Los 'dossieres' sobre el 9N: la ANC ya no ve necesaria la celebración del referéndum

“De acuerdo con la resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas sobre la independencia de Kosovo, la celebración del referéndum no es estrictamente necesaria. Sólo refuerza la ejemplaridad democrática y la legitimidad del proceso”. Así se expresa la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en un documento interno de 101 páginas que, bajo el títuloEstatuir Catalunya, encargó a los expertos Salvador Cardús, Ramon Folch y Sergi Rovira en octubre de2012. El documento reconoce que “el referéndum puede ser prohibido por el Gobierno español, que puede, incluso, emprender acciones políticas, jurídicas y policiales para impedirlo. La tensión política aumentaría considerablemente, generaría crispación y confusión y entorpecería el proceso mismo”.

El texto reconoce que “un referéndum vulneraría la legislación española. El Parlament y el Govern se pueden acoger a la legislación propia de Cataluña (como una Ley de Consultas) para llevar a cabo el proceso de ratificación popular. Aunque estrictamente no haría falta aplicar la legislación española, generaría un conflicto político-jurídico con las complicaciones derivadas para el establecimiento del nuevo Estado”.

Ésa es la Ley de Consultas que el presidente Artur Mas llevará a la Cámara autonómica el próximo 19 de septiembre y en base a la cual piensa convocar el referéndum independentista del 9 de noviembre. Previsiblemente, el Gobierno central impugnará la Ley y el proceso quedará paralizado automáticamente, no pudiendo celebrarse la consulta.

Ante esta eventualidad, la ANC deja abierta la puerta para que “en lugar del referéndum, se puede aprovechar la convocatoria -ordinaria o extraordinaria- de unas elecciones al Parlament de Cataluña para explicitar la voluntad de proclamar la independencia y el procedimiento previsto en los programas de los partidos que le dan apoyo. De esta manera, los partidos políticos se autoimponen un mandato específico y no se entra en una conflictividad jurídica con España porque las elecciones al Parlament de Cataluña son un proceso recogido en la legalidad vigente”.

Elecciones con trampa

En otras palabras, se trata de aprovechar los resortes legales para, en un momento dado, dar el sorpasso. “Una vez llegados a un acuerdo político en el Parlament, la proclamación de la independencia será una cuestión formal, que ha de contar con el acuerdo del Gobierno español o la aquiescencia internacional. A pesar de su trascendencia y la solemnidad que requiere este paso, la proclamación ha de venir precedida de una votación en el pleno de la Cámara y la asunción del resultado por el Parlament y el Govern”.

Esta hoja de ruta es milimétricamente adoptada por el Gobierno catalán y por Artur Mas, que en unas recientes reflexiones se refirió a que si no podía materializar el referéndum, la alternativa era convocar unas “elecciones autonómicas no convencionales”. Y ésas son las que detalla la Asamblea en su informe.

Lo que tiene muy claro la ANC es que, ya sea a través del referéndum o de unas elecciones, la independencia será proclamada unilateralmente. “Una vez proclamada y ratificada la independencia, es preciso comunicar de manera inmediata la decisión al jefe de Estado de España, así como a los gobiernos de los países europeos y de los Estados Unidos de América, a las autoridades europeas y a las Naciones Unidas. A continuación deberá comunicarse al resto de los estados del mundo”.

El informe considera que, aunque se convoquen elecciones autonómicas, “si los partidos políticos que han proclamado la independencia tenían un programa electoral inequívocamente independentista, el Parlament de Cataluña ya constituido tendrá la legitimidad democrática para erigirse como Parlamento Constituyente. Acompañados de un grupo de expertos juristas especializados en derecho constitucional, los políticos más significativos del ámbito jurídico del Parlament habrán de redactar una nueva Constitución para Cataluña”. Deberá ser una Constitución corta “que establezca derechos y deberes y los principios básicos de los poderes y de la separación de estos poderes, sin entrar en el funcionamiento detallado de las instituciones, las responsabilidades de los cargos o el desarrollo de las políticas. La Constitución de los Estados Unidos y la de Suiza (más larga, pero muy concisa) son algunos ejemplos en este sentido”.

