CiU y ERC preparan el control de jueces y fiscales como medida urgente tras el 9-N

Tras el desencuentro entre Artur Mas y su socio de ERC, Oriol Junqueras, en el debate de política general, CiU y Esquerra escenificaron su entente con una propuesta de resolución conjunta instando al Gobierno de la Generalitat a que comience a planificar la creación de estructuras de Estado, especialmente las de los órganos de Hacienda, Seguridad Social, administración de justicia, seguridad pública, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, agua y relaciones exteriores.

Así, en caso de celebrarse el referéndum el 9 de noviembre y el resultado sea favorable a la independencia, el Ejecutivo debería elaborar una propuesta legislativa sobre la transición nacional que regule el procedimiento a seguir durante un periodo de tiempo. Paralelamente, deberá hacer un protocolo de actuación a efectos de seguridad jurídica que regula la relación de las partes durante el lapso de negociación con España.

Pero llueve sobre mojado. La verdad es que todo eso ya está definido en el documento Estatuir Catalunya que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) encargó a Salvador Cardús, Ramon Folch y Sergi Rovira.

Relaciones diplomáticas con España

Los expertos aseguran que España ha de reconocer la soberanía catalana para poder negociar y ese es el momento para aprovechar y asumir “la seguridad y el control del orden público por parte de la Policía de Cataluña en todo el territorio catalán, el reparto de bienes y el abastecimiento energético”. Y, en ese marco, “Cataluña ha de establecer relaciones bilaterales con España” y suscribir acuerdos “que han de incluir el de la circulación de personas y mercancías, especialmente si Cataluña y/o España (sic) no forma parte del espacio Schengen. Además, se han de suscribir acuerdos para la circulación de trenes, aviones y barcos entre espacios propios. De la misma manera que lo ha de hacer con el resto de países del mundo, Cataluña también ha de establecer relaciones diplomáticas con España”.

El documento en cuestión, que la ANC entregó a Artur Mas, señala que “la implementación de un nuevo Estado requiere unas garantías jurídicas que permitan el funcionamiento ordinario completo del sistema jurídico. El Parlament de Cataluña ha de promulgar una ley transitoria que garantice el funcionamiento normal del Estado de derecho, la complementación del sistema jurídico y la resolución de cualquier situación administrativa o judicial”.

El control de Fiscalía y jueces

El documento expone un “esquema de la preparación para la transitoriedad” en el que avanza una Ley de Transitoriedad Jurídica que prevea “fuentes del derecho, criterios de interpretación de las normas, aplicación analógico de las normas, valor de las normas de tratados internacionales, valor de la jurisprudencia y fuentes del derecho externas al sistema”. Y detalla también las “instituciones para la transitoriedad que garanticen la doble instancia judicial, la cooperación judicial internacional, el gobierno de la justicia (funciones del CGPJ), el control de la fiscalía (creación de la Fiscalía de Cataluña) y la Audiencia Nacional Catalana”.

El estudio aboga también por negociar el reparto de bienes, que incluiría “los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña”, como carreteras, aeropuertos, puertos e inmuebles. Asimismo, la Generalitat se quedará “los bienes económicos y financieros que incluyen los activos (fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc) y los pasivos (deudas de Cataluña avaladas por España y deudas de España que corresponden a Cataluña”.

Otra de las piezas objeto de negociación serán los “bienes intangibles, es decir, aquellos valores no materiales que generan riqueza o valor. En concreto, contratos de las Administraciones con proveedores de servicios, servicios que prestará Cataluña a España, como el uso de hospitales catalanes para ciudadanos de otras comunidades, base de datos de contribuyentes, etc”. Y, por último, los “bienes políticos y simbólicos, como el uso de las marcas, valoración de activos compartidos como el Ebro o los Pirineos, valor de las infraestruturas españolas pagadas con impuestos catalanes, etc”.

Los independentistas quieren que un grupo de juristas sean los que redacten y supervisen los acuerdos de reparto de activos y pasivos para efectuar una “separación ordenada”. Pero han de hacer una “buena valoración de los bienes” y especificar las “líneas rojas que no se pueden traspasar, es decir, los términos de partición que Cataluña no podría aceptar”. En este sentido, “una comisión experta (sic) y tutelada por el Gobierno de Cataluña habrá de hacer un inventario exhaustivo de los bienes (activos y pasivos) compartidos con España en Cataluña y en el exterior del país”.