INFORMES POLICIALES DETALLAN EL PROCEDIMIENTO

Jordi Pujol recogía en su despacho de la Generalitat ‘mordidas’ de los empresarios

Durante años, las principales oficinas del Palau de la Generalitat de Cataluña, sede del Gobierno, vivieron trasiegos de bolsas con dinero negro en efectivo que llevaban

Foto: El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. (Efe)
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. (Efe)

Durante años, las principales oficinas del Palau de la Generalitat de Cataluña, sede del Gobierno, vivieron trasiegos de bolsas con dinero negro que llevaban los empresarios que luego recibían adjudicaciones de la Administración autonómica. Así se asegura en un informe policial que obra en poder del Gobierno central al que ha tenido acceso El Confidencial.

Durante el verano del 2012 se redactaron cinco informes confidenciales que recogen diferentes aspectos de los procedimientos instaurados por la cúpula gobernante, empezando por el propio president, entonces Jordi Pujol, para la recogida del dinero. Curiosamente, el informe lleva fecha de 12 de septiembre de 2012.

Los informes comenzaron a redactarse con informaciones que habían trascendido después de estallar el caso Palau, donde se descubrió una de las ramas de supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ya que el dinero que la constructora Ferrovial entregaba al Palau (y que equivalía al 4% del total de adjudicaciones que le hacía la Generalitat) pasaba por la institución musical y el 2,5% terminaba en la entonces Fundación Ramon Trias Fargas (más tarde rebautizada como CatDem).

Uno de los textos disecciona el entramado empresarial que daba cobertura a la financiación ilegal y detalla los empresarios catalanes próximos a Pujol y su grado de implicación en la red. Así, el informe número 3 señala que la información que contiene proviene de “fuentes muy fiables y solventes del sector empresarial catalán”. Entre otras cosas, los gargantas profundas aseguran que “se están viendo afectados por estar esquilmados siempre por los mismos políticos y dicen vivir en una sociedad de miedo tipo siciliano de la que quieren liberarse”.

El dossier da un protagonismo estelar a la cúpula de la Generalitat y al hijo mayor del president, Jordi Pujol Ferrusola, que precisamente hoy está citado a declarar (junto a su exesposa, Mercè Gironés) ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. “Las fuentes empresariales que están colaborando en la elaboración de este análisis dicen que desde siempre, si el importe a pagar era muy sustancioso, lo tenían que entregar directamente en efectivo, en el despacho del Presidente de la Generalitat”.

La puerta trasera

No se queda ahí la cosa: nada más recibirlo, “usando una puerta trasera que directamente comunica con la calle, lo bajaba y lo introducía en un coche”. En el caso de que el dinero fuera recibido por Jordi Pujol, quien conducía el coche era “su propio hijo Jordi”.

El informe afirma también que una cosa parecida sucedía si el dinero se entregaba a Artur Mas, en aquel tiempo el segundo del Gobierno con el cargo de conseller en cap (consejero jefe). En ese caso, sin embargo, “se turnan varios conductores, conociendo sólo el nombre de pila de uno de ellos, que es Josep”. Tras desaparecer el dinero con destino desconocido, “ya trataban el asunto, sin la presencia física del dinero recibido”.

Según este informe, había cuatro personas en Convergència dedicadas a recaudar dinero. Los agentes identificaban a D.M. como “uno de los cuatro talibanes que están dirigiendo la solicitud de dinero con la excusa de que es para el futuro estado catalán, pero se lo están quedando para sí, aunque una parte significativa la están dando a los responsables de CDC”.

Asimismo, los servicios identifican al empresario F.M., “que actuaría como fiduciario de la economía personal de Artur Mas, disponiendo de una cuenta en el mismo banco HSBC que el propio padre de Mas tenía con un saldo cercano a los 2 millones de euros (ver anotaciones del sumario sobre Liechtenstein). La cuenta de M. no fue detectada, pero por comunicación con el ahora en prisión Falciani [se refiere a Hervé Falciani, exingeniero de sistemas que filtró información sensible sobre evasores fiscales], estaría dispuesto a facilitar dicha cuenta, así como la de todos los políticos españoles que conoce siempre que no se le conceda la extradición a Suiza, país que la solicita bajo la acusación de violación de secreto bancario, delito que en España no existe”.

Otro empresario, A.C., presidente de una conocida multinacional, también tiene cuenta en el mismo banco y, según el informe, “habría aportado el doble de dinero a los dirigentes de CDC que a las cuentas del propio partido para su financiación”. Según manifestaron fuentes cercanas a la investigación a El Confidencial, este empresario fichó, en un momento dado, a un hermano del propio Artur Mas como persona de confianza.

El informe afirma que “casi todos los laboratorios farmacéuticos, menos los Gallardo, que también se sienten españoles, están contribuyendo a las cuentas personales de los responsables de CDC, en especial los extranjeros, que directamente envían las transferencias a las cuentas offshore sin necesidad de pasar y, por tanto, ser controladas por el Banco de España”.

Artur Mas, en el Palau de la Generalitat. (Reuters)
Artur Mas, en el Palau de la Generalitat. (Reuters)

10 millones para los Pujol

Igualmente, se refiere a una conocida familia industrial catalana, uno de cuyos miembros llegó a tener responsabilidades políticas tanto en CDC como en el Gobierno catalán, y asegura que tiene “sociedades conjuntas con los Pujol en las islas del Canal, montadas por la oficina de la que ya consta en el cuerpo 2 de este análisis”. También se refiere a ese otro informe al hablar del empresario C.S., que es uno de los “principales financiadores” del partido.

Protesta contra el cierre de Lear en Cervera.
Protesta contra el cierre de Lear en Cervera.

En otro párrafo, el informe asegura que “la multinacional Lear abonó una cifra cercana a los 10 millones de euros a la familia Pujol por facilitar el cierre de su factoría en Cervera”. Se refiere a una polémica deslocalización en la última legislatura de Jordi Pujol que ocasionó multitud de interpelaciones parlamentarias, agrios debates políticos y una intensa protesta social, porque ello supondría poner en peligro toda la economía de la comarca de la Segarra. “En su momento, todo el mundo consideró muy grave que en la estrategia de cierre de la fábrica participara Europraxis Consulting, empresa relacionada con Josep Pujol”, explica el dossier.

La historia fue similar a la vivida por las multinacionales Sharp, Sony y Yamaha en la actual legislatura: mientras Oriol Pujol, como secretario general de CDC y presidente de su grupo parlamentario debía ser el encargado de evitar la deslocalización, la empresa Alta Partners recibía en su conjunto más de 10 millones de euros por asesorar en las fugas de esas tres multinacionales. Y en Alta Partners, propiedad de un íntimo amigo de Oriol, trabajaba incluso la mujer de este, Anna Vidal.

En aquel momento, Europraxis, la empresa de Josep Pujol, asesoraba para que la fábrica se trasladase, mientras que el padre de ese asesor debía velar por lo contrario. De todos modos, tras la operación Europraxis fue vendida a Indra por 45 millones de euros, un pelotazo en todos los sentidos.

El informe termina con un lamento de los investigadores. “Resulta muy exhaustivo enumerar los numerosos datos que se están recibiendo, aunque es poco efectiva esta labor si finalmente no se va a encontrar respuesta efectiva por parte de la autoridad judicial que entiende del asunto en cuestión”.

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