Tributaria española puede reclamar información sobre contribuyentes. Es decir, si existe una investigación fiscal en España por delito fiscal, por ejemplo, se libra un oficio a la Hacienda de Andorra y ésta coopera sin problemas. En ese país no existe el delito de fraude fiscal, pero sí existe la figura de fraude fiscal como infracción administrativa, por lo que le hubieran dado a la Administración española los datos que hubiese pedido de los Pujol.  Pero ahora ya es tarde para eso, porque el tema está judicializado y si no es con una petición del juez suficientemente motivada no se facilitará ninguna información”.

El convenio que citan las fuentes fue formalizado el 14 de enero de 2010 y publicado en el BOE el 23 de noviembre de ese año y prevé que Hacienda puede pedir cualquier información fiscal a Andorra y ésta está obligada a dársela “independientemente del hecho de que la parte requerida tenga, o no, necesidad de aquella información para sus propios fines fiscales o que el acto que es objeto de investigación pueda constituir un delito penal”. Entre otras, los dos Estados se comprometen a compartir “información que esté en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados  y fiduciarios”. Y también “información relativa a la propiedad, legal y efectiva, de sociedades de capital, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, ‘Anstalten’ y otras personas, incluida, con las limitaciones del artículo 2 [o sea, información que no esté bajo el control de personas que se hallen bajo su jurisdicción territorial], la información sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad, incluyendo, en el caso de instituciones de inversión colectiva, información sobre participaciones, acciones y otras unidades”. También se incluían información sobre fundaciones, miembros de consejos de fundaciones y beneficiarios y “en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, los fiduciarios y los beneficiarios”.

Registro policial en el domicilio de Oleguer Pujol, este jueves. (Efe)
Registro policial en el domicilio de Oleguer Pujol, este jueves. (Efe)

La comunicación de la juez andorrana se realizó poco antes de que Ruz, en otro auto, acordase la imputación de 11 empresarios, la mayor parte de los cuales son tradicionales contratistas de la Generalitat y que a su vez pagaron cantidades millonarias a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola. Además, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó ampliar la comisión rogatoria y solicitar a Andorra “el bloqueo preventivo” de todas las cuentas que Pujol Ferrusola o su exmujer, Mercè Gironès, pudieran tener en cualquier banco del Principado, así como documentación relativa a una transferencia de 2,4 millones de euros que el hijo mayor del expresident había enviado desde el país vecino a una editorial mexicana el pasado 4 de agosto.

En el auto de Maria Àngels Moreno, no obstante, quedan excluidas las cuentas del primogénito del clan, ya que en la anterior comunicación de Ruz -a la que hace referencia el auto de este mes de octubre- sólo se pedían informes genéricos sobre las cuentas descubiertas en Andorra y que los miembros de la familia habían estado moviendo.

Oleguer sólo invirtió un millón

Por otro lado, fuentes cercanas a los Pujol señalan que “existe una verdadera cacería contra la familia por parte del Ministerio del Interior”. Critican, por ejemplo, el vistoso dispositivo llevado a cabo el  pasado jueves en el registro de los domicilios del benjamín Oleguer Pujol Ferrusola, ordenado por el juez Santiago Pedraz.

“Oleguer –señalan las fuentes- es sólo un empleado de Drago Capital y hace lo que le dicen. Él no controla el dinero del fondo de inversión, que además mueve miles de millones de euros por todo el mundo”. Según estas fuentes, de los miles de millones sujetos a investigación, “sólo un millón pertenecía a Oleguer”.

Las fuentes admiten que el pequeño de los Pujol era accionista de Drago. “Tenía menos del 1% del capital. Pero eso no es lo grave: a finales de 2012, tras las elecciones autonómicas de Cataluña y cuando comenzaron a circular los rumores de que la familia Pujol tenía cuentas corrientes en paraísos fiscales, le pidieron que vendiese sus acciones para no dañar la imagen del grupo de inversión y así lo hizo, por lo que hace casi dos años que no tiene acciones de Drago, sino que es un simple empleado del  grupo”.

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