Oficinas en el mundo

Por si fuera poco, los expertos de la ANC aseguran que “la Constitución ha de prever, en todo momento, la integración en la UE e incluir los requisitos para cumplir la legislación que se emana. Como es un proceso nuevo, la redacción de la Carta Magna se ha de aprovechar para incardinar a Cataluña en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones europeas”. Esa Constitución se ha de votar posteriormente en referéndum, momento en el que se disuelve el Parlamento Constituyente y se convocan nuevas elecciones, que serían las primeras del nuevo Estado catalán.

Un escollo importante es el reconocimiento internacional. El informe destaca que Cataluña ha de tener “una oficina muy importante en Bruselas, que haga notar su existencia -en el campo político y comunicativo- y delegaciones en las principales capitales del mundo: Nueva York, Londres, Berlín, París y Pekín, como mínimo”. Y ahí entra también “una relación directa con los think tanks, universidades y centros de investigación de referencia en el mundo en el ámbito de la política, así como un seguimiento de creadores de opinión internacionales cercanos a Cataluña”. Este acercamiento es el que Artur Mas ha potenciado desde hace dos años, sufragando páginas enteras de publicidad con entrevistas en diarios de gran influencia internacional.

Respecto a la integración en la UE, un informe encargado a Eduard Sagarra, titulado La nacionalidad española y la ciudadanía europea de los catalanes en un futuro Estado, explica que “los catalanes, vivan donde vivan, son todos españoles y si lo son desde su nacimiento, tienen un estatus jurídico privilegiado como es ser “españoles de origen”. No es lo mismo ser españoles de origen que “español originario”,pero eso sería entrar en tecnicismos complicados que no vienen al caso. Lo que podemos afirmar es que todos los españoles y catalanes originarios lo son de origen”.

Una regla de tres no convencional

En base a esta apreciación, el profesor añade que “la Constitución española prohíbe expresamente (artículo 11.2) que se pueda perder la nacionalidad de español de origen como sanción. Por tanto, sería inconstitucional e ilegal castigar a los catalanes de origen y por razones superestructurales políticas, con la pérdida de la nacionalidad española”. La nueva teoría es que, teniendo la nacionalidad española, los catalanes, aunque se independicen, seguirán dentro de la UE, ya que no está previsto en los Tratados que se pueda perder la ciudadanía de aquéllos que sean nacionales de un Estado miembro.

¿Qué pasaría entonces?:”Pues que los actuales catalanes que son españoles seguirían teniendo el pasaporte español y a la vez el de ciudadanos europeos. Pero hay más: de acuerdo con la Constitución española y el Código Civil, los catalanes podrían tener también una doble nacionalidad al lado de la española. Sería una doble nacionalidad legal según España, ya que forman parte, geográfica y culturalmente, del concepto de países Iberoamericanos que, juntamente con Portugal, Andorra, Filipinas y sefarditas, le es permitido por la Constitución y el Código Civil”, dice alegremente el informe.

La situación final es explosiva: “En una Cataluña -nuevo Estado europeo-, la mayoría de sus habitantes seguirían teniendo la nacionalidad y el pasaporte españoles, seguirían siendo ciudadanos de la Unión y podrían disfrutar de una doble nacionalidad además de la del nuevo Estado”.

El informe obvia, no obstante, que Cataluña quedaría fuera de España y que ésta no está obligada a aceptar como nacionales a súbditos de otro Estado soberano (es decir, que los catalanes no perderían la nacionalidad como sanción, sino a causa de la modificación de su estatus, puesto que pasan a depender de otro Estado, pagarán impuestos a otro Estado y se deberán a otro Estado). Por si fuera poco, las instituciones europeas pondrían en cuarentena a la nueva administración independiente catalana, que cautelarmente no puede formar parte de la UE como Estado soberano.