El Parlament vota la 'Junta Electoral' del 9-N y el PP lo denunciará ante la Fiscalía

El Parlamento catalán obvió las directrices del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de la Ley de Consultas y todo lo que tenga que ver con ella votando la Comisión de Control del 9N, que vendría a ser la Junta Electoral del referéndum, formado por 7 expertos identificados con posturas soberanistas. Ante este “desacato”, el PP llevará a la Fiscalía la iniciativa, ya que considera que al estar suspendida la ley no es un texto legal y, por ello, no se puede tener en cuenta ni tomar alguna determinación basada en la misma, además de que cualquier iniciativa relacionada con el texto legislativo ha sido prohibida por el TC.

Además, el Govern catalán presentó dos recursos ante el Alto Tribunal -desde hoy en el registro- contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas así como la convocatoria del referéndum, pidiendo al Constitucional el "levantamiento inmediato" de su suspensión cautelar, ya que alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión".

El portavoz parlamentario popular, Enric Millo, lo advirtió en el momento de iniciarse el pleno: se ha de retirar el punto que hace referencia ala elección de la Comisión de Control, “puesto que la ley de halla suspendida y se entraría en una situación de clara ilegalidad”. Luego, cuando llegó el momento de la votación, advirtió que, dependiendo de lo que se hiciese, podría ser que el asunto acabase en Fiscalía. Acabado el pleno, fuentes del PP confirmaron a El Confidencial que este partido denunciará ante el Ministerio Público la actitud de desacato de la cámara legislativa. El grupo de Ciutadans al completo se ausentó de la votación y el PP se desmarcó de la misma, negándose a votar. Millo pidió “que la Mesa llame o entregue lista de votantes”,al tiempo que pedía conocer qué sistema se emplearía y advirtiendo que su grupo no participaría en la votación. Al final, la comisión fue elegida por 86 votos a favor.

Vídeo: Artur Mas desafía al TC

El debate, sin embargo, se centró en si esta acción estaba amparada por la ley. Según los partidos favorables a la consulta, un informe de los letrados del Parlamento afirma que a pesar de la resolución del TC, la votación se podía llevar a cabo porque no produce ningún efecto jurídico. En tal caso, sería un decreto del Gobierno nombrando a ese comité el que incurriría en ilegalidad.

“Hay informe jurídico de los letrados del Parlamento que dice que podemos realizar este acto. Es lo que hay. Lo demás son alucinaciones”, afirmó el presidente y portavoz del grupo de CiU, Jordi Turull. Por el contrario, tanto el portavoz popular como el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, subrayaron que el informe de los letrados no dice eso. Y ante la duda, el líder socialista, Miquel Iceta, pidió un receso de 10 minutos para que los diputados pudiesen leerse el informe o, en su defecto, que se leyese el mismo antes de la votación o, en último extremo, que se diese solamente lectura a su párrafo tercero.

Minutos antes, el Gobierno catalán descartaba la desobediencia civil como forma de protesta ante la suspensión de la Ley de Consultas y la convocatoria del referéndum del 9N por parte del Tribunal Constitucional. El presidente Artur Mas aclaró la postura del Gobierno a una pregunta del diputado Quim Arrufat, de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), que le conminó a desobedecer el fallo del TC, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento catalán. La desobediencia civil es una de las acciones que había propuesto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y una de las líneas reactuación propugnadas tradicionalmente por la CUP.

“Señor Arrufat, hemos visto a lo largo de la historia que no siempre la desobediencia civil lleva a la victoria. Y hemos de aprender de la historia”, le respondió Mas. Y añadió: “Personalmente, no soy contrario a la desobediencia civil, pero éste no es el momento. El Gobierno de Cataluña no está en ese punto. Ahora lo que se ha de hacer es presionar, en el buen sentido de la palabra, al TC para que vaya deprisa en la resolución de los recursos que hemos planteado. Hasta ahora, he tomado decisiones cautelares. Pero cuando haya de tomar decisiones definitivas, mantengo que lo hablaremos entre todos los que estamos a favor de la consulta y tomaremos juntos las decisiones que haya que tomar”.

Poco antes, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, había interpelado al Ejecutivo catalán y le había pedido que no paralice la campaña institucional a favor del referéndum. “Si no se reanuda esa campaña, se perjudica la participación en la consulta y el derecho de los ciudadanos a tener información”. Rovira subrayó que su partido no quiere “ser cómplice de la sentencia del TC y estamos dispuestos a asumir las responsabilidades políticas y administrativas que se deriven. Por eso, nos ponemos a disposición del Gobierno y también ponemos a su disposición a un buen número de funcionarios dispuestos a continuar con la campaña y los preparativos. Porque mientras el TC delibera, nosotros hemos de seguir. Tenemos dos obligaciones, una jurídica, que nos obliga a continuar con la campaña porque estamos sólo en una suspensión cautelar, no definitiva. Y además tenemos otra obligación política, que se resume en que hemos de hacer que la gente vote”.

Aquí, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, aprovechó para realizar simplemente una “valoración del Gobierno” de la decisión del TC, que contrastaba, por su dureza, con las manifestaciones de Mas: “La primera valoración es que la decisión tiene poco de jurídica y es muy irresponsable; la segunda es que significa un nulo compromiso con la democracia; la tercera es que huyen del diálogo y no tienen sentido de Estado; la cuarta es que responde a un interés partidista del PP y no a un interés general; y la quinta, que no respeta ni la Constitución ni el Estatut. No es nuevo que el PP actúe al margen de la ley, sino que tiene el récord Guinness en este sentido”.

Sin embargo, Artur Mas reconoció que “la decisión de suspender la consulta no es del TC, sino del Gobierno español, porque el TC no tiene más remedio que suspender esta ley si el Gobierno se lo pide”. Los esfuerzos del Ejecutivo catalán en el futuro, pues, se dirigirán a intentar que “el tribunal se pronuncie con una inmensa celeridad ante los recursos que hemos planteado para levantar la suspensión”. Pero subrayó que “el tema está en manos de una persona que no debe ser un árbitro muy imparcial, que es el presidente del TC, al que hemos recusado. De todos modos, lo que se pide no es una decisión sobre el fondo, sino sólo sobre la suspensión. Lo que toca ahora es presionar al TC para que se reúna deprisa y levante la suspensión”.