Felip Puig desmiente a los Mossos y propicia que imputen a un director general

El consejero de Empresa y Empleo de Cataluña, Felip Puig, ha enmendado la plana a los Mossos d’Esquadra desacreditando un pretendido “informe técnico” que exoneraba a altos cargos del Gobierno catalán de haber interceptado un correo electrónico. Curiosamente, los Mossos habían estado, hasta inicios de la presente legislatura, bajo el mando directo de Puig (era consejero de Interior) y la interceptación se hizo desde el Centro de Seguridad de la Información (Cesicat), un organismo que ahora está bajo las órdenes del mismo Puig. Tras contradecir a los Mossos, el juez acaba de imputar a un exdirector general del Gobierno y a un trabajador por haber interceptado el correo electrónico de un asesor del propio Cesicat.

Lo cierto es que ese asesor, A. G., denunció en julio del año pasadoque su correo había sido interceptado por personal del esa entidad pública. El Cesicat es el organismo encargado de velar por la seguridad de las telecomunicaciones. En principio, debía ser el núcleo principal de unos supuestos servicios de inteligencia del Gobierno catalán e incluso llegaron a confeccionarse los manuales de cómo se articularía en torno al mismo elCNI catalán. Además, realizó seguimientos a activistas del 15M y elaboró dosieres para la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra, algunos de los cuales contenían datos confidenciales de los activistas espiados.

Y mientras ese CNI catalán comenzaba a gestarse y se hacían seguimientos a ciudadanos, A. G. denunció que los mensajes que enviaba a los consejeros de Interior, Ramon Espadaler, de Empresa y Empleo, Felip Puig, y a una técnica del departamento de Gobernacióneran desviados y leídos por terceras personas. Además, apuntaba directamente al entonces director general de Telecomunicaciones, Carles Flamerich, y a un trabajador del Cesicat, Xavier Panadero, como los responsables de este desvío.

Además, muchos de los contenidos de los correos hacían referencia a la situación interna del Cesicat y a irregularidades que se cometían en su seno, por lo que esa información también era conseguida por los propios interesados. En resumen, que “los que recibían los correos eran parte interesada en el contenido de los mismos, lo que agrava los hechos. Y al detectar que el denunciante informaba de una situación irregular comenzaron a interceptar los correos, cosa que sospechamos que los consejeros desconocían”, señalan a El Confidencial fuentes cercanas a la acusación.

Un informe infumable

El 17 de septiembre, la Policía Autonómica catalana zanjaba el tema en un seudoinforme de menos de medio folio. “Una vez analizada detenidamente la extensa documentación aportada por el querellante y la consulta técnica de la Unidad Central de Delitos Informáticos, se determina que no aparece ninguna clase de evidencia aparente de interceptación de las comunicaciones –señalaba el texto–. Lo que se puede apreciar es que los correos dirigidos al buzón de destino del señor Felip Puig son desviados a otros de absoluta confianza del receptor para agilizar la respuesta y/o tratamiento”. Y añadía: “El citado desvío es una mera gestión que se puede dar en el interior del servidor del correo de la Generalitat de Cataluña, es decir, una vez los correos electrónicos se reencuentran dentro del ámbito de gestión del receptor”.

Fuentes cercanas a la defensa de los imputados se manifiestan en similares términos a preguntas de El Confidencial: “Lo que se habilitó fue un filtro dentro del dominio gencat.cat para evitar el spam y el correo masivo. Es decir, no se trata de intervenir un correo electrónico, sino de filtrar los correos dentro de un dominio determinado”, indican estas fuentes.

En base a ese informe, no obstante, el juez archivó por primera vez el caso el 8 de noviembre del 2013. A. G. recurrió el archivo, argumentando que los Mossos se limitan a dar una opinión sin hacer caso ni mención alguna a la documentación aportada al juzgado.

Detallaba también que “ha sido acreditado que los mensajes que remitía el denunciante iban, además de al buzón del legítimo receptor, a otros buzones sin que el legítimo receptor mediara, entre ellos a un buzón creado ‘ex profeso’ para que todos y cada uno de los correos que enviara el denunciante fueran almacenados en dicho buzón, además de ser remitidos a los ilegítimos receptores ya señalados en nuestro escrito de denuncia. Por lo tanto, no es una manera de gestionar los correos del legítimo receptor, sino una clara interceptación de los correos remitidos por el denunciante, correos que además denunciaban irregularidades de dichos servicios”.

Ante el galimatías, hubo diversos recursos. La Audiencia ordenó al juez investigar y el magistrado volvió a archivar en diciembre. Ante ello, la Audiencia Provincial emitió un auto el 29 de enero de 2014 revocando el archivo y ordenando al magistrado que continuase tramitando diligencias.

El escrito de Puig

El pasado 9 de marzo, el juez dirigió un escrito a Felip Puig preguntándole si había permitido que los correos del asesor del Cesicat fuesen desviados para su lectura a un buzón ajeno y pocos días después Puig respondía por escrito que su correo oficial como consejero “se encuentra sujeto al correspondiente tratamiento de seguridad establecido dentro de las políticas de seguridad TIC de la Generalitat de Cataluña. Su gestión está sometida a los criterios generales de seguridad y, por tanto, no he dado ninguna autorización”.

Con esta contundente respuesta en la mano, el juez no tuvo más remedio que imputar a los acusados. Porque, además, Puig desmiente rotundamente el seudoinforme de los Mossos d’Esquadra que dice que el correo del asesor se desviaba a un buzón “de absoluta confianza del receptor”. Fuentes de la defensa de los mismos, sin embargo, subrayan que “la ley habilita al Cesicat a hacer de antivirus en la Administración catalana. Lo que se hizo fue solamente poner un filtro, porque los correos no eran desviados para ser leídos”.

Fuentes de la acusación particular, sin embargo, desmienten ese extremo y aseguran que “los correos eran leídos, evidentemente, porque el propio director general contestó desde Estados Unidos a un correo enviado por el denunciante a los consejeros. Si no lo hubiese leído, no hubiese podido contestarle. Lo malo es que no era un correo destinado a él, sino a terceros, por lo que nunca debería haber llegado a sus manos”.